En la reunión del Consejo de Gobierno, encabezada por el presidente Abinader, se establecieron unas 400 metas para el cuatrienio 2024-2028.
Pero seleccionaron 10 como prioritarias, donde figura la salud, la mortalidad infantil y las muertes por accidentes de tránsito. Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% a 14%, con una fuerte inversión en servicios de agua potable, saneamiento, energía, y reconstrucción de viviendas.
También introducir una política integral de seguridad ciudadana que garantice mantener por debajo de dos dígitos, específicamente hasta llevarlo a ocho por cada cien mil habitantes, la tasa de homicidios en el país, que es una de las tasas más bajas de toda la región.
Otras de las 10 prioridades son mejorar los salarios, reducir la informalidad laboral, mejorar la calidad de la educación, bajar la pobreza rural y abordar el problema del cambio climático.
Sin embargo, me surge una pregunta
¿A nadie se le ocurrió mencionar entre esas 10 prioridades la reforma fiscal y el problema de la transmisión y la distribución eléctrica en el país?
Deberían ocupar los lugares 1 y 2 entre esas 10 prioridades, porque si el gobierno lograra reducir a la mitad los subsidios (US$1,500 millones anualmente) al sector eléctrico podría aumentar el presupuesto de salud, transporte, vivienda, saneamiento, cambio climático, etc. O sea, todas las demás prioridades mencionadas se beneficiarán porque es difícil ser muy ambicioso con las metas cuando el dinero es escaso.
Las prioridades antes mencionadas, que se abordaron en el Consejo de Gobierno, son verdaderamente las más importante, pero sin la piedra angular que el sector eléctrico.
Para cumplir estas metas y muchas otras que no se mencionan (unas 400), no bastan las buenas intenciones, la transparencia en el quehacer público, la ética gubernamental, la reducción de la evasión y una mejor calidad del gasto, que predominan en la agenda del presidente. Se necesita más dinero.
Y es por ello, sorprende que nadie mencionara la necesidad urgente de poner de nuevo en la mesa de discusión la reforma fiscal.
El espacio presupuestario que tiene el gobierno para que estas prioridades se concreticen es escaso, muy escaso. Y con la presión de cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, que estable una reducción gradual del endeudamiento del gobierno hasta el 40% del PIB para el 2035, todavía el espacio se hace mucho más pequeño.
Si hubiera está sentado en ese Consejo de Gobierno frente al presidente (ya mi tiempo pasó para eso) no dudaría en haberle mencionado que todas esas prioridades serán difíciles de cumplir sin abordar el problema del subsidio eléctrico y retomar el tema de la reforma fiscal.
Probablemente muchos de los miembros del Consejo de Gobierno hubieran pensado “este carajo está fuera de lugar”.
Esa fue la palabra que un funcionario uso cuando era ministro de Finanzas durante un Consejo de Gobierno frente al presidente Mejía cuando dije “El sistema financiero estás jodido ya que algunos bancos pueden colapsar”. Eso sucedió un año antes de la crisis bancaria, pero nadie tomó en serio esa advertencia. Gracias a Julio Cross que me dio la señal con datos en la mano.