Hace un par de semanas se cerró la frontera entre República Dominicana y Haití. Una medida de la Presidencia de la República con carácter político para obligar a Haití a descontinuar la construcción del canal sobre el río Masacre compartido por ambos países.
Esta decisión no tomó en cuenta la realidad socioeconómica de la zona fronteriza, el mercado binacional y las relaciones comerciales formales e informales con Haití son las actividades económicas junto a la Agricultura fundamentales (MEPyD 2022)
La medida busca ser un castigo para el gobierno haitiano, ese castigo se revierte hacia la población dominicana que vive en la zona fronteriza, 7 provincias, 33 municipios y 33 distritos municipales. (MEPyD 2022) formadas por comunidades que están ubicadas dentro de las más pobres que tiene la República Dominicana. El cese de las actividades económicas dirigidas al intercambio comercial con las comunidades haitianas deja a los grupos poblacionales de esta zona sin su principal fuente de ingresos y por ende los condena a la agudización de sus condiciones de pobreza y exclusión social.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la población que reside en las provincias fronterizas?
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Crisis de la capacidad de autogestión y empoderamiento que son claves para el desarrollo humano integral de la población fronteriza
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Debilitamiento de la participación comunitaria desarrollada por décadas en base a continuas relaciones interculturales e iniciativas culturales, deportivas y sociales binacionales
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Deterioro de la cohesión social de las comunidades fronterizas en su convivencia cotidiana con la promoción de la tensión y el conflicto en la interacción social con soluciones violentas y discriminatorias.
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Fomento del racismo y la persecución hacia las personas negras dominicanas que se convierten en “sospechosas” de ser haitianas y con ello de ser “enemigas” siendo vecinas convivientes en un mismo territorio.
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Fortalecimiento de las iniciativas de migración hacia las metrópolis del país, Santiago y Santo Domingo en búsqueda de opciones de ingresos
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Fomento de la migración y tráfico irregular de personas dominicanas residentes en esta zona hacia el exterior
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Riesgo de expansión de las redes de trata con fines de explotación laboral, sexual y tráfico de órganos con victimización de la niñez, adolescencia y mujeres.
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Incremento del trabajo infantil y la explotación laboral infantil
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Aumento de las situaciones de riesgo de inserción en redes delictivas de búsqueda de dinero fácil de la población joven de estas comunidades
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Expansión de la marginalidad en los barrios con el incremento de los “bolsones de miseria”.
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Incremento de la inseguridad ciudadana tanto en estas provincias fronterizas como en las metrópolis por el incremento de flujos migratorios de las personas residentes en la frontera hacia las ciudades
El cierre de la frontera ha provocado en la población fronteriza desesperación, desesperanza, tensiones, conflictos en la interacción social afectando los avances que se habían obtenido durante décadas con la presencia de Organizaciones de la sociedad civil, religiosas, académicas, agencias internacionales y gubernamentales apuntando al logro de su sostenibilidad desde programas de desarrollo.
Distintas Ongs, instituciones, organizaciones de la sociedad civil , entre ellas la Compañía de Jesús que desarrollan una labor por varias décadas con las comunidades fronterizas han llamado la atención al gobierno de estos elementos con señalamientos de la urgencia en la reapertura de la frontera y la necesidad de que las medidas políticas bilaterales no generen sufrimiento y vulnerabilidad a una población que necesita políticas sociales que mejoren su calidad de vida y su desarrollo humano
Este cierre afecta no solo a la zona fronteriza sino a todo el país. Con el se ha desencadenados prácticas y expresiones de odio y violencia en la convivencia cotidiana generando tensión y violencia hacia la población migrante haitiana. Igualmente, ha favorecido a incrementar las persecuciones injustificadas y los abusos en las repatriaciones de poblaciones migrantes haitianas con allanamientos a residencias en horas de la madrugada como ocurrió en El Seibo donde se deportó a muchas personas y familias que estaban legalmente y con más de 30 y 40 años viviendo allí.
Nuestro país necesita un abordaje distinto de las problemáticas binacionales de modo que no incurramos en abusos, injusticias, violencia y discriminación afectando la cohesión social y la seguridad ciudadana.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY