Uno de los grandes males nacionales es la práctica de “comprar candado después del robo”. Cada minuto lo vemos.
Como reacción a la epidémica exposición y revictimización mediática de menores de edad, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público (Dinnaf/MP) ha recordado a directores de medios, periodistas y otros creadores de contenido que tal práctica está penalizada por la Ley 136-2003
Cita los aspectos legales de la prohibición: Protección del derecho a la integridad personal (Art. 12), a la intimidad y privacidad (Art. 18) y a la imagen (Art. 26). El incumplimiento es sancionado conforme los artículos 394 al 411 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que incluyen multas y penas de prisión. La Constitución ratifica el deber del Estado de garantizar la protección de la niñez y la adolescencia (Art. 56).
Si la Ley 136 existe hace 22 años y desde 2010 tenemos una Constitución que garantiza un Estado social y democrático de derecho, ¿por qué esperar a que adquiriera carácter de epidemia el abuso de estigmatización con imágenes, textos, opiniones y gestos de desprecio sobre sus coyunturales situaciones de vulnerabilidad y palabrerías plagadas de prejuicios, sin contexto?
Aunque tardío y sin referencia a sanciones por las citadas infracciones, el comunicado del organismo estatal debió correr mejor suerte. Solo fue difundido por algunos medios tradicionales y digitales. Y pese a la advertida situación de gravedad, no fue colocada en agenda de opinantes de radio, televisión y redes sociales. Se ha disipado ni siquiera con el favor de una fanfarria. Mucho menos de un editorial.
El emblemático caso de Carla Massiel Cabrera, 10 años, debió servir para algo. Al menos para contener la avalancha de posverdades (mentiras) en medios de comunicación.
La niña fue raptada, violada, asesinada y sepultada en un terreno baldío del sector La Cuaba, km 22 de la carretera Duarte, el 25 de junio de 2015, tras salir de un culto en una iglesia ubicada en la comunidad Los García, municipio Pedro Brand, y sus osamentas recuperadas por las autoridades el 16 de agosto de 2016.
Aunque los tribunales hallaron culpables de asociación de malhechores, rapto, violación sexual y asesinato a los Darwin Trinidad y Juan Carlos Martínez, y los condenaron a 30 años de cárcel, el amarillismo y el sensacionalismo periodísticos, igual que los intereses políticos y económicos, hallaron abono del bueno en esta tragedia.
Para completar el guión del melodrama de mal gusto, bastaron un comentarista-candidato a un cargo legislativo con urgente necesidad de visibilizarse y anclarse en un segmento del electorado empobrecido de la circunscripción que le desconocía hasta ese momento; un ejecutivo de medio apasionado del amarillismo e insaciable con el enriquecimiento, más abogados que vieron en el caso una oportunidad de negocio.
Por conveniencia particular, asumieron como verdad la mentira inventada por los delincuentes para evadir su culpabilidad. Los autores intelectuales y materiales de la muerte dijeron que habían entregado la niña viva a Liliana Santana, porque esta necesitaba extraerle los órganos para colocárselos su padre enfermo, el doctor Santana, dueño de uno de los centros médicos Integral, en Santo Domingo Este.
A golpe de repetición y revictimización, en medios de comunicación instalaron en el imaginario social la leyenda urbana de que a CM la habían matado para sacarle los órganos. Y que la justicia sacrificó a dos “jóvenes inocentes” para tapar a personas pudientes.
Resultado:
Después de raptada, violada, asesinada y desparecida, Carla Massiel Cabrera fue usada mediáticamente, sin piedad, para beneficio de terceros. Se derrumbó el programa nacional de trasplante de órganos, después de varias décadas de esfuerzo sostenido para crearlo y levantarlo para salvar vidas; muchos enfermos se agravaron o murieron por falta de donantes. La sociedad cayó en paranoia, familias veían traficantes de órganos en cualquier persona que se acercara, y corrían a trancarse. El principal promotor de la “novela” logró su objetivo político y más posicionamiento como opinante autoerigido representante de los “hijos de Machepa”; otros “periodistas” coreaban sin cesar la retórica perversa sobre la extracción de órganos, lejos de la contextualización, sin dar participación a las voces expertas. Algún periódico o programa de radio o televisión aumentó su rating. Abogados ganaron dinero. Hubo extorsión y chantaje a granel. Una familia fue dañada de por vida con una leyenda urbana.
A la vuelta de los años, la exposición y la revictimización de las personas menores de edad, expresadas en vídeos, textos, opiniones y gestos, son el “pan nuestro de cada día” en muchos medios de comunicación nacionales.
La ley está enmohecida, es como si no existiera; la autorregulación en medios se desnutre con las horas y el castigo social es una utopía porque no hay conciencia crítica en usuarios y consumidores.
“Al final”, como canta Sandro, “la vida sigue igual”.