El gobierno no debe descuidarse, las empresas distribuidoras estatales están estancadas y retrocediendo. Representan una carga fiscal importante y una de las causas del aumento del endeudamiento externo. Es cierto que están supliendo más energía, pero el resultado es que sus pérdidas técnicas y no técnicas han aumentado y sus índices de cobranza se han deteriorado, lo que se manifiesta en una disminución significativa del Índice de Recuperación de Efectivo, que mide la calidad de la gestión de las empresas distribuidoras.
La gestión pública no ha logrado en 20 años que EDENORTE, EDESUR y EDEESTE operen de manera eficiente. Esta limitación retrasa los planes de inversión para la expansión del servicio y el mantenimiento mayor de la infraestructura. A estas limitaciones administrativas, que generan una presión económica al gobierno, hay que sumarle la presión política y social que provoca tener que revisar la tarifa a clientes no satisfechos con la calidad del servicio que reciben.
En estos momentos que se habla de la necesidad de una reforma fiscal, es importante recordar la importancia de retomar y completar la reforma del sector eléctrico. Con la recompra de las empresas distribuidoras en el 2003 y el 2005 se suspendió ese proceso. Este es el momento de continuarlo. Los beneficios de esta decisión los sentirán los usuarios, el sector productivo y las finanzas públicas en unos cuantos años.
La participación del sector privado en el segmento de generación ha sido exitosa. Las empresas capitalizadas EGEHAINA y EGEITABO operan de manera eficiente, aportan recursos al Estado y han aumentado su patrimonio. La participación del sector privado en la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos ha colocado al país entre los líderes de la región en esas tecnologías. Similarmente, la distribución de energía en la región este del país ha sido tan exitosa, que ha facilitado el desarrollo del turismo de tal manera que se califica de modelo a nivel mundial. Se puede decir, por lo tanto, que la participación del sector privado en el sector eléctrico ha sido beneficiosa para el país.
El gobierno y la sociedad deben ver a EDENORTE, EDESUR y EDEESTE como unos recursos para lograr el desarrollo económico y social, y como fuentes de riqueza y de ingresos para el presupuesto nacional. Esto solo puede lograrse si estas empresas son administradas con criterios puramente técnicos y económicos.
Una de las condiciones para facilitar este proceso es la revisión de los criterios de definición de la tarifa eléctrica. Haría falta definir una tarifa social que estableciera el precio de la energía no en función del nivel de consumo sino por el nivel de ingresos. Los criterios actuales benefician a muchos que pueden pagar el precio real de la energía eléctrica. Es decir, deberíamos focalizar el subsidio. Este es el momento ideal para tomar esa decisión política. Teniendo en cuenta que la fiscalización de la industria eléctrica resulta más fácil y efectiva si la administración de las empresas distribuidoras es una responsabilidad del sector privado. Por lo que la revisión debe ir acompañada de un fortalecimiento del rol regulador del Estado.
Retomar la capitalización de las empresas distribuidoras debe hacerse con el criterio de que el Estado mantenga una participación accionaria significativa y que las instituciones de planificación, de definición de políticas y de fiscalización se preparen para que las compañías que obtengan las concesiones estén obligadas a ser diligentes y operen las empresas de manera eficiente y competitiva en el menor tiempo posible.