El exponencial desarrollo de la revolución tecnológica, del conocimiento y la información en los últimos años ha colocado a gran parte de la humanidad en la encrucijada de múltiples caminos, cada uno de los cuales representa importantes desafíos para todos los pueblos del mundo.
De todos esos retos destacamos la emergencia de una cuarta generación de derechos, compuesta por libertades y acciones que están enmarcados en la compleja relación entre el mundo digital y el mundo real, condicionando la interacción entre los ciudadanos y habitantes de todos los territorios, así como entre ellos y las diferentes instancias del Estado. Similar a los derechos tradicionales, esta cuarta ola representa nuevos desafíos y oportunidades en materia de protección de los seres humanos en el entorno digital.
Se da apertura a nuevas tareas estratégicas que comprender la necesidad de que los Estados adopten medidas y marcos normativos razonables y proporcionales para garantizar el orden y la seguridad en todos los entornos. Queda resaltada la importancia de la protección de la privacidad, la seguridad y la equidad en los espacios digitales y el fortalecimiento los bienes jurídicos tradicionalmente protegidos. Aquí toman especial relevancia derechos como la libertad de expresión e información, pues son varios los países que han decidido desarrollar su normativa interna para regular los derechos digitales a partir de la protección que irradia la libertad del pensamiento.
El Parlamento -Congreso en nuestro caso- y la legislación basada en el conocimiento científico son dos elementos esenciales en la construcción de políticas públicas en esta generación. La interacción entre ambos aspectos fundamenta la toma de decisiones informadas, especialmente en áreas que impactan la salud, el medio ambiente y la economía.
El avance y consolidación de las ideas y principios democráticos en todas las latitudes en los últimos 30 años significó el fortalecimiento de regímenes políticos que han tenido en común la búsqueda de la prosperidad social, con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico.
El cambio más importante lo representa la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como una de sus columnas vertebrales la creación de nuevos mecanismos para hacer efectiva y real la participación de la ciudadanía en los procesos políticos e institucionales, promoviendo y favoreciendo su eficiencia y corresponsabilidad en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Como órganos asentados en el principio de representatividad, tienen la responsabilidad de legislar en función del interés general de la población. Su punto de partida debe incluir de manera primordial la integración del conocimiento científico en el proceso legislativo, lo que no está exento de tensiones y problemas, ya que de manera natural se producen brechas que se traducen en complejos tecnicismos que pueden ser manipulados o malinterpretados. La población se siente en muchas ocasiones ajena a los cambios normativos e innovaciones más importantes porque no se han completado de manera adecuada las tareas esenciales de divulgación, educación y búsqueda de consensos que son inherentes a los regímenes democráticos.
Por esta razón, vemos que los órganos legislativos suelen acompañarse de comités o expertos científicos -similar a como sucede en el caso dominicano con las comisiones especiales- para identificar las mejores prácticas basadas en la evidencia científica disponible y prever los efectos de las políticas propuestas.
Las políticas basadas en conocimiento científico demostrable tienen más probabilidades de ser eficaces en el largo plazo, pues se desarrollan soluciones más precisas y adaptadas a las necesidades reales de la sociedad. Una legislación efectiva depende en gran medida de una interacción constante y fluida entre el conocimiento científico y el órgano legislativo.
A medida que los problemas globales se transforman en asuntos más complejos, la integración de la ciencia en la política se hace cada vez más importante para abordar la tecnología emergente. Sin embargo, esto requiere superar barreras como la desinformación, la politización de la ciencia y la falta de formación científica de los legisladores.
Es menester destacar que la participación ciudadana legitima estos procesos y otorga mayor confianza, lo que requiere -como condición sine qua non-, la creación de un sistema que favorezca la calidad de los procesos que sustentan una cultura política que fomenta el desarrollo humano y la gestión eficiente de los mismos.
Vivimos un momento especial que requiere reformas continuas en nuestra legislación para adecuarla a las demandas de un mundo global y complejo. Se hace necesario que, tanto en el Estado como en las organizaciones sociales, la academia, los sectores productivos y empresariales y el público en general, se promueva el debate y la discusión de ideas, buscando acuerdos consensuados y sostenibles para instaurar una cultura de investigación científica, reforzar la institucionalidad democrática y mantener la certeza jurídica.
Mientras mayor sea la transparencia mayor será la confianza y la visibilidad de la integración que se podrá percibir. Resalto la importancia de comprender que ya somos ciudadanos digitales. La voluntad política de reforma y cambio que predomina en los órganos públicos se debe acompañar del ánimo de diálogo y concertación para facilitar la creación de alianzas entre el Estado y la sociedad. Para este propósito deben incentivarse múltiples y variados instrumentos que promuevan el intercambio de evidencia demostrable (observatorios, mesas de diálogo, talleres educativos, etc.).
Saludo todas las iniciativas que se promueven desde el Poder Legislativo para acercar a la ciudadanía a la definición de las prioridades y contenidos de su labor, sobre todo sustentadas en evidencias científicas. Desde FINJUS reitero nuestro compromiso de apoyar la labor que realizan las comisiones legislativas para fortalecer el alcance, eficiencia y sostenibilidad de las políticas, en el entendido que el Estado se legitima con la participación activa de organizaciones sociales y comunitarias.