El rumbo que tomó el segundo proceso constituyente atrapó al progresismo chileno en una gran paradoja: tener que defender la Constitución vigente, que repudió durante décadas por su origen dictatorial, ante la posibilidad de aprobarse una propuesta de carta magna con sello aún más conservador y considerada más regresiva que la heredada del régimen.

El contrasentido es tal que la extrema derecha, que nunca apostó por cambiar el texto fundamental vigente, junto a la derecha tradicional, defienden en el plebiscito de este domingo sustituir el redactado actual; mientras que quienes siempre habían insistido en una nueva propuesta ahora apuestan por mantenerlo.

“Tal y como quedó la Constitución del 1980 reformada es mucho mejor que esta propuesta de nuevo texto constitucional, que refuerza normas que antes fueron problemáticas”, dijo a EFE la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss.

Los conservadores, que tuvieron mayoría en el consejo que escribió el nuevo proyecto, defienden que "recoge" preocupaciones actuales como la seguridad o la migración, y aseguran que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

La izquierda, en cambio, califica el texto de "dogmático" y denuncia que supone "retrocesos" en derechos sociales.

El peso de la ilegitimidad

La incómoda carga de la ilegitimidad de origen, que por décadas arrastró el texto fundamental vigente, quedó en segundo plano para algunos sectores que apuestan por ratificar el antiguo texto con la justificación de que al frente hay una opción mucho más conservadora.

Heiss recordó que “son muy pocas” las constituciones hechas en democracia, con procesos inclusivos y con participación ciudadana: “En Chile, la Constitución de 1833 fue producto de la derrota militar de un sector político y la de 1925 se dio en condiciones de autoritarismo”, señaló.

Si gana el “En contra”, “la actual Constitución habrá sido validada en dos ocasiones”, recordó el académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales: en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando se rechazó un texto redactado por un órgano de mayoría progresista, y ahora.

“De ser así, caería por tierra la tesis vinculada al problema constitucional en Chile y se abrazaría como opción el regreso al reformismo”, añadió.

¿De vuelta al reformismo? 

El presidente chileno, Gabriel Boric, y su coalición de gobierno ya avisaron que no apoyarán un tercer proceso: “Hay hastío ciudadano y un crecimiento del malestar político por la falta de respuestas”, dijo el académico de la Universidad Diego Portales Vicente Inostroza.

Sin margen para un nuevo intento, cualquier avance en materia constitucional tendrá que pasar por una reforma en el Congreso, que hace un año redujo los quórums para modificar la carta magna y acabó, así, con uno de los “grandes cerrojos” –dice Heiss– que tenía el texto actual.

Este avance, opina la académica de la Universidad de Santiago Carolina Segovia, “podría facilitar un episodio multirreforma, pero dependería de la composición del próximo Parlamento tras la elección del 2025, porque con el actual será difícil avanzar en reformas constitucionales, salvo en temas con amplio apoyo”.

"No es la Constitución de Pinochet…"

No sería el primer episodio en el que Chile aprueba un paquete robusto de modificaciones constitucionales. En 1989, aún en dictadura, se aprobó -vía plebiscito- un bloque de 54 reformas y en 2005, el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) impulsó otro de 58 cambios más que le permitieron al entonces presidente estampar su firma a la carta magna y sustituir, así, la de Augusto Pinochet.

Para Inostroza, sin embargo, una nueva reforma mantendría el debate constitucional “abierto” por un tiempo más, a pesar de la “fatiga constitucional” de los electores y de que la mayoría de los partidos políticos quieren enfocarse en “otras prioridades ciudadanas”.

La disyuntiva de la izquierda, para Morales, se resume así: “Volver a la idea de reformar implica volver a los 30 años (de transición) que parte del progresismo tanto criticó”.

Conservadores chilenos dicen sentirse "más cómodos"

Los chilenos vuelven este domingo a las urnas para decidir si aprueban una nueva carta magna que solo tiene el apoyo de la ultraderecha y la derecha tradicional o bien mantienen la actual Constitución, nacida en dictadura pero reformada sucesivamente en democracia.

Estas son las claves de un proceso que según las encuestas podría volver a terminar en fracaso.

Tras una votación popular, el Consejo Constitucional que redactó esta nueva propuesta estuvo dominado por la derecha tradicional y en particular por el ultraderechista Partido Republicano, cuyo presidente, José Antonio Kast perteneció a la Unión Democrática Independiente (UDI), partido creado en la dictadura.

Compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, en octubre pasado el presidente del Consejo Constitucional, militante del ultraderechista Partido Republicano y numerario del Opus Dei, Luis Silva, admitió que el nuevo texto resulta "más cómodo" para la derecha, aunque descartó que se trate de una carta magna hecha a la medida de su partido.

Los puntos que más controversia han generado son los relativos al aborto y los derechos reproductivos, la migración, la propiedad y el derecho del agua, la igualdad, el sistema de salud y pensiones, y la noción de un Estado social y democrático de derecho.

Diversos constitucionalistas chilenos independientes ya han advertido que el borrador propuesto contiene lagunas y errores legales, por lo que de ser aprobado debería ser inmediatamente enmendado.

Estado social y democrático

El texto propuesto consagra un Estado social y democrático de derecho, un cambio impulsado con fuerza desde la centroizquierda y la izquierda respecto a la Constitución legada de la dictadura (1973-1990), que estableció un Estado subsidiario y fomentó la privatización de servicios básicos, como la educación, la salud o las pensiones.

Sin embargo, la redacción del artículo correspondiente quedó lejos de las aspiraciones de la actual coalición de izquierdas, ya que con esta propuesta de Estado dejaría fuera un rol solidario ya que "reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

Pensiones

El artículo 16° de la propuesta reconoce el derecho a la seguridad social, aunque asegura constitucionalmente la existencia de las seis Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros de sus cotizantes en los mercados, que suman cerca del 8 % del PIB chileno.

Terminar con el monopolio de las AFP -que desde la dictadura controlan todo el sistema de pensiones en Chile, excepto las relativas al Ejército- es una de las demandas más sentidas de la sociedad chilena, donde se han configurado movilizaciones hace una década exigiendo el paso a un sistema que permita aumentar las pensiones en el país, que a la fecha no superan en promedio los 230 dólares.

Derechos sexuales y reproductivos

"La ley protege la vida de quien está por nacer", establece la propuesta de nueva carta magna, artículo que según múltiples analistas podría colisionar con la ley de aborto en tres causales vigente en Chile desde 2017 -al cambiar la fórmula "que está por nacer" por "quien está por nacer"-, y que en la actualidad permite la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto, peligro de vida para la madre y por violación.

Restricción derecho de huelga

Otro de los artículos que ha suscitado polémica pero ha sido menos difundido es el inciso 27 del n°16, que establece condiciones para ejercer el derecho a huelga, regulando además la libertad sindical.

La huelga sólo puede ser “ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”, dice el texto, además de establecer que “la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”, impidiendo la negociación por ramas de la producción o económicas como ocurre en otros países.

Derecho al agua

En la propuesta constitucional el agua corre por dos cauces: se reconoce el derecho de acceso al recurso, pero también es mencionado en la cláusula que promueve su naturaleza privada y regula el derecho a propiedad.

“Las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público (…) Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley”, consagra el texto.

Rediseño del sistema político

El Consejo Constitucional determinó modificar el sistema político del país, específicamente al establecer un redistritaje del territorio a cargo del Servicio Electoral, definiendo un tope de 138 diputados, 17 menos que en la actualidad.

Los partidos inscritos deberán obtener al menos un 5 % de los votos a nivel nacional para acceder a los escaños del Congreso, una medida que busca evitar la fragmentación política en el Legislativo.

Seguridad

Con la creación de una Defensoría de las Víctimas y fiscalías especiales, la propuesta busca hacerse cargo del problema de seguridad que se ha desarrollado en Chile durante los últimos años.

Sin embargo, académicos del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas han recalcado que el texto, en materia de defensa y seguridad, "no cumple con los estándares democráticos básicos" y adolece "serios errores conceptuales".

¿Por qué los jóvenes han perdido interés frente a una nueva Constitución?

Hace cuatro años los jóvenes chilenos lideraron un estallido social que retumbó en América Latina y derivó en el proceso para remover un símbolo del pasado: la Constitución de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, en el tortuoso camino fueron perdiendo interés y protagonismo.

Este domingo los chilenos votarán un plebiscito sobre la segunda propuesta de Constitución redactada en menos de dos años, que según los últimos sondeos podría ser rechazada, tal como sucedió con el primer proyecto elaborado por movimientos de izquierda con el respaldo del joven presidente Gabriel Boric, de 37 años.

"Hay un desgaste. Chile lleva en elecciones más de cinco años, una tras otra. Entonces la gente ya está cansada, (…) agobiada del tema. Dicen ¿qué nos asegura que esto vaya a cambiar?", sostiene Fernanda Ulloa, estudiante de Ciencias Políticas y presidenta de la juventud del partido político Evópoli (centro derecha), de 24 años.

Después del fracaso del primer proyecto, que planteaba profundas transformaciones como el derecho al aborto, comenzó un nuevo proceso de reforma esta vez a cargo de un consejo elegido por voto popular y dominado por el ultraderechista Partido Republicano. Este segundo proyecto propone una Constitución más conservadora que la actual.

"Los movimientos estudiantiles no tienen la fuerza que tuvieron, y no están movilizados por este plebiscito porque es entre la Constitución del 80 y una Constitución más a la derecha que la del 80″, explica a la AFP Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.

– Necesidades reales –

Y aunque la actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a este país de casi 20 millones de habitantes, con un 70% nacido después del inicio de la dictadura.

En 2019 los jóvenes protestaron en masa por un mayor acceso a la educación y a la salud, y en favor de pensiones justas, servicios prácticamente privatizados desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El estallido terminó siendo un clamor generalizado contra la inequidad.

Pero entre una y otra discusión constitucional la sociedad se movió. El costo de vida junto a la inseguridad -que la derecha relaciona con la migración, en su mayoría de venezolanos- pasaron a ser sus mayores preocupaciones.

"Al final los dos procesos terminaron desapegándose de las necesidades reales de las personas, pero creo que la voluntad transformadora todavía no se extingue", sostiene Catalina Lufín, de 22 años y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

– ¿Aborto a revisión? –

Aun así, uno de los temas que podría galvanizar el interés de los jóvenes es la ley de aborto de 2017, que autoriza su práctica en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación) y que bajo la nueva iniciativa podría ser revisada.

El Partido Republicano introdujo un cambio en apariencia de forma, pero que disparó las alertas de los movimientos feministas.

En vez de la "protección del que está por nacer", vigente actualmente, la nueva normativa consagra el mismo derecho para "quien" está por nacer, lo que según sus promotores garantiza que la vida comienza desde la concepción.

"Desde la juventud republicana asumimos como un desafío ser una generación 'provida' que se plantee, no hoy, pero en los años que sean necesarios, que en nuestro país no haya ninguna ley de aborto", sostiene el presidente de la juventud del Partido Republicano, Cristóbal García, de 27 años.

– Derechos sociales –

La nueva propuesta profundiza la autonomía de la enseñanza en los colegios, incluso le da opción a las familias de "enseñarles por sí mismos" a sus hijos y no enviarlos a la escuela.

También prevé que el Estado, en vez de asignar un presupuesto general a las escuelas, pague por estudiante matriculado, conservando además la gratuidad en algunas universidades para los más pobres.

Sin financiamiento, se esfuma el deseo de "educación pública, gratuita y de calidad", observa Lufín.

Además, se fortalecen a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en dictadura y muy criticadas por las mesadas que entregan: una media equivalente a la mitad del sueldo mínimo (530 dólares) para las mujeres a partir de los 60 años y para los hombres desde los 65.

– Indígenas –

Si bien el nuevo texto reconoce por primera vez a los pueblos indígenas, no fija normas claras que garanticen su autonomía, tal como proponía la Constitución rechazada en 2022 que declaraba a Chile como un estado "plurinacional".

"Había que reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios pero también había que darles participación política", lamenta Andrés Calfuqueo, estudiante mapuche de Ciencia Política de la Universidad Católica, de 23 años.

Discriminados históricamente, los indígenas representan el 12% de la población en Chile.

En caso de que este domingo triunfe el "en contra", seguirá la Constitución de la dictadura y Chile habrá vuelto al punto de partida.

(Con informaciones de EFE y AFP)