BOSTON – Tras la eufórica convención nacional demócrata en Chicago, está comprobado que la candidatura de Kamala Harris ha cambiado la dinámica de la competencia presidencial estadounidense en 2024. Ahora los demócratas tienen un chance, que es más de lo que hubieran podido decir hace unos meses. Pero las encuestas todavía muestran una contienda muy pareja en los siete estados bisagras que en definitiva importan, de modo que el resto del mundo tiene que estar preparado para las posibles consecuencias de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Para empezar, Trump ha dado indicios de que piensa abandonar una vez más el Acuerdo de París sobre el clima y maltratar a los aliados europeos de Estados Unidos (podría incluso abandonar la OTAN). Por su parte, los surcoreanos y los japoneses no saben muy bien qué esperar, ya que Trump no deja de acusarlos de que no pagan la parte que les corresponde del costo de mantener bases militares estadounidenses en sus territorios.
Pero la región más afectada por otra presidencia de Trump sería América Latina. No hay que olvidar que los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos son el chivo expiatorio favorito de la política de Trump, el «otro» perfecto para sus «estadounidenses verdaderos». Nueve años después de un discurso inaugural de candidatura en el que insultó a los mexicanos tratándolos de «narcotraficantes, delincuentes, violadores», a Trump todavía le encanta usar esos términos para describir a los migrantes de la región.
En su discurso ante la convención nacional republicana en Milwaukee, no sólo despotricó contra Venezuela (lo que era predecible) sino también contra El Salvador, gobernado por un caudillo de derecha, Nayib Bukele, que tiene en prisión al 2% de la población adulta y se considera amigo de Trump. Pero en opinión de Trump, la merma de asesinatos en El Salvador se debe a que está enviando a sus criminales a Estados Unidos.
Además, muchos republicanos han comenzado a avalar la propuesta de bombardear instalaciones de los carteles mexicanos para cortar el flujo de fentanilo en dirección norte. Según el compañero de fórmula elegido por Trump (J. D. Vance), el presidente de los Estados Unidos debe tener autoridad para ordenar el despliegue de militares estadounidenses contra carteles de la droga en territorio mexicano.
Trump juró imponer un arancel del 10% a todas las importaciones (y del 60% en el caso de las procedentes de China), y no está claro si esto valdrá incluso para países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio: Chile, Colombia, Perú, la República Dominicana y México, además de varios países centroamericanos
A esto hay que sumar la obsesión central de Trump, que estuvo muy visible en la convención republicana en la forma de carteles que rezaban: «DEPORTACIÓN EN MASA YA». Trump prometió que si gana, una de sus primeras medidas será ordenar una redada contra migrantes indocumentados, a los que se detendría en campos de internación en la frontera con México para su posterior expulsión del país.
Las estimaciones varían, pero el Instituto de Política Migratoria calcula que en Estados Unidos hay unos once millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos cinco millones de mexicanos, dos millones de centroamericanos y otro millón procedente de varios países sudamericanos. Las dificultades legales, logísticas y organizativas de semejante medida serían monumentales; pero eso no impedirá que Trump lo intente, sobre todo ahora que la Corte Suprema ha dictaminado que el presidente goza de inmunidad por casi cualquier cosa que haga en ejercicio del cargo.
Una deportación de cientos de miles de personas tendría profundos efectos en los países de origen. Se acabarían las remesas de las que dependen muchas familias de la región, con lo que empeorarían las condiciones económicas que, para empezar, llevan a muchos migrantes a emprender viaje al norte. Irónicamente, uno de los países más afectados sería El Salvador (ese presunto bastión de la ley y el orden).
También habría grandes repercusiones en el área del comercio internacional, en vista de las inclinaciones proteccionistas de Trump. La unidad de inteligencia de The Economist mantiene un Índice de Riesgo Trump, que identifica a los países con vínculos comerciales, de seguridad y migratorios más estrechos con los Estados Unidos; el primer país de la lista es México, con un puntaje de 71 sobre 100. Trump juró imponer un arancel del 10% a todas las importaciones (y del 60% en el caso de las procedentes de China), y no está claro si esto valdrá incluso para países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio: Chile, Colombia, Perú, la República Dominicana y México, además de varios países centroamericanos.
En este tema tampoco es probable que Trump enfrente muchas restricciones, en vista del menguante apoyo bipartidario a los tratados de libre comercio y de la poca importancia que dio Estados Unidos a diversos reclamos de la Organización Mundial del Comercio en años recientes. Además, el favorito para la secretaría del Tesoro si gana Trump es Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump y partidario de los aranceles.
La imposición de nuevos aranceles puede perjudicar ante todo a los países de la cuenca del Caribe, muy dependientes del comercio con Estados Unidos. Pero Sudamérica tampoco se libraría de las repercusiones. De hecho, enfrenta el riesgo de una maldición doble: que a la par de una reducción del comercio con Estados Unidos, disminuya la demanda china de materias primas sudamericanas. Hoy China es el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, (con un volumen de intercambios de nada menos que 485 000 millones de dólares en 2023) y la imposición de altos aranceles estadounidenses a sus bienes la obligaría a recortar la producción.
En el nivel bilateral, podemos esperar nuevas sanciones económicas (si todavía queda alguna sin aplicar) a lo que John Bolton (uno de los ex asesores de seguridad nacional de Trump) identificó como la «troika de la tiranía»: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, dirigentes a los que se considera aliados ideológicos de Trump, por ejemplo el presidente argentino Javier Milei, pueden esperar invitaciones a la Casa Blanca y otras expresiones de buena voluntad, aunque eso no implique necesariamente acceso preferencial a los mercados.
América Latina todavía sufre los efectos de su peor desaceleración económica en 120 años. El PIB regional se redujo 6,6% al estallar la pandemia en 2020, y la región todavía no se recuperó. Diversos pronósticos indican que el crecimiento de este año será el menor de cualquier región del mundo (con excepción de Europa): 1,8%. Y ahora, los latinoamericanos tienen que prepararse para el terremoto político que puede avecinarse en 2025.
Para empezar, Trump ha dado indicios de que piensa abandonar una vez más el Acuerdo de París sobre el clima y maltratar a los aliados europeos de Estados Unidos (podría incluso abandonar la OTAN). Por su parte, los surcoreanos y los japoneses no saben muy bien qué esperar, ya que Trump no deja de acusarlos de que no pagan la parte que les corresponde del costo de mantener bases militares estadounidenses en sus territorios.
Pero la región más afectada por otra presidencia de Trump sería América Latina. No hay que olvidar que los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos son el chivo expiatorio favorito de la política de Trump, el «otro» perfecto para sus «estadounidenses verdaderos». Nueve años después de un discurso inaugural de candidatura en el que insultó a los mexicanos tratándolos de «narcotraficantes, delincuentes, violadores», a Trump todavía le encanta usar esos términos para describir a los migrantes de la región.
En su discurso ante la convención nacional republicana en Milwaukee, no sólo despotricó contra Venezuela (lo que era predecible) sino también contra El Salvador, gobernado por un caudillo de derecha, Nayib Bukele, que tiene en prisión al 2% de la población adulta y se considera amigo de Trump. Pero en opinión de Trump, la merma de asesinatos en El Salvador se debe a que está enviando a sus criminales a Estados Unidos.
Además, muchos republicanos han comenzado a avalar la propuesta de bombardear instalaciones de los carteles mexicanos para cortar el flujo de fentanilo en dirección norte. Según el compañero de fórmula elegido por Trump (J. D. Vance), el presidente de los Estados Unidos debe tener autoridad para ordenar el despliegue de militares estadounidenses contra carteles de la droga en territorio mexicano.
A esto hay que sumar la obsesión central de Trump, que estuvo muy visible en la convención republicana en la forma de carteles que rezaban: «DEPORTACIÓN EN MASA YA». Trump prometió que si gana, una de sus primeras medidas será ordenar una redada contra migrantes indocumentados, a los que se detendría en campos de internación en la frontera con México para su posterior expulsión del país.
Las estimaciones varían, pero el Instituto de Política Migratoria calcula que en Estados Unidos hay unos once millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos cinco millones de mexicanos, dos millones de centroamericanos y otro millón procedente de varios países sudamericanos. Las dificultades legales, logísticas y organizativas de semejante medida serían monumentales; pero eso no impedirá que Trump lo intente, sobre todo ahora que la Corte Suprema ha dictaminado que el presidente goza de inmunidad por casi cualquier cosa que haga en ejercicio del cargo.
Una deportación de cientos de miles de personas tendría profundos efectos en los países de origen. Se acabarían las remesas de las que dependen muchas familias de la región, con lo que empeorarían las condiciones económicas que, para empezar, llevan a muchos migrantes a emprender viaje al norte. Irónicamente, uno de los países más afectados sería El Salvador (ese presunto bastión de la ley y el orden).
También habría grandes repercusiones en el área del comercio internacional, en vista de las inclinaciones proteccionistas de Trump. La unidad de inteligencia de The Economist mantiene un Índice de Riesgo Trump, que identifica a los países con vínculos comerciales, de seguridad y migratorios más estrechos con los Estados Unidos; el primer país de la lista es México, con un puntaje de 71 sobre 100. Trump juró imponer un arancel del 10% a todas las importaciones (y del 60% en el caso de las procedentes de China), y no está claro si esto valdrá incluso para países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio: Chile, Colombia, Perú, la República Dominicana y México, además de varios países centroamericanos.
En este tema tampoco es probable que Trump enfrente muchas restricciones, en vista del menguante apoyo bipartidario a los tratados de libre comercio y de la poca importancia que dio Estados Unidos a diversos reclamos de la Organización Mundial del Comercio en años recientes. Además, el favorito para la secretaría del Tesoro si gana Trump es Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump y partidario de los aranceles.
La imposición de nuevos aranceles puede perjudicar ante todo a los países de la cuenca del Caribe, muy dependientes del comercio con Estados Unidos. Pero Sudamérica tampoco se libraría de las repercusiones. De hecho, enfrenta el riesgo de una maldición doble: que a la par de una reducción del comercio con Estados Unidos, disminuya la demanda china de materias primas sudamericanas. Hoy China es el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, (con un volumen de intercambios de nada menos que 485 000 millones de dólares en 2023) y la imposición de altos aranceles estadounidenses a sus bienes la obligaría a recortar la producción.
En el nivel bilateral, podemos esperar nuevas sanciones económicas (si todavía queda alguna sin aplicar) a lo que John Bolton (uno de los ex asesores de seguridad nacional de Trump) identificó como la «troika de la tiranía»: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, dirigentes a los que se considera aliados ideológicos de Trump, por ejemplo el presidente argentino Javier Milei, pueden esperar invitaciones a la Casa Blanca y otras expresiones de buena voluntad, aunque eso no implique necesariamente acceso preferencial a los mercados.
América Latina todavía sufre los efectos de su peor desaceleración económica en 120 años. El PIB regional se redujo 6,6% al estallar la pandemia en 2020, y la región todavía no se recuperó. Diversos pronósticos indican que el crecimiento de este año será el menor de cualquier región del mundo (con excepción de Europa): 1,8%. Y ahora, los latinoamericanos tienen que prepararse para el terremoto político que puede avecinarse en 2025.