A pesar de las masivas movilizaciones que se llevaron a cabo en Argentina el 2 de octubre, Milei finalmente decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso, que destina aumentos presupuestarios para el funcionamiento de las universidades públicas, así como una mejora salarial para los docentes y el personal no docente. ¿Cómo se encuentra la situación de las universidades, por qué la cuestión de la educación pública incomoda al Gobierno y cuál es el próximo paso en el trámite parlamentario? 

“Mi abuelo, mi mamá y mi hermano se graduaron de la universidad pública. Yo quiero hacer lo mismo”, dice Florencia, en medio de una multitud que, por segunda vez en el año, se concentró en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para hacerle saber al presidente Javier Milei que la educación pública, gratuita y universal es un derecho que no están dispuestos a perder.

Al igual que en abril, miles de personas marcharon este miércoles 2 de octubre en diferentes puntos de Argentina para exigir mejoras salariales para los docentes y un mayor financiamiento para las universidades públicas, pocas horas antes de que Milei vetara finalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso el 13 de septiembre.

El proyecto, que ahora regresará al Legislativo, contempla un aumento en las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades públicas, así como una actualización de los salarios de los docentes y del personal no docente.

Según datos de los informes de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los primeros ocho meses de 2024, las transferencias a las universidades sufrieron una caída del 30,1% en términos reales (sin considerar el efecto de la inflación) en relación con el mismo período de 2023.

Además, se observa que el presupuesto asignado para las universidades en 2024 es un 31,5% menor, en términos reales, que el ejecutado en 2023.

Los recortes han impactado significativamente en los salarios de los docentes y del personal no docente, quienes han sufrido una pérdida cercana al 33% de su poder adquisitivo desde la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN).

Si no hay salarios, no hay docentes y sin docentes no hay universidad

Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, los salarios universitarios aumentaron un 89,5%, de acuerdo con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), frente a una inflación acumulada del 153,1%.

“Con los salarios actuales, el 85% de la planta docente se encuentra por debajo de la línea de pobreza. No podemos seguir dando clases en estas condiciones. Ya perdimos 55 puntos porcentuales desde diciembre. Si no hay salarios, no hay docentes y sin docentes no hay universidad”, afirma la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).

En este contexto, Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostiene que “el Gobierno tiene un plan sistemático, metódico y gradual para la destrucción de la educación pública”.

Y es que Milei ha manifestado en varias oportunidades su rechazo a la educación pública y las ha acusado de “adoctrinar” y “lavar cerebros”.

El presidente considera que el mejor modelo es el privado y en su ideal está introducir para la educación universitaria un sistema de vouchers, como el implementado en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“¡Promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!”

Al cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), leyó un documento titulado ‘La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia’.

El texto instaba a Milei a promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y ponía el foco en la reducción del financiamiento universitario, la caída de los salarios de los docentes, el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico argentino y las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes para sostener sus estudios, entre otros aspectos.

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“El presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡Promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!”, exclamó Fernández de Piccoli ante las 270.000 personas, según cálculos del diario 'La Nación'.

De acuerdo con los firmantes —la FUA, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional— la Ley de Financiamiento Universitario “le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario”.

A modo de anticipo del veto, la presidenta de la FUA instó a los representantes en el Congreso a sostener la ley e introducir modificaciones al proyecto del Presupuesto 2025 para “otorgar a la universidad y a la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento”.

“Sigamos defendiendo a la universidad pública gratuita, libre, laica, siempre. No al veto”, concluyó.

Marchas apartidarias

Como ocurrió en abril, la marcha del miércoles reunió a miles de personas con distintas posturas políticas, incluidos votantes de Milei que se oponen al recorte de fondos para las universidades.

Para Esteban Lafuente, periodista de 'La Nación' y egresado de la UBA, que asistió a la primera marcha, “la educación pública es un tema muy sensible para la sociedad”. 

“No son marchas opositoras o políticas, como lo plantea el Gobierno. En ambas, había mucha gente que incluso había votado a Milei y que estaba allí oponiéndose al recorte de fondos para las universidades”.

Según el licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y estudiante de maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la sociedad ve en el acceso a la universidad y a la educación superior “un camino de progreso social que se busca mantener”, y por eso aglutina y escapa a ideologías políticas.

“En todos los gráficos relacionados con la integración al mercado laboral, la incidencia de la pobreza y otros aspectos, se observa que, en los segmentos que tienen acceso a la universidad y completan estudios universitarios, las condiciones de vida, el acceso al mercado laboral, el empleo y los ingresos son superiores”, señala Lafuente a France 24.

“La primera gran agenda que el Gobierno debe atender”

Por su parte, Samantha Olmedo, consultora política especializada en opinión pública y coordinadora académica en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), afirma que la educación pública es la primera agenda que el Gobierno no ha impulsado por iniciativa propia.

“Hasta ahora, el Gobierno venía impulsando la mayoría de las agendas, achicando los intentos de la oposición por entrar en la conversación. Pero es tanta la cantidad de gente atravesada por la universidad pública que los políticos que participan son uno más, como los famosos que apoyan y amplifican el mensaje”, explica a France 24.

Con respecto a la posición de Milei ante esta cuestión, Olmedo considera que las discusiones con el Congreso lo "empoderan", aunque señala que esto tiene “sus pros y sus contras”. 

"Lo que el presidente debe comprender es que tratar al Congreso bajo una lógica dicotómica de amigo-enemigo lo perjudica. A veces negociarán, otras acordarán, y en ocasiones, el Congreso será un escudo legislativo frente a un veto. Es difícil que el ciudadano entienda estos mecanismos si se los demoniza", agrega.

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Los arrepentidos, por ahora, lo son principalmente por cuestiones económicas

Pese a que las encuestas muestran que la gente se opone a los recortes en jubilaciones, salud y educación, la aprobación de Milei está disminuyendo "pero muy lentamente", según la experta.

"Todavía no es un parteaguas claro. Los arrepentidos, por ahora, lo son principalmente por cuestiones económicas, no por estas decisiones".

“La educación pública no es una prioridad”

En diálogo con France 24, Federico Jorge Cermelo, abogado especialista en Ciberseguridad de la Fundación Metropolitana y exdirector del Observatorio de Familia y Juventudes, sostiene que el Gobierno no tiene demasiado interés en defender la educación pública. 

“En este lapso de gestión, el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades ha disminuido claramente, y los salarios de los docentes se han depreciado en más de un 50% en lo que va del año. Esto significa, de manera clara, que la educación pública no es una prioridad”, comenta.

Sin embargo, en contraste con la postura del Gobierno, considera que la sociedad tiene “una imagen muy positiva de la universidad pública”.

“Según los números que he visto, es la institución del Estado más valorada por la sociedad. Por lo tanto, me parece que hay un acto de defensa por parte de la sociedad en general para proteger una de las instituciones públicas que realmente funcionan bien. Este es un mensaje al Gobierno: ‘la universidad es importante, es una prioridad para nosotros y queremos que esto siga igual o mejor’”.

“Irresponsable proyecto”

Horas después de finalizar la marcha, el Gobierno, a través de la Oficina del Presidente, anunció que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, lo que finalmente se consumó en la madrugada del jueves 3 de octubre.

“El presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”, inicia el comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

El Ejecutivo apuntó contra los legisladores que habían aprobado el proyecto y los acusó de “hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos”.

Asimismo, denunció que las marchas eran “políticas” y criticó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió por participar de las mismas “con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”. También afirmó que consolidan “un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

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“Esta Administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, concluye el comunicado.

Cómo sigue el trámite parlamentario

Con el veto del Ejecutivo consumado, el proyecto deberá volver a Diputados para ser debatido nuevamente. La oposición necesita los dos tercios de los votos tanto en la Cámara Baja como en el Senado para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley.

A diferencia de lo sucedido con la ley de movilidad jubilatoria, cuando el Gobierno consiguió que la Cámara de Diputados respaldara su veto, en esta ocasión no cuenta con los 87 votos asegurados para que se repita ese proceso. Se baraja que algunos legisladores radicales que en aquel entonces ayudaron a blindar el veto no lo harán nuevamente, mientras que la estrategia del PRO se presenta como una incógnita.

La oposición planea solicitar una sesión especial el miércoles 9 de octubre para intentar revertir el veto de Milei.

A Julián, un joven de 18 años que asistió a la marcha y cursa su primer año de la carrera de Derecho en la UBA, le preocupa lo que pueda suceder en el Congreso, pero tiene una convicción firme: “No nos rendiremos; seguiremos defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad”.