La violación de una alumna de 13 años por dos profesores en la en la escuela La Siria, del municipio de Quisqueya, Provincia de San Pedro de Macorís, es muy posible que no sea un caso aislado.
Puede haber decenas de casos en otras escuelas que no se denuncian por amenazas de los violadores o porque el profesor es como Dios para el alumno, que puede torturarte psicológicamente y maltratarte emocionalmente usando su poder e influencia.
Las notas de los alumnos o denuncia de mal comportamiento a los padres por parte de los profesores, son medios de sometimiento para cometer abusos sexuales sin ser denunciados. Usan la extorsión e intimidación que para niñas y niños de 13 o 14 años resultan muy efectivas.
La ADP, en vez de estar politiqueando, haciendo huelgas y protestando por todo, debe promover junto al MINERD, una profunda investigación en las escuelas, con los padres y alumnos, para detectar cualquier caso de abuso sexual a menores de edad que se no haya denunciado por miedo o amenaza de los profesores.
No hay casos aislados, simplemente suceden mas de una vez y lo hemos visto con muchos sacerdotes y pastores de las iglesias cristianas.
La protección a los menores de edad es un asunto de prioridad nacional y aquí hay demasiado casos de niñas que salen en estado los 14 y 15 años, lo que malogra su vida para siempre.
Eso es un delito, aunque haya consentimiento y debe penalizarse con todo el peso de la ley para acabar con esa epidemia.
En el 2023, en la República Dominicana, 647 niñas entre los nueve y 14 de edad dieron a luz, según el más reciente Anuario de Estadísticas Vitales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Y si subimos la edad a 16 años, la cifra se duplica.
Lo peor del caso es que muchos de esos embarazos son por violaciones y no existe una ley que permite el aborto para embarazos no deseados por razones mas que justificadas. Simplemente, muchas jóvenes asisten a clínicas de bajo perfil que hacen abortos ilegales, donde hay un alto riesgo de infección y muerte.
El Fondo de Población de Naciones Unidas, advierte del efecto negativos sobre la salud, el desarrollo humano y las posibilidades de progreso económico y social de las niñas menores de edad que salen embarazadas. Y más grave es que los causantes de estos delitos no asumen su responsabilidad, no reconocen su paternidad y no reciben una condena justa si es que llegan a caer presos.