En sus primeros días como presidente estadounidense, Donald Trump ha impulsado un cambio radical en la política migratoria de la Casa Blanca. A través de una serie de decretos y nuevas leyes en el Congreso, el republicano ha moldeado, desde el día uno de su segunda administración, la nueva estrategia fronteriza del país por los próximos cuatro años.
La migración fue uno de los pilares narrativos durante la campaña electoral que llevó al magnate neoyorquino a la Presidencia por segunda vez, y apenas con horas oficialmente en el cargo, el líder republicano emitió sus primeros ordenamientos ejecutivos para resquebrajar el sistema migratorio construido por su antecesor, Joe Biden.
En sus primeros movimientos como presidente, Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas de diversa índole, aunque con las más radicales en relación con el control migratorio y el manejo de la frontera, materializando los temores de la comunidad migrante que vive en Estados Unidos, o busca entrar al país.
La eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un "estado de emergencia en la frontera", el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales, son parte del paquete de medidas políticas que Trump ha oficializado en su primera semana de regreso en la Oficina Oval, con el objetivo de concretar una de sus promesas de campaña más grandes: "la operación de deportación más grande en la historia del país".
En France24, hacemos un resumen de las medidas adoptadas por el nuevo presidente de Estados Unidos en torno a la migración.
Eliminación de CBP One
Apenas minutos después de asumir como presidente, Trump ordenó el cierre de la aplicación CBP One: un programa implementado en 2023 por la administración Biden que le permitía a miles de migrantes programas citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país, lo que amparó el ingreso de más de 900.000 personas desde su implementación.
Trump, siempre crítico con el programa desde su creación, instruyó a miembros de su Gobierno para que finalizaran las operaciones de la aplicación, que soltó un último mensaje en los teléfonos celulares de los migrantes que esperaban por su cita en las próximas semanas: "todas las citas existentes se han cancelado".
Funcionarios del equipo gubernamental de Biden, citados por el diario estadounidense 'The New York Times', señalan que la decisión del republicano dejó sin cita a más de 30.000 migrantes que ya habían agendado un encuentro para las próximas semanas, además de causar incertidumbre en más de 300.000 que se encuentran en territorio mexicano esperando poder agendar una cita.
Eliminación del derecho de nacionalidad por nacimiento
En otro de sus decretos presidenciales más polémicos, Trump pretende acabar con el derecho de nacionalidad para los bebés que nazcan en suelo estadounidense cuyos padres sean personas migrantes sin residencia permanente o ciudadanía.
"Entre las categorías de personas nacidas en Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos", dice la orden presidencial firmada por Trump el 20 de enero.
Pero este es uno de los movimientos que más resistencia puede enfrentar en otras ramas del Gobierno. Según los detractores de la medida, el decreto trumpista violenta la decimocuarta enmienda constitucional, que ampara con la nacionalidad estadounidense a cualquier persona nacida dentro del territorio, independientemente del origen o estatus migratorio de los padres.
Poco tiempo después de ser publicada, la orden ejecutiva referente a la eliminación del derecho de nacionalidad por nacimiento fue impugnada en los tribunales, primero por organizaciones de la sociedad civil, y después por un bloque de 22 estados – entre los que están Washington, Arizona, Illinois y Oregón –, quienes alegaron inconstitucionalidad en la decisión presidencial.
El pasado 23 de enero, un juez federal le dio la razón a las querellas y emitió un bloqueo temporal, por 14 días, en la entrada en funciones del decreto, creando un margen para decidir si ordena una medida cautelar de mayor duración.
Movilización de tropas y estado de emergencia
Por otro lado, Trump firmó otra orden presidencial para decretar el "estado de emergencia" en la frontera sur del país. Según el republicano, la "soberanía de Estados Unidos está bajo asedio", por lo que su ordenamiento obliga al Ejército estadounidense a movilizar tropas, aviones, vehículos militares y drones, en rumbo a los estados del sur para resguardar la frontera y no permitir la entrada irregular de ninguna persona.
Además, el magnate neoyorquino le ha dado diez días al Pentágono para que puedan construir una estrategia de seguridad en pro de "sellar" la frontera entre Estados Unidos y México. Con dicho ordenamiento, Trump también desbloquea fondos públicos para retomar la construcción del muro fronterizo, suspendido durante la administración de Biden.
Por otro lado, el nuevo presidente estadounidense también anunció que su Gobierno pondría fin a la política de "Catch & Release", misma que permitía que las personas migrantes en situación irregular que fueran detenidas en la frontera por agentes migratorios pudieran ser liberadas mientras se resolvía su estatus migratorio en los tribunales.
Trump ha sido tajante: todo aquel que ingrese a territorio estadounidense de manera irregular será "detenido y deportado de inmediato”.
"Quédate en México"
El nuevo inquilino de la Casa blanca también ha ordenado la restitución del controversial programa 'Quédate en México', implementado ya en su primer periodo presidencial, que busca obligar a las personas migrantes a esperar el avance de sus trámites migratorios para regularizar su acceso, o estancia, en Estados Unidos dentro de territorio mexicano.
En otras palabras, el Ejecutivo estadounidense busca transformar de nueva cuenta a México en un "tercer país seguro", donde puedan recibir, no solo a sus connacionales repatriados, pero también a personas migrantes con distintas nacionalidades que sean expulsadas o rechazadas por las autoridades migratorias estadounidenses.
Sobre ello, el Gobierno mexicano se ha pronunciado en desacuerdo con la reinstauración de 'Quédate en México', haciendo énfasis en que se trata de una decisión "unilateral", por lo que Ciudad de México no tiene obligación legal alguna para hacer efectivos los planes trumpistas dentro del país.
Suspensión del refugio
En otra medida controversial, el presidente estadounidense firmó un decreto para suspender momentáneamente el sistema de refugio en el país, argumentando que Estados Unidos "carece de la capacidad para absorber grandes grupos de migrantes, especialmente refugiados", según lo que dice la orden presidencial.
Con ello, desde el 27 de enero, Estados Unidos dejará de aceptar nuevos casos de solicitudes de refugio y asilo político, aunque abre un espacio de 90 días para que las autoridades migratorias elaboren un informe sobre la viabilidad de retomar la entrada a solicitantes de protección. Si se reabre la entrada, cada tres meses se verificará la sostenibilidad del programa de refugio, y podrá ser suspendido en cualquier momento.
Por otro lado, Trump también anunció la eliminación del 'parole humanitario', un programa de protección impulsado durante la administración Biden para permitir a nacionales de países como Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, renovar sus visas de trabajo por dos años después de su llegada a territorio estadounidense.
Según informan medios estadounidenses, la administración Trump emitió un mensaje interno el pasado 23 de enero dirigido a los agentes migratorios dentro de numerosas ciudades estadounidenses para facultarlos a detener y "expulsar" a todas aquellas personas migrantes que cuenten con el 'parole humanitario'.
Existen alrededor de 1.4 millones de personas que cuentan con la protección de dicho programa desde su implementación en 2023.
Ley Laken Riley
El pasado 22 de enero, la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense aprobaron la que podría ser la primera ley en materia de inmigración que firme Trump en su segundo mandato.
Después de que se estancará el año pasado dentro del Senado, la llamada ley 'Laken Riley' – nombrada en honor de una estudiante asesinada por un hombre de origen venezolano en Estados Unidos – fue apoyada por una parte del Partido Demócrata dentro de la cámara alta del Congreso para su aprobación final este 2025.
La ley permite a los miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener y deportar a todas aquellas personas migrantes en situación irregular que sean acusadas por un delito, menor o grave, sin la necesidad de ser condenados. La legislación anterior exigía que el acusado fuera condenado por dos delitos menores, o uno grave, para dar píe a su expulsión del país.
Esta nueva legislación permitiría a las autoridades migratorias detener automáticamente a aquellas personas migrantes sin documentación regular y mantenerlas en los centros migratorios hasta que sean finalmente deportados fuera de Estados Unidos, sin importar si son o no inocentes.
Con AP, Reuters y medios locales
