Cuando se inicie el diálogo sobre la reforma fiscal, tengo la expectativa de que el abordaje sea para reforzar el sistema productivo, no destruir empleos ni riquezas y, más bien, debe direccionarse hacia la corrección de distorsiones, inequidades y a no bloquear los incentivos que están dejando frutos.
En este contexto, el Régimen de Competitividad e Innovación Industrial (RCII), establecido mediante la ley 392-07 y sus modificaciones, emerge como un instrumento crucial para el desarrollo económico del país. A continuación, paso a presentar argumentos sólidos, basados en estudios, que justifican la necesidad de continuidad de este régimen.
El RCII ha demostrado ser un motor de competitividad y crecimiento industrial. Desde su implementación, ha permitido a más de 700 industrias locales beneficiarse de incentivos diseñados para modernizar y expandir sus operaciones.
En ese sentido, no sólo ha fomentado la inversión en activos fijos, sino que también ha generado un aumento significativo en la productividad industrial. Un dato revelador es que las industrias acogidas al RCII han mostrado una tasa de crecimiento del valor agregado superior al promedio del sector no beneficiado, lo cual se traduce en un margen bruto del 58% y una estimación del Excedente Bruto de Explotación (EBE) del 21%.
Estos incentivos no son sólo beneficios fiscales temporales; están diseñados conforme con las mejores prácticas internacionales, enfocándose en la inversión y no en exenciones generalizadas (“tax holidays”). El tema resulta clave para corregir el sesgo anti-inversión de impuestos indirectos como el ITBIS, que, en su forma actual, grava la inversión y reduce la competitividad.
Además, la depreciación acelerada permitida bajo el RCII ha probado ser uno de los mejores incentivos a la inversión. Este mecanismo reduce el costo de utilización del capital, permitiendo a las empresas recuperar su inversión en un menor tiempo, lo cual es fundamental para acelerar el ciclo de inversión y modernización. Este incentivo ha sido aprovechado por un promedio anual de 240 empresas, con deducciones autorizadas que ascienden a RD$3,785 millones anuales.
Es oportuno aclarar que el RCII no es un régimen exclusivo para grandes empresas. De hecho, el 57% de las beneficiadas son MIPYMES, y dentro de este grupo, un 35% son micro y pequeñas empresas. Este dato desmitifica la percepción de que solo las grandes corporaciones se benefician, mostrando que el régimen también fortalece a los pequeños actores de la economía, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones.
El impacto económico del RCII es notable. Las industrias acogidas al régimen no solo invierten más que el resto de las industrias, sino que también generan más empleo y ofrecen mejores salarios. En 2022, las empresas del RCII empleaban 5.8 personas más en promedio que las industrias no beneficiadas y pagaban más del doble del salario promedio. Estas cifras demuestran que el RCII no solo impulsa la competitividad, sino que también contribuye a mejorar las condiciones laborales en el sector industrial.
Además, las exportaciones de las empresas acogidas al RCII han crecido significativamente, con una tasa promedio anual del 8%, permitiendo duplicar las exportaciones de estas industrias desde 2008 hasta 2022. Esto es particularmente importante en un contexto de liberalización comercial, donde la competitividad en el mercado internacional es crucial para el desarrollo económico del país.
En conclusión, es sensato evitar la tentación de eliminar o reducir los beneficios del RCII, pues sería un error estratégico que podría frenar el crecimiento y la modernización de la industria dominicana. Los datos y estudios técnicos respaldan su eficacia y su impacto positivo en la economía. Preservar este régimen es esencial para continuar fomentando la inversión, la innovación y la competitividad de las industrias locales, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.