Este 27 de noviembre, tras la fase de alegatos finales por el caso de malversación de fondos de la UE contra el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, el tribunal penal de París anunció que dictará sentencia el 31 de marzo de 2025. De ser hallada culpable, Le Pen-acusada junto a otros funcionarios de su bancada- quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, lo que la dejaría fuera de las próximas elecciones presidenciales a las que aspira presentarse.
El 31 de marzo de 2025 se conocerá la suerte de Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha francés, Agrupación Nacional, y de otras 24 figuras de la bancada política. Así lo anunció el tribunal penal de París este 27 de noviembre.
Todos están acusados de presunta malversación de fondos de la Unión Europea (UE).
El caso se remite a 2014, cuando Le Pen se desempeñaba como eurodiputada. Los imputados están señalados de la utilización de sus asistentes parlamentarios pagados con fondos europeos para actividades que tenían que ver con la actividad de su movimiento político, entonces llamado Frente Nacional.
Contra el líder del partido de extrema derecha, rebautizado desde entonces como Agrupación Nacional, las autoridades piden cinco años de prisión, dos de ellos sujetos a modificaciones, así como una pena de inhabilitación de cinco años.
El esperado dictamen podría cambiar drásticamente el futuro político de la mujer que aspira a volver a buscar la Presidencia del país en las próximas elecciones de 2027.
Este miércoles a su salida del tribunal, en el último día del juicio, Le Pen señaló que está “total y 100% respaldada” en “la lucha política”.
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Defensa de Le Pen intenta evitar su inhabilitación política
El abogado defensor de Marine Le Pen reclamó este miércoles la absolución de la líder de la extrema derecha francesa en el caso y se esforzó, principalmente, en evitar la pena de inhabilitación que le puede impedir ser candidata al Elíseo.
El letrado, Rodolphe Bosselut, cargó al comienzo de su alegato ante el Tribunal Correccional de París contra la Fiscalía, que pidió su condena y una pena que incluye, dos años de cárcel (que no cumpliría entre rejas), una multa de 300.000 euros y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, de aplicación inmediata, incluso si hubiera un recurso de apelación. Bosselut también se quejó de haber percibido "una criminalización del derecho de la defensa".
El abogado insistió en que el periodo de acusación por los dos delitos, de malversación de fondos públicos y de complicidad en malversación, terminó antes de que entrara en vigor en 2016 una ley conocida como "Sapin 2″, la cual impone con carácter automático una pena de inhabilitación de cinco años para los políticos autores de esas infracciones en el ejercicio de un cargo público.
A Marine Le Pen se le reprocha el cargo de malversación por cuatro asistentes parlamentarios que tuvo, pagados por el Parlamento Europeo con ocho contratos y que, según la acusación, en realidad no realizaban funciones asociadas a su puesto de eurodiputada, sino que trabajaban para el partido, entonces Frente Nacional (FN) y luego rebautizado Agrupación Nacional (RN).
Bosselut consideró que en los casi dos meses que han pasado desde que comenzó este proceso contra la número uno de la extrema derecha francesa y contra una veintena de miembros y colaboradores del partido ha habido "dos visiones paralelas" que "pueden parecer irreconciliables", entre la defensa y la Fiscalía.
De acuerdo con su versión, el uso que hizo el entonces Frente Nacional de sus asistentes parlamentarios pagados con el dinero de la Eurocámara en el periodo de acusación, de 2004 a 2016, "no solo era banal y anodina, porque la compartían todos los partidos europeos equivalentes de oposición", sino que estaba "exenta de cualquier intención fraudulenta".
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Con Reuters y EFE