La magistrada a cargo de investigar un millonario fraude al fisco con fondos del Ejército de Chile dejó este viernes en prisión preventiva al exjefe de la institución castrense Ricardo Martínez, que esta mañana se acogió al derecho de guardar silencio durante su interrogatorio en tribunales.
El general en retiro, que se presentó a declarar ante el juzgado que lo investiga en calidad de inculpado, cumplirá la medida cautelar por un máximo de cinco días -plazo que puede variar si es sometido a proceso- en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, ubicado en la Región Metropolitana.
En declaraciones a los medios tras la comparecencia de Martínez, su abogado defensor aseguró que el exoficial solicitó que se deje "constancia de cada pregunta y su ejercicio del derecho fundamental a guardar silencio ante el desconocimiento de los cargos".
"Ha hecho uso de la Constitución y de los tratados internacionales para pedir que se deje constancia de la situación mientras no tenga conciencia completa de los cargos", agregó.
Por su parte, el general en retiro afirmó a la prensa antes de ingresar al despacho de la ministra en visita, Romy Rutherford, que su patrimonio es "legítimo".
"Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal", afirmó el exoficial al llegar al tribunal.
El general en retiro debía haberse presentado ante la ministra en visita a principios de marzo, pero eludió hacerlo y pidió que la cita fuera en su domicilio, ya que considerada "amenazada su libertad y seguridad", una solicitud que le fue denegada.
La citación, que desencadenó su renuncia, responde a la investigación del caso conocido como "Milicogate", una causa de corrupción que cuenta con 1.392 volúmenes y 46 cuadernos de antecedentes con múltiples aristas y que busca aclarar el destino de más de 6.000 millones de pesos (unos 6,8 millones de euros).
En el caso de Martínez, se investiga su presunta participación y enriquecimiento en el uso irregular de dineros asignados a viajes oficiales, además de malversación de recursos públicos destinados a seguridad e inteligencia.
Desde el final de la dictadura de Agugusto Pinochet (1973-1990), todos los comandantes en jefe del Ejército de Chile han sido vinculados a fraudes millonarios, con Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentalba y Óscar Izurieta procesados además por delitos de corrupción.