Las autoridades surcoreanas solicitaron este lunes 6 de enero una extensión de la orden de arresto contra el presidente destituido, Yoon Suk Yeol, al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl. La agencia anticorrupción del país y la Policía debaten medidas más duras para detener al mandatario suspendido del cargo tras una votación en el Legislativo y a la espera de un dictamen definitivo por parte del Tribunal Constitucional.
Seúl experimenta este 6 de enero una nueva jornada de tensión en medio de los pedidos de las autoridades por extender la orden de arresto contra el destituido presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, tras su efímera declaración de la ley marcial, el pasado 3 de enero.
El líder político permanece en su domicilio y bajo una fuerte custodia de seguridad privada, mientras se niega a ser capturado por las autoridades y miles protestan a favor y en contra de su arresto.
En simultáneo, la agencia anticorrupción de Corea del Sur y la Policía debatieron medidas más enérgicas para detener a Yoon, después de que su intento anterior fuera bloqueado por el servicio de seguridad presidencial la semana pasada.
Ese debate pone de relieve los obstáculos que enfrenta la investigación penal sobre el decreto de ley marcial de Yoon, que condujo a su destitución el 14 de diciembre. La orden de detención de una semana expiraba a la medianoche, pero la agencia solicitó una nueva orden judicial para extender el plazo para detener al destituido mandatario.
La Corte del Distrito Oeste de Seúl emitió la semana pasada una orden de detención para Yoon y otra por separado para registrar su residencia después de que desafiara a las autoridades al negarse a comparecer para ser interrogado sobre su breve toma de poder. Ejecutar esas órdenes es complicado mientras Yoon permanezca en su residencia oficial.
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Las opciones que las autoridades barajan ante la resistencia de Yoon al arresto
Yoon ha descrito su declaración de la ley marcial como un acto necesario de gobierno contra una oposición liberal que está empantanada en su agenda con su mayoría legislativa y ha prometido “luchar hasta el final” contra los esfuerzos para derrocarlo.
Aunque la ley marcial duró solo unas horas, desencadenó una agitación que ha sacudido la política, la diplomacia y los mercados financieros del país durante semanas y ha expuesto la fragilidad de la democracia de Corea del Sur, mientras la sociedad se encuentra profundamente polarizada.
La Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, que dirige una investigación conjunta con la Policía y los investigadores militares, reveló este lunes que había pedido a la Policía que se hiciera cargo de los esfuerzos para detener a Yoon, tras su destacado papel en el fracaso del pasado viernes 3 de enero.
Sin embargo, la agencia anticorrupción dio marcha atrás horas después, después de que la policía declarara que podría ser legalmente problemático para ellos ser completamente responsables de la detención de Yoon, dado que la agencia había obtenido las órdenes judiciales.
La agencia, que ha enfrentado cuestionamientos sobre su competencia después de no poder detener a Yoon, indicó que los esfuerzos para ejecutar las órdenes se llevarían a cabo bajo la autoridad del equipo de investigación conjunto, pero no aclaró si su enfoque cambiaría.
La Policía promete esfuerzos más enérgicos para detener a Yoon
y señala que planea hacer un esfuerzo más agresivo para detener a Yoon en la residencia oficial, donde este lunes se vio a miembros del personal de seguridad presidencial instalando alambre de púas cerca de la puerta y a lo largo de las colinas que conducen al edificio.
Un funcionario policial, que habló bajo condición de anonimato según las reglas del departamento, afirmó a la prensa que se han registrado discusiones con la agencia anticorrupción sobre si arrestar a los miembros del personal de seguridad presidencial si obstruyen por la fuerza los esfuerzos para detener a Yoon.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de desplegar fuerzas especiales de la Policía, el funcionario afirmó que se encuentran revisando "todas las opciones disponibles".
Si los investigadores logran detener a Yoon, probablemente pedirán permiso a un tribunal para realizar un arresto formal. De lo contrario, será liberado después de 48 horas.
Mientras tanto, la agencia ha instado al líder interino del país, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, a que ordene al servicio de seguridad presidencial que cumpla con la ejecución de la orden de detención. Choi aún no ha hecho comentarios públicos sobre el tema.
Los abogados de Yoon argumentaron que las órdenes de detención y registro contra el presidente no pueden ejecutarse en su residencia debido a una ley que protege los lugares potencialmente vinculados a secretos militares de ser registrados sin el consentimiento de la persona a cargo, que sería Yoon.
También argumentan que la oficina anticorrupción carece de la autoridad legal para investigar los cargos de rebelión y delegar a la Policía la detención de Yoon.
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Yoon responde con denuncias contra funcionarios vinculados al intento de arresto
Los abogados del suspendido presidente Yoon presentaron este lunes denuncias contra el fiscal jefe de la agencia anticorrupción, Oh Dong-woon, y otros seis oficiales anticorrupción y de la Policía por orquestar el intento de detención del pasado viernes que, afirman, fue "ilegal".
Los abogados también presentaron denuncias contra el jefe interino de la Policía nacional, el ministro interino de Defensa y dos funcionarios de la Policía de Seúl por ignorar la petición del servicio de seguridad presidencial de proporcionar fuerzas adicionales para bloquear el intento de detención.
El equipo de defensa de Yoon indicaron que también planean presentar denuncias contra alrededor de 150 investigadores anticorrupción y policiales que estuvieron involucrados en el intento de detención del viernes.
La agencia anticorrupción ha estado sopesando los cargos de rebelión después de que Yoon declarara la ley marcial y enviara tropas para rodear la Asamblea Nacional. Los legisladores que lograron superar el bloqueo votaron a favor de levantar la ley marcial horas después.
Su destino ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que ha comenzado a deliberar sobre si destituir formalmente a Yoon de su cargo o reinstalarlo.
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Con Reuters y AP