A tres años del derrame petrolero más grande de la historia de Perú visitamos la zona afectada en su capital. Fue responsabilidad de la empresa española Repsol y ha inactivado la pesca local artesanal de Lima y Callao, resignando a familias enteras a la no reparación.

Miguel Núñez extraña pescar. Eso de estar solo —dice—, esperando que las redes atrapen algo le daba un par de horas diarias de paz. Hoy tiene otras ocupaciones: cría cerdos y toca el arpa andina en fiestas costumbristas. Su vida y su rutina cambiaron el 15 de enero de 2022, cuando se tiñó de petróleo el mar donde pasaba sus madrugadas, en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao, a unos 50 minutos en auto desde el Centro de Lima.

La casa de Núñez es una galería de los oficios a los que se dedica desde que la pesca lo dejó. El grueso hombre de 53 años vive en un pequeño sitio sin espacios delimitados. Parece un taller pero no se sabe de qué: sin orden aparente yacen maniquíes, herramientas, cascos, parrillas, instrumentos, flores y radios. Como todo el vecindario, su hogar huele al mar que está a pocos metros y a la tierra arcillosa de los caminos sin asfaltar.

Ventanilla es una zona costera donde miles de personas viven con menos de 446 soles —el equivalente a unos 120 dólares— mensuales. Hace catorce años, Núñez encontró en sus olas una oportunidad económica. La rentabilidad era buena, considerando que en un buen día un pescador podía ganar, con esfuerzo, un promedio de 500 soles (unos 130 dólares) mediante la venta directa de pescado en el vecindario. Con ese dinero, podía alimentar y enviar al colegio a sus seis hijos.

“Me hice pescador por necesidad, principalmente. Cuando me mudé a Ventanilla desde El Agustino (distrito en Lima) no había mucho trabajo todavía. Para ‘la olla’, unos amigos me animaron a pescar. Luego empezamos a ofrecer (los productos) a los vecinos. Se podía ganar bien”, cuenta el ayacuchano mientras camina en dirección a Cavero, una de las playas más afectadas por el desastre de hace tres años.

Entre cúmulos de basura y aves muertas en las orillas, Cavero está olvidada, incluso por sus autoridades locales, quienes solo han colocado carteles que prohíben la pesca por la contaminación de crudo.

La empresa que causó el derrame en 2022 es la española Repsol, cuya refinería se encuentra, precisamente, en Ventanilla.

La tarde del sábado 15 de enero de ese año, un buque debía descargar petróleo en los tanques de almacenamiento de la refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA). En esa descarga, las amarras de una de las boyas que fijaban la embarcación para el bombeo se rompieron. 11.900 barriles de petróleo fueron vertidos al mar.

La reacción de Repsol ante la contingencia fue “tardía” e “inadecuada”, de acuerdo con el capitán del Mare Doricum, embarcación de la empresa Fratelli d’Amico Armatori. Seis horas después de detectada la falla en las amarras fue que la multinacional petrolera envió a un especialista. Para entonces, la fuga estaba diseminada en el mar.

“La playa era barro, pero más como lava. No sabíamos qué cosa era. Nos avisaron algunos compañeros, pero en ese momento no pensé que fuese algo tan serio. Recién al mediodía la municipalidad, las autoridades, informan que hubo un derrame de petróleo. Ya para ese momento veíamos animales —aves, sobre todo— embarrados, que todavía no morían. Algunos nos pusimos a limpiarlos. El día lunes fuimos a Repsol para reclamar, para que nos explicaran qué había pasado”, cuenta Núñez, quien lidera la Asociación de Pescadores Fundadores, Armadores, Estibadores Artesanales de Bahía Blanca (ASPEFAEA).

En un principio, Repsol señaló al Gobierno peruano que solo cerca de 6.000 barriles, de más de 158.000 litros de petróleo cada uno, habían contaminado las aguas. Pero luego el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú certificó que el derrame fue, en realidad, de casi el doble. Esto es 2.100 toneladas de crudo que se pasearon y estancaron pronto en 48 playas del Callao y de Lima. El descomunal daño se extendió por 8.940.061 metros cuadrados: un área similar a la ciudad de Miraflores en Lima quedó sumergida en petróleo.

Yo estaba en una reunión de amigos cuando pasó. Era ya domingo cuando mi compadre de Chancay me llama y me advierte que no vaya a trabajar porque toditito Pasamayo estaba lleno de petróleo. Para ser franco, no le creí. Tenía que verlo y agarré un carro. Toda la zona donde yo trabajaba en bote era una mazamorra espesa en la orilla

Así lo recuerda Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Tomycalla. Las zonas mencionadas corresponden a la provincia de Huaral, en Lima, donde el agua estaba completamente contaminada y caminar por la orilla era complicado: con cada paso la gente se hundía un poco más en esa sustancia pesada. Los botes, que solían flotar sin problema, estaban atrapados, sus cascos manchados y sus redes inutilizables. El mar seguía ahí, pero denso y muerto.

Melchor Ybarra era entonces pescador artesanal informal; es decir, su actividad no estaba inscrita ante registros públicos ni tenía autorización del Ministerio de la Producción. El desastre ambiental lo obligó a formar su asociación con otros compañeros para formalizar su reclamo.

Comenta que las organizaciones Conciencia Marina y WWF los ayudaron a empadronarse, requisito necesario para exigir indemnizaciones a Repsol. Para evitar la judicialización con los afectados, la transnacional española usó la estrategia de ofrecerles dinero. Melchor fue uno de los que aceptaron, pero está convencido de que fue una argucia y que deben seguir protestando.

“Estuvimos como cuatro meses negociando con Repsol, la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas. Pero lo que pasó fue que Repsol impuso una reparación según su gusto. Yo reconozco que muchos de nosotros firmamos ese documento, sabiendo que era perjudicial para nosotros. Pero, ¿qué camino nos quedaba? Aceptamos sus condiciones por necesidad. Si no hubiéramos firmado, ahorita estuviéramos en juicio. ¿Y de qué hubieran vivido y estudiado nuestros hijos?”, cuestiona.

Acuerdos extrajudiciales

La playa de Chacra y Mar está en el distrito de Chancay, en Huaral. En la zona solo quedan avisos amarillentos de cevicherías extintas. Como sus playas vecinas, está cerrada al público por los daños de Repsol. De las 48 playas contaminadas, 25 eran visitadas por bañistas. Nadar o siquiera acercarse, está prohibido por disposición municipal, pero tampoco se cumple.

Gloria Paredes hunde sus zapatillas en la arena de la orilla mientras vigila que unas estacas de madera sigan en pie. Lo que está haciendo esta mujer de 39 años no es buena idea: pesca peces contaminados. Paredes cuenta que su esposo y su yerno son pescadores, y que la familia aún depende de ese rubro. La contaminación no los asusta: “Más puede el hambre”, así que no atienden las restricciones.

“Sí, todavía sacamos pescado. Para comer y para vender. No hay trabajo. Más antes, sí se podía. Hace tres años bajó la chamba. Con malla pescamos. Mi esposo pesca aquí y luego yo lo vendo. Nosotros comemos de ahí también. Sí me preocupa la contaminación, pero hace un año, año y medio que no comíamos pescado. Hay gente que no quiere comprar. Todavía hay petróleo en el mar y la pesca es poca, sucia. Pero qué vamos a hacer”, concluye mientras sostiene de la mano a su hijo de 7 años.

En marzo de 2023 el Congreso de la República peruano aprobó un informe de su autoría con recomendaciones y conclusiones sobre el caso Repsol. De acuerdo con el documento, la compañía española y la refinería de su dominio son civilmente responsables de la catástrofe, y tienen la obligación de indemnizar a los damnificados.

En los meses posteriores al derrame, organizaciones de pescadores buscaron negociar reparaciones económicas con Repsol. Hay un rubro que la empresa no contempla: lo que está en juego no es solo el dinero, sino el valor de un mar que dejó de ser el mismo para quienes lo habitan y dependen de él.

“Hicimos un estudio de valorización que arrojaba una cantidad determinada de compensación, que promediaba entre los 10.000 a 11.000 soles (cerca de 3.000 dólares) mensuales, por pescador. Sin embargo, la petrolera consideró, con base a otro estudio que esta misma desarrolló, que el monto de compensación debía ser mucho menor. Tuvimos negociaciones muy tensas en 2022 y 2023, con participación de la Defensoría del Pueblo y con los afectados. La empresa, entonces, ofreció adelantos mensuales de 3.000 soles (menos de mil dólares) por familia”, relata Alejandro Chirinos, sociólogo del equipo de la ONG CooperAcción.

La organización fue una de las primeras en sumarse a la asesoría legal de pescadores en el reclamo contra Repsol. Chirinos comenta que la compañía buscó evadir un proceso judicial con el ofrecimiento de montos simbólicos e insuficientes. De hecho, en diciembre de 2022, en el contexto de vacancia del presidente peruano Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado, la petrolera propuso acuerdos extrajudiciales a los 10.186 afectados. A la fecha, más de 8.000 de ellos han firmado bajo el temor de nunca ver resarcido el daño ante una corte. El pago que ofreció Repsol es único, inobjetable y calculado unilateralmente, de entre 58.000 y 70.000 soles [15.500 – 18.700 dólares, aproximadamente] para cada cabeza de familia.

“Los términos de ese acuerdo, prácticamente, fueron ‘si quieres, nos vamos a juicio, pero vas a perder todo y esperar demasiado’. Lo que logró Repsol fue que un grupo grande de afectados renunciara a sus derechos de reclamo o demanda a futuro por una compensación única y final”, indica Chirinos, cuya organización plantea revocar estos acuerdos con acciones de amparo. Repsol condicionó a los firmantes a no traer abogados si querían acceder a los montos extrajudiciales. 

No nos asesoraron ni ayudaron a saber si la propuesta de Repsol era correcta

Luis Herrera tiene 41 años y es presidente de la asociación de pescadores artesanales de las playas de Chancay y del norte chico. En marzo de 2023 firmó el acuerdo fuera de tribunales con Repsol. Lo cuenta con pesar, pues reconoce que, de no haber firmado, el reclamo por reparaciones hoy tendría mayor fuerza.

“Fue un tema de presión de mis compañeros (de la asociación) por la incertidumbre de no tener con qué vivir o con qué sostener a las familias. Era imposible que uno se mantuviera en esa posición de no firmar. Le estaría engañando si dijera que no firmé. Yo firmé y más del 90 % de mi asociación también lo hizo. Pero en ese tema debo decirle que nosotros nunca tuvimos apoyo del Estado. No nos asesoraron ni ayudaron a saber si la propuesta de Repsol era correcta. Ahora vemos que sigue habiendo contaminación en el mar y que el Estado sigue débil y ausente”, explica Herrera.

Luis Garrido es un pescador del distrito limeño de Ancón, otra zona que sufrió el derrame del hidrocarburo, y representa a parte de los 2.000 trabajadores de mar damnificados en el área. Al igual que decenas de sus compañeros, Garrido firmó contrato con Repsol para desistir de judicializar el caso.

“Accedimos, primero, por necesidad. Segundo, accedimos también por ignorancia, por desconocimiento de la normativa, de las leyes. Una transacción extrajudicial es una conciliación entre ambas partes que —se supone— debe tener la conformidad de ambas partes, pero este contrato y sus condiciones fueron elaborados unilateralmente por Repsol. Nos vimos obligados a firmar porque, hasta ese momento, nos estaban dando bonos de periodicidad irregular. Esperábamos 30, 40, 50 días para el siguiente, mientras estábamos parados, sin poder trabajar de la pesca”, sostiene.

La historia se repite

El 20 de diciembre de 2024, en Perú se reportó una nueva emergencia ecológica por derrame de petróleo. Esta vez, la responsable no fue una compañía privada como Repsol, sino la empresa estatal Petroperú, adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

El punto de la gran fuga de crudo fue la refinería de Talara, en Piura, región ubicada en la costa norte peruana y en dirección al Ecuador. El petróleo se dispersó hasta en cinco playas del distrito de Lobitos, contaminando unos 10.000 metros cúbicos.

Días después del derrame, el gerente de Petroperú, Óscar Vera, fue atacado por ciudadanas indignadas: le lanzaron petróleo durante una visita a Lobitos. Los pescadores y comerciantes tuvieron que parar sus actividades en la zona afectada y no han recibido indemnizaciones a la fecha. El Ministerio de Energía y Minas no respondió para este reportaje.

Las sanciones sin concretarse

En 2022 el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) identificó que las personas afectadas por el desastre ecológico de ese año sumaban 15.589. Estas habitan los distritos de Callao, Ventanilla, Aucallama, Chancay, Ancón y Santa Rosa. Por iniciativa del Gobierno peruano, el Indeci se encargó de registrar, junto con información de las municipalidades señaladas, a cada persona cuyos medios de vida hubieran sido dañados por el desastre. En total, hubo 10.186 personas empadronadas en un registro único.

“Todas las personas que estamos en el padrón único de afectados estamos en una incertidumbre total. Los resultados, a través de los informes que hace el Estado, muestran que persiste la contaminación de crudo. Pero la empresa Repsol cerró su vínculo con los afectados a través de transacciones extrajudiciales que firmamos con ella. El Estado no es firme, no hace respetar sus informes ambientales y, prácticamente, la empresa se zurra en el perjuicio. Estamos desamparados”, afirma el pescador Luis Garrido.

 

 

En octubre de 2024, el Congreso de la República aprobó que, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, se creara un registro único consolidado de personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos. En su exposición de motivos, el proyecto sentencia que, de esa manera, se administrarían correctamente las indemnizaciones tras eventos como el de Repsol. El Ejecutivo no promulgó la norma y la devolvió al Parlamento, que finalmente la publicó por insistencia.

Por otro lado, está el daño ambiental. Un estudio de la ONU arrojó que el mar peruano seguirá contaminado de seis a diez años por el derrame de Repsol. Solo en las semanas posteriores a la tragedia murieron cerca de 900 especies de animales; en su mayoría, aves: pingüinos de Humboldt, zarcillos, pelícanos, gaviotas, piqueros y golondrinas. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Perú estableció que, en total, 1.855 animales fueron víctimas mortales directas del vertido de crudo.

Contra Repsol el Ministerio del Ambiente peruano, a través de su Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició 16 procedimientos administrativos sancionadores. En su mayoría, los procesos están sustentados en el incumplimiento de acciones preventivas, la falta de respuesta inmediata ante la alerta y la entrega de información falsa por parte de la compañía. De estos, cinco han concluido en multas por un total de 64.805-996 soles (equivalentes a unos 17 millones de dólares). De acuerdo con OEFA, la petrolera ha cancelado este monto, pero adeuda el de otras siete multas, ascendentes a un total de 69.554-221 soles (cerca de 19 millones de dólares). Además, hay otros tres procesos sin sentencia y uno archivado.

Hemos contactado a las autoridades de Repsol en Perú para pedirles su versión de los hechos pero no han respondido a las solicitudes.

Por su parte, el Ministerio de Salud peruano precisa que ninguna de sus entidades adscritas pueden realizar vigilancia sanitaria sobre las zonas afectadas. De acuerdo con su explicación, primero OEFA debe establecer que las playas se encuentran rehabilitadas, lo cual no ha ocurrido pasados tres años del derrame. “Es como si las playas estuvieran bloqueadas hasta que OEFA quite esa determinación (es decir, las declare aptas para las personas)”, dijo una fuente del sector sanitario.

Yo he visto y sentido que tanto el Estado como Repsol creían que nosotros éramos ‘pobrecitos’, ‘mendigos’ que no íbamos a reclamar por Justicia

Pero las indemnizaciones para las personas perjudicadas no tienen ningún proceso de respaldo. Miguel Núñez sabe que hay organizaciones interesadas en judicializar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sueña con el día en que el tribunal supranacional establezca sanciones y montos de reparación contra Repsol. Sin embargo, es consciente de lo lejano que eso se ve y de lo infructuosa que podría resultar esa espera.

“Claro, son casos que toman años. Pero hay que tomar en cuenta que ya son tres años desde que ha ocurrido. Hay que tener paciencia, más que nada. Yo he visto y sentido que tanto el Estado como Repsol creían que nosotros éramos ‘pobrecitos’, ‘mendigos’ que no íbamos a reclamar por Justicia. Yo agradezco a Dios que tengo muchas habilidades. Esto me sostiene ahora”, resalta Núñez, quien hasta hoy se resiste a firmar el acuerdo extrajudicial de 65.000 soles (unos 17.400 dólares) con el que la multinacional busca detener un proceso judicial. De sus 240 compañeros agremiados a ASPEFAEA, 150 han cedido al ofrecimiento de la compañía.

Núñez da saltos entre las peñas de la playa Cavero, donde sabe que, por necesidad, algunos de sus colegas aún pescan lo que pueden pese a la prohibición. En medio de la basura dispersa sobre la arena, dice sentirse privilegiado por tener otros trabajos —el de los cerdos, principalmente— que le permiten subsistir. Mantiene, además, aficiones de paso, como mirar con atención cada objeto arrojado en el suelo o devuelto por el mar. Lo hace seguido porque, dice, a veces encuentra pedazos de madera reutilizables. Los buenos los recolecta para confeccionar arpas andinas. El arpa es un instrumento que se toca en funerales para despedir a un ser querido. Núñez se ha despedido del mar.