La disputa entre los líderes del oficialismo boliviano, el expresidente Evo Morales y el jefe de Estado, Luis Arce, golpea la economía de los bolivianos con un bloqueo de carreteras que este viernes 1 de noviembre cumple 19 días, con miles de damnificados y pérdidas por más de 1.700 millones de dólares, igual al 3,7 % del Producto Interior Bruto (PIB).

 

Los seguidores de Morales impulsan el bloqueo contra Arce para que acepte su candidatura por el oficialismo en 2025 y se suspendan las diferentes investigaciones en su contra.  En tanto, que el Gobierno ha impulsado varios juicios contra Morales, entre ellos uno por estupro, trata y tráfico, y recurrirá a los militares para el desbloqueo.

La pelea se ha agravado con la denuncia de Morales de que agentes policiales intentaron asesinarlo el fin de semana atacando a tiros sus vehículos en la zona cocalera del Chapare, mientras que el Gobierno lo niega y acusa al exmandatario de haber huido de un puesto de control antidroga y de haber disparado contra un coche policial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado investigar con la “debida diligencia” la denuncia del “ataque armado” contra los vehículos de Morales y ha solicitado a las autoridades a que, en el actual contexto de tensiones sociales y políticas, garanticen “los derechos humanos, actuando oportunamente para atender puntos de conflicto y prevenir la violencia”.

“Los perjuicios de este bloqueo son devastadores”

El propio presidente Arce informó que el número de heridos durante las protestas en los bloqueos había llegado a 70, de los que 61 eran policías y el resto, civiles. Además, calculó que las pérdidas ascendían a 1.700 millones de dólares.

El escenario se complica día que pasa y ha motivado pronunciamientos de sectores sociales, empresariales, políticos y religiosos para que los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) cesen en su pelea y el Estado actué para despejar las carreteras.

En ese sentido, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió en las últimas horas que el aumento de la pobreza, el cierre de empresas “y la inflación incontrolable no se pueden enfrentar ni prevenir si los líderes continúan optando preferentemente por la lucha por el poder y la división del país”.

“Los perjuicios de este bloqueo son devastadores”, agregó en un comunicado la institución patronal, que agrupa a 28 sectores. 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que asesora a los exportadores, dijo que el sector fue afectado por pérdidas estimadas en 200 millones de dólares, mientras que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) calculó que el daño económico a su sector fue de poco más de 300 millones de dólares.

Los bloqueos agravaron los problemas que ya vivía el país  como la escasez de dólares, de combustibles y la inflación acumulada a septiembre se situó en 5,53 %, que es la más alta en una década.

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“Va a haber un ganador y un perdedor”

La escalada del conflicto tuvo otra escaramuza con el llamado de Morales a ministros y embajadores a renunciar para que “no sean cómplices del peor gobierno de la historia”, lo que fue rechazado por los colaboradores de Arce.

No obstante, la pelea parece estar entrando a los momentos definitivos para ambos líderes, tras más de dos años de haber comenzado la fractura oficialista sin opción de una solución dialogada. 

En ese sentido, la politóloga María Teresa Zegada señaló a France 24 que el partido gobernante pudo haber resuelto sus problemas de forma interna con primarias o en congresos partidarios, pero que ha llegado al extremo de afectar al conjunto del territorio nacional.

“De esta disputa va a haber un ganador y un perdedor. Ya casi es impensable un escenario de acuerdo entre los dos sectores para compartir el poder, generar una alianza o buscar un tercer candidato. A estas alturas no es posible”, subrayó la analista política.

A juicio de Zegada, si Arce logra controlar la situación y utiliza los resortes de la Constitución “para neutralizar el liderazgo de Morales, ya sea con los argumentos legales o por la vía de la coerción significaría el apresamiento o la huida de Morales y su derrota”.

Por su parte, la también analista Erika Brockmann indicó que, si Arce finalmente dicta por decreto un estado de excepción en la zona de Cochabamba para facilitar la intervención de los militares, debe hacer todo lo posible para evitar la violencia extrema.

No obstante, advirtió, que desde el año 2000, “los estados de sitio y de excepción, que son autorizados por nuestra la Constitución, no han funcionado y eso demuestra la debilidad del Estado”, ya que siempre son resistidos con más protestas y conflictos.

La analista abogó porque el país “no caiga del sartén a las brasas” y que, respetando a la democracia, se evite más conflictos y se garantice que “Arce continúe en el gobierno” para no reproducir nuevamente un ciclo de inestabilidad como el vivido en 2019.

En Bolivia, la vigencia del estado de excepción debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa hasta 72 horas después de haber sido decretado, pero en esa instancia el Gobierno tiene minoría frente a la oposición y el “evismo”.

No obstante, según legisladores, Arce también puede recurrir a un decreto que permite disponer la movilización de los militares cuando la Policía es rebasada en el control de la seguridad interna.

Según los medios estatales, el operativo de desbloqueo comenzó a realizarse en el centro del país con la intervención policial.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo en sus redes sociales que “ante los graves daños de bloqueo, la paciencia y tolerancia tienen límites”.

Apuntó que el Estado y el Gobierno se vieron obligados a tomar “acciones interinstitucionales garantizando la libre circulación dejando los caminos expeditos” para frenar los daños a la economía y garantizar los derechos a la salud y la vida de la población.

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