El Anuario del Tribunal Constitucional 2023 tiene un significado especial, pues en diciembre del año pasado se completó el proceso de renovación integral de la primera matrícula de magistrados que inició su andadura a finales del 2011. Se cerró así el ciclo fundacional de esta alta corte, y cinco nuevos magistrados tomaron posesión: Napoleón Estévez Lavandier, nuevo presidente, Fidias Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Amaury Reyes Torres y Army Ferreira Reyes.

El mecanismo de renovación gradual –cuya importancia defendí en 2009, como asesor de la Comisión de Verificación y Auditoría de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de 2010– permite que cada tres años sean sustituidos cuatro o cinco magistrados. Esto garantiza que la evolución de los precedentes constitucionales ocurra progresivamente a partir de un diálogo constructivo entre jueces que ya están asentados y jueces que se integran con nuevas perspectivas u orientaciones, un equilibrio entre los criterios establecidos y las perspectivas de cambio. La experiencia acumulada hasta ahora evidencia el acierto de este diseño institucional y augura que el Tribunal Constitucional continuará fortaleciendo el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional tuvo un gran desempeño el año pasado, con sentencias que asientan criterios que se han fraguado lentamente en el desarrollo jurisprudencial del órgano. El esfuerzo mancomunado de los magistrados que permanecen, junto a los que ya iban de retirada, permitió que una extraordinaria productividad. Encontramos nuevas orientaciones jurisprudenciales que podrán ser sostenidas, reorientadas, perfeccionadas o modificadas por el pleno en funciones. No es este el espacio para realizar un análisis pormenorizado de los precedentes. Basta señalar que, como cada año, el Anuario recoge algunas de las sentencias más destacadas.

Esta edición está dedicada al 60 aniversario de la Constitución de 1963, cuya influencia en la Constitución actual es ampliamente reconocida. A pesar de su corta duración de vigencia, ésta marcó una huella indeleble que trascendió en el tiempo, como una aspiración por el Estado social y democrático de Derecho en el constitucionalismo dominicano. Al honrar su significación histórica, a través de un ensayo del ahora presidente emérito, Milton Ray Guevara, el Tribunal Constitucional contribuye al afianzamiento de nuestra cultura constitucional, posibilitando que las generaciones actuales abreven en el legado intemporal de nuestra primera “Constitución social por excelencia”.

El Anuario consta del último discurso de rendición de cuentas del saliente presidente del Tribunal Constitucional, en el que se explican las medidas más relevantes adoptadas por el órgano a nivel del funcionamiento administrativo, una sinopsis de sentencias importantes, y otros aspectos esenciales de la labor de esta alta corte durante el año 2023; así como propuestas de mejora institucional para continuar fortaleciendo la justicia constitucional.

Se incluyen, como es tradición, las semblanzas profesionales de los jueces que integraron el pleno del Tribunal Constitucional hasta finales de 2023, al igual que un recuento de las principales informaciones de la alta corte durante el año pasado. La sección legislativa contiene la Ley núm. 2-23, sobre el recurso de casación, la cual constituye la respuesta legislativa a la sentencia TC/0489/15, que declaró inconstitucional la cuantía de 200 salarios mínimos para la admisión de este recurso, y exhortó al Congreso Nacional a establecer un monto racional, así como la determinación del interés casacional como presupuesto de la admisibilidad del recurso.

Una parte significativa del Anuario son los análisis de autores nacionales y extranjeros que enriquecen el acervo doctrinal. Hay que agradecer cada una de estas contribuciones en la persona de sus autores. No quisiera desaprovechar la oportunidad para plantear una breve sinopsis de éstos:

La doctora Mayra Cabral Brea analiza cómo el Tribunal Constitucional dominicano ha fundamentado y garantizado la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), superando mitos históricos y reafirmando su carácter de derechos fundamentales.

El magistrado Rafael Frett Mejía resalta el rol crucial del Tribunal Constitucional en el desarrollo progresivo de la seguridad social, promoviéndola a través de sus sentencias.

El magistrado Rafael Vásquez Goico establece que los derechos fundamentales se basan en la moral racional y la dignidad humana, y que la Constitución dominicana reconoce este fundamento como el pilar de estos derechos.

La magistrada Sonia Díaz Inoa vincula la igualdad de género con el Estado Social y Democrático de Derecho, destacando que es un objetivo fundamental para el Estado según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El jurista Roberto Medina Reyes examina las libertades económicas en un Estado social y democrático de Derecho, analizando su naturaleza y alcance, así como los límites a su regulación. Destaca su importancia para el desarrollo económico y social.

El jurista español Jaime Rodríguez Arana estudia la cláusula del Estado social de derecho y su vinculación con el desarrollo de los derechos sociales, destacando la importancia de la protección jurídica de estos derechos para preservar la dignidad del ser humano.

Se observa en estos aportes un hilo conductor que conecta claramente con la dedicatoria, centrado en la preocupación por los derechos fundamentales, especialmente los económicos, sociales y culturales (DESC), y el Estado social y democrático de derecho como cláusula central en la arquitectura constitucional dominicana. A través de diversos enfoques y abordajes, los autores destacan la importancia de la igualdad, los derechos sociales y las libertades económicas, y cómo éstos se tutelan, protegen y desarrollan progresivamente en los precedentes constitucionales. La interconexión entre el Estado social y democrático de derecho y el desarrollo de los DESC es evidente, subrayando el rol crucial del Tribunal Constitucional en su tutela progresiva.

Año tras año, el Tribunal Constitucional continúa erigiéndose en un espacio fundamental de pedagogía. No se trata solo de comunicar la labor realizada, sino también de aportar, gracias a la colaboración generosa de los autores nacionales e internacionales, al enriquecimiento del acervo constitucional, así como al reforzamiento cultural de la trascendencia de los hitos históricos-constitucionales que son destacados en el Anuario.

Agradezco al Tribunal Constitucional la deferencia de permitirme continuar como editor del Anuario 2023. Asumo este compromiso como una tarea prioritaria que contribuye al logro de objetivos académicos e institucionales, través de la labor divulgativa que se realiza con la colaboración de los otros integrantes del Comité Editorial y el equipo de apoyo del Centro de Estudios de Tribunal Constitucional.