Al menos 66 personas murieron o desaparecieron en las localidades de Gressier y Carrefour, al sur de la capital haitiana, entre enero y julio de este año, en ataques perpetrados por bandas armadas, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) publicado este viernes.

Entre las víctimas figuran cuatro agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH), quince mujeres y un menor de edad, precisa el informe, que revela, además, que doce de las víctimas tenían entre 60 y 80 años.

El documento subraya que los bandidos armados visten uniformes policiales, se desplazan con sus armas de fuego en vehículos y motocicletas equipados con sirenas policiales, y exigen a los residentes locales que les paguen una suma periódica basada en el número de personas que viven en las casas o que realizan una actividad generadora de ingresos.

"Las intervenciones policiales para recuperar el control de estos dos pueblos son muy escasas y hasta ahora no han dado ningún resultado", denunció Rnddh, que sostiene que las familiares de estas víctimas y testigos han descrito el horror que han vivido en un contexto marcado por un marcado deterioro de la situación en este deprimido país caribeño.

Cientos de viviendas fueron saqueadas, incendiadas u ocupadas ilegalmente, mientras que se han robado o incendiado vehículos y destruido bienes, según el informe sobre la situación.

Se han instalado al menos 12 peajes en la entrada sur de Puerto Príncipe, desde Portail de Léogane hasta Gressier, y bandidos armados han establecido un sistema de recaudación diaria en al menos seis mercados.

Prosiguen las violaciones

Uso de alcantarillas en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, el 12 de agosto de 2024. – La violencia actual ha cobrado su precio y la agencia de migración de la ONU dice que casi 600.000 personas en Haití han sido desplazadas, un aumento de 60% desde marzo. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP)

Decenas de mujeres y niñas fueron violadas en grupo. La ONG pudo localizar a 46 supervivientes de violaciones, entre ellas tres menores.

Algunas de estas víctimas fueron violadas en sus casas y luego tuvieron que huir tras presenciar el asesinato de un familiar.

Otras fueron secuestradas en sus casas y llevadas a lugares donde las recibían hombres desnudos, que las esperaban para violarlas en grupo durante varias horas o días.

"Durante estas violaciones, las mujeres y las niñas también eran interrogadas, golpeadas severamente e insultadas" por miembros de bandas armadas, agrega la investigación de Rnddh.

Desde finales de octubre de 2023, Carrefour y Gressier han sido presa de una violencia armada sin precedentes, caracterizada por masacres y ataques armados perpetrados por los bandidos.

También se caracteriza por violaciones y violaciones colectivas, robos, saqueos, incendios de casas, descapitalización de comerciantes y desplazamiento masivo de la población, situación que ha empeorado este año.

Ausencia de las autoridades

El Consejo Presidencial de Transición y el Consejo Superior de la Policía, presidido por el primer ministro, Gary Conille, han prometido restablecer el orden y la seguridad en la zona y afirman que la seguridad es una prioridad, sin embargo, absorben una parte muy importante de los agentes para su seguridad personal y la de sus familias, en detrimento de la colectividad, critica el informe.

También afirma que los agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), encabezada por Kenia y desplegada desde junio, no hacen nada para ayudar a la población que sufre los actos de los bandidos armados, a pesar de que su misión es ayudar a restablecer la seguridad y la paz en el país en general y en los departamentos de Ouest y Artibonite, especialmente afectados por el fenómeno de las bandas armadas.

Ante la inacción del Gobierno y de la MMAS, los bandidos armados "ganan en confianza y arrogancia" y "amplían su territorio", afirmó.

El pueblo haitiano "sigue siendo víctima de violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad y la seguridad, la integridad física, la integridad psicológica, la propiedad privada y la libertad de circulación", denuncia la ONG.

"Y no es de extrañar que las esperanzas depositadas por esta población en las nuevas autoridades y en la llegada de los agentes del MMAS empiecen ya a desmoronarse", concluyó.