La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación – UNESCO – considera que las bibliotecas públicas son esenciales para la educación, la cultura, la inclusión y el bienestar.
En el año 2022 actualiza el Manifiesto constituyéndose este en una valiosa herramienta para promover y fortalecer el rol de las bibliotecas públicas en la mejora del acceso a la información y el conocimiento.
En el tercer párrafo de este interesante documento se expresa que: “En cada nación, pero especialmente en el mundo en desarrollo, las bibliotecas ayudan a garantizar que los derechos a la educación y la participación en las sociedades del conocimiento y en la vida cultural de la comunidad sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible.”
Según los datos arrojados por el Segundo Censo Nacional de Bibliotecas, que elaboró la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (Bnphu- 2020), se encontró que en el país existían un total de 1,447 bibliotecas, de las que 1,046 eran escolares; 244 públicas; ocho especializadas y 69 universitarias.
A la fecha, desconocemos la cantidad de bibliotecas que sobreviven a la falta de recursos financieros, de personal idóneo, de recursos documentales físicos y-o virtuales, pero sobre todo a la falta de voluntad política de los gobiernos y la falta de políticas culturales que nos embarga.
Sin embargo, si hay datos actualizados sobre la existencia de bancas de apuestas y de colmadones en el territorio nacional, Un total de 56, 933 bancas de apuestas en la República Dominicana, según esta proporción, se estima que cada 850 metros hay un establecimiento de estos y por cada 193 habitantes. (Junio, 2024).
También se cuentan más de 44 mil colmados y colmadones, facilitando el consumo fácil y rápido de ron y música al aire libre.
Y no es de mi propiedad la idea de comparar la existencia de bancas y colmadones con la existencia de bibliotecas, centros culturales y actividades de ocio sano; puesto que en varios medios de comunicación he visto y escuchado declaraciones en este sentido.
Ahora bien, como maestra y bibliotecaria, he de confesar que me causa un gran pesar observar el desinterés absoluto que muestran autoridades culturales y educativas frente a la clara y urgente necesidad que hay en el país, de tomar acciones contundentes –no solo de intención y buena voluntad- sino también de invertir recursos para crear nuevas bibliotecas públicas y fortalecer las existentes.
El cambiante panorama tecnológico y social, demanda de políticas educativas, tecnológicas y culturales que nos acerquen al mundo de hoy. Las bibliotecas, como muchas otras opciones culturales y educativas para el aprendizaje a lo largo de la vida, son posibilidades que las ciudadanas y los ciudadanos requieren en esta sociedad de la información y del conocimiento.
“El acceso a las bibliotecas públicas y a sus servicios debe ser, en principio, gratuito. Las bibliotecas públicas son responsabilidad de las autoridades locales y nacionales.
Deben regirse por una legislación específica y actualizada, compatible con tratados y acuerdos internacionales, y estar financiadas por los gobiernos nacionales y locales. Deben ser un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación”.