Este viernes 11 de octubre, el gremio de transportistas de Perú, que lleva a cabo un paro desde el jueves en Lima, la capital, anunció que las manifestaciones continuarán hasta al menos el sábado 12 de octubre. Las personas que protestan, incluidos algunos sectores comerciantes, empresariales y de la ciudadanía, denuncian un grave repunte de violencia a manos del crimen organizado y la falta de eficacia de las autoridades peruanas al atender esta crisis de seguridad. 

Desde el jueves 10 de octubre tiene lugar en Lima, la capital peruana, un paro del sector transportista que se manifiesta por el aumento de la inseguridad, casos de extorsión y el cobro de cupos.

Este viernes 11 de octubre, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmó que las manifestaciones continuarán hasta al menos el sábado 12 de octubre. 

Según Palomino, uno de los principales objetivos de las protestas es derogar la Ley 32108, una controvertida norma sobre el crimen organizado. 

Desde que entró en vigor, esta controvertida medida modifica disposiciones del Código Penal y la Ley contra este tipo de acciones delictivas, señalada por analistas y locales por crear incentivos para el aumento de actividades criminales tras limitar la aplicación de normas que sancionan a organizaciones criminales y, por ende, pueden llegar a propiciar el aumento de delitos, como el sicariato y la extorsión, así como una mayor impunidad. 

“El paro sigue (…) Se tiene que derogar sí o sí. La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer, no tiene voluntad política. Por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población. Este es un clamor del pueblo”, señaló Palomino a la prensa local.

En paralelo, el líder transportista arremetió contra Juan José Santiváñez, ministro del Interior peruano, por presuntamente referirse a los manifestantes como “terroristas”. 

“Se hace de público conocimiento que el ministro del Interior nos está tildando de terroristas. No somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano”, agregó. 

Al menos 13 manifestantes han sido detenidos y la presidenta peruana, Dina Boluarte, prometió que su Gobierno derrotará la delincuencia y la inseguridad, denunciada en la huelga, del mismo modo que su país acabó con la banda terrorista Sendero Luminoso.

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Las medidas frente al paro de transportistas

Ante esta nueva jornada de manifestaciones, este viernes varios organismos públicos y autoridades locales emitieron comunicados, dieron informes sobre la movilidad en las zonas y compartieron medidas para la población local. 

La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó que la demanda de usuarios está controlada en las diferentes estaciones del Metropolitano -sistema de autobuses limeño-, mientras que afirmó que la Policía y el Ejército se encuentran velando por la seguridad de los pasajeros. 

En cuanto al Ministerio de Trabajo peruano, la institución le pidió a los trabajadores del país priorizar el trabajo virtual, además de solicitar que a las personas que presenten inconvenientes en sus horarios laborales se les den dos horas de tolerancia en el tiempo de inicio de sus funciones. 

Este organismo también hizo énfasis en que por ningún motivo las demoras sean consideradas como una tardanza injustificada. 

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana decretó que las clases escolares se lleven a cabo este viernes de manera remota en las instituciones educativas públicas y privadas limeñas. 

Al mismo tiempo, el jefe de la Región Policial Lima, el general Luis Felipe Monroy, aseguró que se garantizarán la libertad de expresión, de libre tránsito y de protesta de todo ciudadano. Sin embargo, también dejó claro que van a ser “contundentes y firmes con aquellos que quieran trastocar el normal desarrollo de las actividades”. 

Monroy también explicó este viernes que la Policía está desplegada desde las 4 a.m., hora local, en los diversos puntos de la ciudad donde se prevén manifestaciones y paros. El general también sostuvo que el jueves, en el primer día del paro de transportistas, se registraron 8 incidentes que provocaron la detención de al menos 21 personas. 

Gustavo Adrianzén, primer ministro de Perú, ha dicho que la protesta ha sido “politizada”, mientras que acusó al sector de transportistas urbanos de intentar chantajear al Gobierno para obtener nuevas rutas y que se les sean eliminadas presuntas multas. 

Luego de que la semana pasada se llevara a cabo una primera protesta, que contó con apoyo de varios gremios empresariales y parte de la ciudadanía, el Ejecutivo peruano declaró en estado de emergencia a 13 de los 43 distritos de Lima y uno en la ciudad aledaña de Callao, por un término de 60 días. 

"En Perú ya no se puede confiar en nadie"

El jueves 10 de octubre, Aricel Guevara, una joven artista, marchó hasta la sede del Congreso peruano para denunciar que había sido víctima de extorsión y que en “Perú ya no se puede confiar en nadie”, señaló. 

Las palabras de Guevara son el común denominador del descontento ciudadano y de los gremios transportista, comercial y empresarial en Perú. Para ella, no se puede confiar “ni en la Policía ni en el Gobierno”. 

"Soy madre de una niña, he cancelado mis contratos hasta fines de enero por extorsión, me siento amenazada, muy triste, porque también estoy aterrada, me andaban buscando", explicó conmocionada la artista.

La delincuencia ha desbordado todos los parámetros 

Al mismo tiempo, Luz Fernández Zurita, una ciudadana que afirmó no ser parte de alguna de las organizaciones del paro, afirmó que el motivo por el que se manifestó es “decirle a la presidenta y al ministro del Interior que se preocupen por la gente, que está viviendo mucha inseguridad, que no hagan oídos sordos, que hagan leyes, pero a favor del pueblo". 

Por su parte, también durante las manifestaciones del jueves, José Campos, un dirigente nacional de los mercados de abastos de Perú, enfatizó en que “la delincuencia ha desbordado todos los parámetros”, y que ante esa situación, el Gobierno “no puede controlarla”.

Con EFE y medios locales