El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar a 30.000 indocumentados a Guantánamo se aceleró esta semana con la llegada de los primeros vuelos a Cuba. Pero su viabilidad está siendo cuestionada, tanto desde el punto de vista legal, debido a que la isla es de difícil acceso para los abogados, como desde el financiero, ya que podría costar miles de millones de dólares. 

El tono de lo que serán los cuatro años de Gobierno de Donald Trump está claro. El presidente de Estados Unidos indicó que planea enviar a los inmigrantes ilegales a la prisión de Guantánamo. "Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para recluir a los peores criminales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense", aseguró el mandatario.

Aunque Guantánamo es más conocida por haber sido utilizada como prisión para 800 presuntos terroristas tras los atentados del 11 de septiembre, el lugar cuenta con una instalación separada que ha sido empleada durante mucho tiempo para recluir a migrantes, principalmente los procedentes de Haití y Cuba que son interceptados en el mar.

"Este es el lugar perfecto para acoger a los migrantes que abandonan nuestro país, pero también a los criminales empedernidos", afirmó el lunes 3 de febrero Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, al destacar las virtudes de la estancia en Guantánamo para las personas que se encuentran a la espera de ser deportadas.

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Una prisión de sórdida reputación 

Con el paso del tiempo, esta prisión ha ganado una terrible reputación por las violaciones a los Derechos Humanos y los casos de tortura reportados sobre su funcionamiento, por lo que el anuncio de Trump provocó reacciones inmediatas entre diversas organizaciones.

La orden ejecutiva firmada por Trump "envía un mensaje claro: los migrantes y solicitantes de asilo son considerados la nueva amenaza terrorista, merecedores de ser arrojados a una prisión en una isla, privados de servicios y apoyos legales y sociales", señaló a través de un comunicado Vince Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, quien aseguró que emprenderá acciones legales para impugnar la propuesta del presidente estadounidense.

Los grupos defensores de los Derechos Humanos llevan mucho tiempo reclamando el cierre de esta prisión y, hasta el anuncio de Trump, estaban muy cerca de conseguirlo. Al final de su mandato, Joe Biden había llegado a transferir a 11 detenidos a Omán, con lo que solo quedaban solo 15 presos en Guantánamo, entre ellos el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Jalid Sheij Mohammed.

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Acoger a 30.000 migrantes sería "logísticamente imposible"

El martes 4 de febrero, mientras llegaban los primeros vuelos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono seguían intentando determinar si era legal enviar migrantes a Guantánamo, de acuerdo con lo reportado por medios locales como CNN que citaron a funcionarios estadounidenses. Sobre el caso, varios expertos jurídicos y militares ya han expresado su escepticismo ante la propuesta, y algunos afirman que es sencillamente inviable.

El anuncio de Trump sobre el traslado de migrantes a Guantánamo "es un espectáculo que sirve para impresionar a su base política y tal vez para intimidar a otros y evitar que entren ilegalmente en el país", afirma Richard Painter, abogado y asesor de ética de la Casa Blanca durante la Administración del expresidente George W. Bush.

Se trata de un "truco político" diseñado para que la Administración de Trump parezca dura en materia de migración, precisó Wells Dixon, asesor principal del Centro de Derechos Constitucionales. 

Ante la carencia de la infraestructura necesaria para acoger a los migrantes, el Gobierno de Trump sigue en conversaciones con contratistas privados para construir las instalaciones necesarias, según lo informado por CNN.

Acoger a 30.000 migrantes sería "logísticamente imposible", a los ojos de Annie Morgan, abogada militar que ha defendido a detenidos de alto nivel de Guantánamo.

A la luz de las evidencias, el centro de operaciones para migrantes, separado del campo de detención y de la base naval estadounidense, solo dispondría actualmente de 130 camas, cuatro de las cuales están ocupadas.

Para Vincent Chetail, director del Centro Global de Migración de Ginebra, el programa de Trump es "más retórica política que estrategia jurídica sofisticada".

El verdadero propósito del anuncio de Guantánamo es "provocar el caos y sembrar el terror en las comunidades de migrantes" amenazando con enviar a los indocumentados a un lugar "conocido en todo el mundo por sus torturas", afirmó Welles Dixon.

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Un costo de 13 millones de dólares por preso

Uno de los principales problemas es el desorbitado costo de alojar a los detenidos en Guantánamo, que, según los funcionarios de la Administración, será supervisado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El plan no solo requiere una ampliación masiva de las instalaciones, sino que Guantánamo depende totalmente de los suministros de Estados Unidos por aire y mar. Como el Gobierno de La Habana considera que la base estadounidense está situada ilegalmente en su territorio, la instalación permanece aislada de la economía cubana y tiene que pagar para generar su propia electricidad y desalinizar el agua.

"Si la Administración quiere seguir por este terrible camino, tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero en construir alojamientos para los nuevos prisioneros, ya que actualmente no existe ninguno", declaró Alka Pradhan, asesora de Derechos Humanos de las comisiones militares de Guantánamo.

Para el abogado Richard Painter, adoptar este método "costará mucho más que detener a los migrantes en Estados Unidos antes de deportarlos".

De acuerdo con el recuento hecho por el diario The New York Times, el costo total de mantener presos en Guantánamo superó los 540 millones de dólares en 2019, es decir, unos 13 millones de dólares por preso, lo que lo convierte probablemente en "el programa de detención más caro del mundo".

Aunque actualmente se desconoce el costo de alojar a 30.000 migrantes, el centro pensamiento político Niskanen estima que ascenderá a miles de millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

Aunque el terreno sobre el que se asienta la base forma parte del territorio soberano de Cuba, está arrendado a perpetuidad a Estados Unidos y se encuentra bajo su "jurisdicción y control exclusivo". El inusual estatus de Guantánamo presenta, por tanto, cierto grado de "ambigüedad legal en cuanto a los derechos de los no ciudadanos detenidos allí", explica Richard Painter.

Esta ambigüedad jurídica ha suscitado la preocupación de que los migrantes puedan ser retenidos allí indefinidamente, sobre todo si resulta difícil repatriarlos.

A diferencia de los detenidos trasladados en avión desde Afganistán, los migrantes encarcelados en Guantánamo deben gozar de los mismos derechos constitucionales que tendrían en suelo estadounidense, aunque hayan entrado ilegalmente.

"La legislación estadounidense es clara: un migrante trasladado desde Estados Unidos se lleva consigo todos los derechos constitucionales que tendría en Estados Unidos", confirmó Wells Dixon, especializado en impugnar detenciones ilegales en Guantánamo.

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Un agujero negro jurídico

La pregunta que está sobre la mesa ahora es: ¿espera la Administración poner a los migrantes en el mismo agujero negro legal en el que se han encontrado los detenidos por terrorismo? En cualquier caso, se está aprovechando de la lejanía geográfica de Guantánamo "en el sentido de que es una instalación militar remota, en alta mar", y por tanto de más difícil acceso para los abogados, señala Wells Dixon. Por lo cual, sería todavía más difícil para los órganos de vigilancia controlar las condiciones de retención.

Al anunciar su plan, Trump pareció reconocer que los migrantes enviados a la isla podrían permanecer allí indefinidamente: "Algunos de ellos son tan malos que no confiamos en que sus países los retengan. Como no queremos que vuelvan, vamos a enviarlos a Guantánamo", declaró el líder republicano. 

En respuesta a una pregunta formulada el domingo en el programa 'Meet the Press' de NBC, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los migrantes detenidos en Guantánamo tendrían los mismos derechos y acceso a asistencia jurídica que si estuvieran en Estados Unidos: "Se respetará el debido proceso". 

Noem también aseguró que no había planes para detener indefinidamente a los migrantes en Guantánamo: "Ese no es el plan".

Hasta la fecha, algunos detenidos llevan recluidos en Guantánamo más de veinte años y todavía no han tenido derecho a juicio.

Este artículo fue traducido de su versión en francés