En julio de 2021 la República Dominicana suscribió con el Reino de los Países Bajos un acuerdo de delimitación de fronteras marítimas.
Algunos intelectuales y personas del ámbito ultraconservador, a quienes respeto, por fe, es decir sin racionalidad ni fundamentos válidos, con puros sofismas (argumentos con premisas y enunciados deliberadamente falsos) y a quienes casi todos conocemos como dueños de la verdad absoluta, con lo cual todo el que no esté con ellos es tildado de antipatriota, tracionero de la dominicanidad y debe ser arrojado al infierno, han afirmado que el citado convenio es contrario a los intereses nacionales y violatorio de nuestra soberanía marítima y de la Constitución.
Contrario a dichas aseveraciones, mediante su sentencia TC/0547/24, el Tribunal Constitucional (TC), único órgano competente para conocer, en única instancia del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo (Art.185 de la Constitución, CR), declaró dicho acuerdo conforme a la Constitución y, con ello, al tenor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ((CONVEMAR) y de las normas internacionales, en sentido general.
Dicha decisión es vinculante para los poderes públicos y todos los órganos del Estado (Art. 184 CR), con todas las consecuencias que ello entraña para el Congreso Nacional. No que le quepa la duda a nadie, que los mismos autodenominados adalides de la independencia y portaestandartes de la verdad total, pero fundada en la sinrazón jurídica y científica, pero con veladas y soterradas agendas políticas, con los mismos llamados apocalípticos, reverberantes y estruendosos a que estamos acostumbrados, cuestionarán a todo el que ose siquiera alejarse de sus opiniones y pronunciamientos, los que ellos consideran, como sabemos, dados ex cathedra.
Pero, este TC, que validó el acuerdo entre la República Dominicana y Holanda, es el mismo que en 2013 dictó la sentencia 168/13, que, a juicio de muchos, como yo, desnacionaliza dominicanos y llevó a muchos a la apatridia. Es el que también emitió la sentencia 256/14 que desvincula a la República Dominicana de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, a mi juicio y de otros tantos, yerra, en ambos casos en sus fundamentos jurídicos, constitucionales y convencionales. Sin embargo, por ser demócratas, hemos tenido que respetar dichas sentencias.
Para entonces, y siempre y sí y solo sí los complazca o que sus sentencias y decisiones sean proclives o se correspondan con sus opiniones e intereses, como autoproclamados héroes nacionalistas y guardianes de la soberanía nacional y de la Constitución que dicen ser, el Tribunal Constitucional habrá actuado correctamente.
De hecho, son muchas las sentencias del TC con las que no he estado de acuerdo, cosa que he hecho saber públicamente, como diversas personas más, con argumentos jurídicos de peso, pero sin dejar de valorar que en democracia las diferencias son resueltas por las vías institucionales, como ha sido el caso bajo comentario. Sin embargo, a pesar de mi disidencia de criterio, ello no me ha nublado el pensamiento para no acoger como válido y existente lo que el órgano constitucional ha decidido. Esa es y así funciona la democracia.
El que esos pequeños grupos, minorías encendidas e incendiarias, con dogmatismos inquisitoriales añejos, pretendan hacer de los votos disidentes contenidos en la reciente sentencia la decisión mayoritaria del TC, su única verdad y la verdad que todos debemos creer y debemos aceptar, es desconocer la regla y el principio democrático, reflejado en la mayoría del TC que acogió dicho acuerdo, declarándolo conforme a la Constitución.
Lo destacable es que estos adalides de la soberanía nacional, de la dominicanidad y del patriotismo, al referirse a las supuestas atrocidades del acuerdo, distorsionan y falsean los hechos y el derecho.
No podrán demostrar, porque es absolutamente falso, que el país regaló 200 millas náuticas, si, por el contrario, el país lo que hizo fue ganar once millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados) en las negociaciones. El país, pues, no se dejó cubiar, ni se arrodilló. Todo lo contrario. En las rondas del convenio estuvimos representados por cada una de las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional de Delimitación Marítima, integrada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, ANAMAR, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Dominicana, quienes, unánimemente, y con apoyo técnico del más alto nivel y el mayor aval ético, tanto nacional como internacional, aprobaron previamente dicho acuerdo, por haber constatado que es lo más favorable para el país.
Obviamente, cerrarle el paso, a los campeones de la bolita del mundo de nuestros orígenes, nuestras tierras, aires y mares, por la vía institucional consagrada constitucionalmente, es quitarle a dichos Jackvenenos de la autoridad una excusa con las que batallan, sin cesar, para mantenerse en la palestra pública y en niveles de influencia, para obtener los réditos políticos que son de todos conocidos.
Lo cierto es que la incertidumbre sobre los límites de nuestras propiedades marítimas como las del Reino de Los Países Bajos (Holanda) han quedado en parte atrás, producto de dicho acuerdo de delimitación marítima, lo cual ha sido debidamente avalado por el Tribunal Constitucional. Ahora solo falta la mandatoria aprobación por parte del Congreso Nacional. Lo contrario sería continuar en el limbo, el vacío o la laguna jurídica en la que estamos, con los efectos que ello sí conlleva para nuestro aun indefinido límite marítimo, nuestra soberanía y nuestra patria.