El uso, peso y regulación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es cada vez más pertinente en política y, concretamente, en la de los EEUU, porque en ese país operan las principales empresas desarrolladoras y productoras en la materia.
Desde el año 2016, cuando Donald Trump lanzó su precandidatura a la elección presidencial se ha hablado mucho de su participación en las redes sociales. En esos momentos era sobre todo por su involucramiento en Twitter, que se hizo todavía más fuerte durante su presidencia, al punto que antes de entregar el poder a su sucesor le fue suspendida la cuenta en esa red, algo inusitado porque constituía un acto de censura por parte de un medio privado con respecto al derecho de expresión de la persona con mayor poder político en ese país. Ese fue un caso donde se unieron preocupaciones de uso y de regulación. Lo que alegaron los dueños de este medio en la época era que estaban atentos a no implicarse en la promoción de informaciones que pudieran promover conductas inapropiadas.
Twitter cambió de propietario y de nombre, restituyó la cuenta del candidato y lo apoyó de diversas formas, entre ellas adaptando para el mercado norteamericano los iconos que antes eran universales para significar las principales opciones electorales.
Se atribuye este inusual apoyo por parte de un medio social que hasta el momento no se había involucrado abiertamente en la creación de opinión a las frustraciones personales y familiares que tiene el nuevo dueño, Elon Musk, con respecto a los excesos que se asocian al partido demócrata. Si bien el propio Musk es sumamente abierto sobre estas frustraciones, no hay que olvidar que además tiene razones económicas para preferir que la Casa Blanca cambie de administración.
En el año 2022 la Comisión Federal para la Comunicación de los EEUU anunció su rechazo a que Starlink (propiedad de Musk) se convirtiese en proveedor de ancho de banda bajo contrato con financiamiento estatal por un monto cercano a los 900 millones de dólares. Esa decisión fue reconfirmada en el año 2023. Sin embargo, eso no impedía que otras empresas de Musk continuaran siendo proveedores del gobierno norteamericano, aunque, en ocasiones, hubo desacuerdos entre el proveedor y el contratante, resueltos luego a través de la inclusión de nuevas cláusulas en contratos posteriores. Nueva vez, se trata de relaciones de fuerza que ameritan una regulación que permita un funcionamiento idóneo del sistema más allá de las personalidades involucradas. En este terreno y en el de las criptomonedas, Musk está más bien a favor de mayor desregulación, proceso que podrá apoyar de cerca ahora que se ha anunciado que él estará al frente de un futuro ministerio de eficiencia gubernamental.
Naturalmente, otras redes sociales también tuvieron gran participación en esta campaña. Se espera que la competencia entre ellas resulte en una situación beneficiosa para el estado y la población de los Estados Unidos.