Al menos 27 organizaciones religiosas presentaron el martes 11 de febrero una demanda que exige mantener a los agentes de inmigración fuera de los lugares de culto. El grupo -que incluye a cristianos, judíos reformistas, bautistas, presbiterianos y cuáquero- busca que se reinstauren las directrices que protegen a escuelas, hospitales e iglesias de redadas migratorias.

Un total de 27 organizaciones que representan grupos religiosos en Estados Unidos introdujeron este martes 11 de febrero una demanda en el Distrito de Columbia (Washington) contra funcionarios y agencias del Gobierno solicitando la protección de centros y lugares de culto como exentos de mandato para el cumplimiento de órdenes relacionadas con redadas y arrestos por parte de agentes de Migración.

El grupo, que incluye a grupos cristianos de diversas denominaciones, judíos, presbiterianos y cuáqueros, entre otros, pide a la Justicia que reinstaure las directrices que protegen a escuelas, iglesias y hospitales de operaciones por parte de agentes de fuerzas u organismos de seguridad o de la ley en sus instalaciones.

Desde la toma de posesión de Donald Trump y la firma de órdenes ejecutivas dirigidas a hacer cumplir su promesa de deportar a miles de migrantes, muchos feligreses han dejado de acudir a las iglesias y han optado por seguir los servicios religiosos en línea por temor a las redadas.

La demanda de este martes se suma a otra presentada el 27 de enero por grupos cuáqueros para intentar impedir que los agentes de inmigración practiquen arrestos y ejecuten registros en lugares de culto, después de que el Gobierno del presidente Donald Trump rescindiera el 20 de enero las directrices que protegían a las iglesias y escuelas de su campaña de deportaciones masivas.

Estas directivas estaban en vigor desde que el presidente Joe Biden (2021-2025) promulgó órdenes que establecían una serie de "áreas protegidas" donde las redadas estaban prohibidas.

El presidente Donald Trump prometió deportar a millones de personas indocumentadas, y el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el cambio de política significaría que las personas indocumentadas ya no podrían permanecer en las iglesias para evitar ser arrestadas.

El grupo demandante argumenta que la atención y el cuidado a todas las personas, sin distinción de donde nacieron, "con atención, amor y dignidad" forma parte de los preceptos o pilares que rigen su fe y que —por tanto— acoger, recibir y atender al extranjero y migrantes es una parte esencial de su práctica religiosa.

Además, las organizaciones afirman que las órdenes emitidas por la nueva Administración del presidente Donald Trump vulneran la libertad religiosa, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al Gobierno interferir en las actividades de culto y citan como ejemplo operaciones de arrestos practicados en iglesias y centros durante las primeras semanas desde la entrada de Trump a la Casa Blanca.

Según el documento presentado:

"Las congregaciones y los miembros de los demandantes se enfrentan a un riesgo inminente de acciones similares de aplicación de las leyes de inmigración en sus lugares de culto. En consonancia con su vocación de acoger y servir a todas las personas, muchas de ellas tienen feligreses indocumentados y muchas ofrecen servicios sociales —como despensas de alimentos y ropa, clases de inglés como segunda lengua («ESL»), asistencia jurídica y servicios de formación laboral— en sus iglesias y sinagogas que atienden a personas indocumentadas".

"Una medida de aplicación de las leyes de inmigración durante los servicios religiosos, el trabajo ministerial u otras actividades de la congregación sería devastadora para su práctica religiosa. Destrozaría el espacio consagrado del santuario, frustraría el culto comunitario y socavaría el alcance del servicio social que es fundamental para la expresión religiosa y la práctica espiritual de las congregaciones y los miembros de los demandantes", agrega.

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Iglesia versus Estado

Las 27 organizaciones demandantes pertenecen a diversas denominaciones, como bautistas, judíos conservadores y reformistas, evangélicos y luteranos, entre otras. Sin embargo, todas coinciden en una misma creencia: "Todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios y merece dignidad, cuidado y amor".

Los demandantes representan un sector amplio de fieles estadounidenses, incluidos más de un millón de seguidores del judaísmo reformista, los aproximadamente 1,5 millones de episcopales en 6.700 congregaciones en todo el país, casi 1,1 millones de miembros de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) y aproximadamente 1,5 millones de miembros activos de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, la denominación predominantemente negra más antigua del país, según apunta la agencia AP.

También se encuentran la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), con más de 3.000 congregaciones en todo Estados Unidos; la Iglesia de los Hermanos, con más de 780 congregaciones; la Convención Bautista Hispana de Texas, que abarca alrededor de 1.100 iglesias bautistas hispanas; la Conferencia General de los Amigos, una asociación de organizaciones cuáqueras regionales; la Iglesia Menonita de EE. UU., con alrededor de 50.000 miembros; la Asociación Unitaria Universalista, con más de 1.000 congregaciones; la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, con más de 500 congregaciones estadounidenses; y ramas regionales de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Unida de Cristo.

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Entre los señalados ​​en la demanda figuran el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de control de inmigración: el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras; y el Servicio de Inmigración y Aduanas; así como los titulares de las agencias u organismos: Kristi Noem, la recién confirmada secretaria de Seguridad Nacional; Pete Flores, comisario de Aduanas y Protección de Fronteras; y Caleb Vitello, director del Servicio de Inmigración.

Antes de la orden ejecutiva de Trump, los agentes de migración solo podían entrar en un lugar de culto en circunstancias extremas. "Lo que cambia con la revocación de esa medida es que ahora pueden ingresar en cualquier momento para llevar a cabo una acción de control migratorio", afirmó Kelsi Corkran a la agencia EFE.

Corkran es abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Universidad de Georgetown y una de las juristas que participó en la redacción de la demanda.

La profesora Cathleen Kaveny, que enseña en el Departamento de Teología y la facultad de Derecho del Boston College, duda de si los demandantes prevalecerán en la corte con el argumento de la libertad religiosa, pero sugirió que la Administración Trump podría ser imprudente al ignorar la visión tradicional de las casas de culto como lugares de santuario para personas vulnerables:

 “Estos edificios son diferentes, casi como embajadas”, dijo a The Associated Press (AP). “Pienso que las iglesias pertenecen a un país eterno”.

"Patrullas comunitarias" surgen en California contra redadas

En San Diego, California, grupos de migrantes y residentes legales han comenzado a organizarse en llamadas "patrullas comunitarias", grupos que recorren y monitorean áreas residenciales de la ciudad para alertar vía redes sociales de la presencia de agentes de inmigración en posibles operaciones de captura o detenciones de migrantes.

Los grupos -integrados mayoritariamente por latinoamericanos- recorren vecindarios en vehículos marcados y se comunican con otros miembros de manera coordinada para informar a comunidades de posibles redadas. El grupo afirma que busca evitar que migrantes sin registros o antecedentes judiciales caigan detenidos en alguno de estos procedimientos practicados por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) o sus dependencias.

Adriana, una activista de la región, asegura a la agencia EFE que el trabajo de la patrulla no obstaculiza ni interrumpe operaciones planificadas por ICE contra inmigrantes con pasado criminal. "La intención es avisar a las familias trabajadoras, porque los agentes no solo buscan a una persona en específico, como antes hacían, sino que se lanzan hacia toda la comunidad", añade la activista.

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"Cuando ICE dice que va por un objetivo, se refiere a una persona sobre la que ya ha reunido inteligencia; pero sucede que ahora llegan en grupos antes del amanecer por vecindarios donde a esa hora salen a trabajar muchos miembros de la comunidad que laboran en servicios, en hoteles, en construcción, en fábricas, en jardinería, y son quienes más resultan arrestados", afirma Adriana.

Los integrantes de estas cuadrillas se han entrenado para alertar si en los recorridos encuentran vehículos con agentes encubiertos, que, afirman, ya los tienen identificados. Precisan a la agencia EFE que muchas veces son modelos nuevos, con vidrios polarizados, sin marcas y casi siempre sin matrículas a la vista.

Cuando la patrulla divisa alguno de esos vehículos, de inmediato se conecta en tiempo real a través de redes sociales para avisar de la presencia de oficiales en busca de migrantes para la deportación. Tras identificarlos, los 'patrulleros' siguen a estos vehículos encubiertos para que sus audiencias, que aumentan en cuestión de minutos, sepan qué ruta recorren y a dónde se dirigen.

"Cuidado, raza, ICE anda en un vehículo" de tal color, dice Benjamín, quien con la transmisión en video encendida en su celular describe los autos en los que supuestamente viajan los agentes y los nombres de las calles que recorren. La patrulla viaja por las dos mayores ciudades del condado de San Diego, Escondido y San Diego. Los integrantes de este grupo aseguran que su objetivo es defender a la comunidad y a sus trabajadores.

Con Reuters, AP y EFE.