Juan López era un reputado ambientalista y concejal del municipio de Tocoa, en el Caribe hondureño, y pertenecía al izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), el mismo que el de la presidenta Xiomara Castro. Durante años lideró varias luchas en su región contra la minería a cielo abierto y, aunque contaba con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las reiteradas amenazas contra su vida, varias personas sin identificar lo asesinaron. 

Es un nuevo golpe contra los ambientalistas en América Latina. El sábado 14 de septiembre, varias personas sin identificar asesinaron a tiros a Juan López, un reputado defensor del medio ambiente en Honduras, en la localidad de Tocoa, donde residía. Su muerte ha provocado una avalancha de reacciones en el país centroamericano y pone en evidencia la peligrosidad que sufren estas personas en América Latina, la región más peligrosa para el activismo medioambiental. 

Los reportes señalan que López, quien también era concejal de su pueblo por el mismo partido que representa a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, fue tiroteado en un concurrido barrio de Tocoa mientras estaba en su automóvil y murió poco después a causa de las heridas de bala. La Policía hondureña no pudo detener a los agresores ni tiene una pista sobre qué motivó el crimen. 

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Años de amenazas 

López había recibido desde hacía años amenazas de muerte debido a su labor como activista medioambiental y su oposición a una mina a cielo abierto de hierro cerca a su pueblo. Su lucha impidió a estas mineras progresar durante meses en su intención de explotar el subsuelo, algo que provoca un daño medioambiental y ecológico irreparable, pero le costó vivir con un miedo permanente a ser atacado. 

En una entrevista con AFP en 2021, López relató: "cuando uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia".

López, de 46 años, estaba casado y tenía una hija. Esta situación de riesgo permanente hizo que desde finales de 2023, contara con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pretendían salvaguardar su vida. 

Una garantía que no se cumplió y que pone en evidencia la exposición y abandono que sufren los líderes defensores del medio ambiente en Honduras, el tercer país más letal del mundo para los ambientalistas y el que más asesinatos per cápita registra. 

Precisamente este 10 de septiembre, la ONG Global Witness publicó su último informe sobre el número de activistas ambientales asesinados durante el 2023. Honduras, con 18 asesinatos, solo fue superada por Brasil, con 25, y Colombia, con 79. Datos demoledores que han experimentado una notable alza durante la última década y que dejan a ocho países latinoamericanos entre los diez más letales. 

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Críticas al Gobierno de Xiomara Castro

Juan López era miembro del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), formación que actualmente está en el Gobierno de la mano de Xiomara Castro y que es liderada por el derrocado mandatario Manuel Zelaya. Este partido cuenta en sus programas con políticas que, a priori, apuestan por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

Sin embargo, varias organizaciones ambientalistas, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), han responsabilizado al Gobierno por su inacción tras meses de amenazas y por la incapacidad de proteger a personas tan involucradas con la defensa de la tierra como López. 

"Exigimos justicia para Juan", quien fue asesinado por "su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales", enfatizó el Copinh, cuya cofundadora en 1993 fue la ambientalista Berta Cáceres, también asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente de Honduras.

"El Estado y el Gobierno de Xiomara Castro son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH", reiteró el Copinh.

Precisamente, la magnitud de este caso hace que se recuerde el asesinato de Berta Cáceres en 2016. La ambientalista era una figura muy reconocida en la lucha por el medio ambiente y fue brutalmente asesinada en su casa, algo que provocó protestas en Honduras y la condena internacional generalizada. Berta también contaba con la recomendación de protección por parte de la CIDH. 

Desde su partido, la reacción de Manuel Zelaya y Xiomara Castro ha sido una condena enérgica y la exigencia de investigación en torno al caso.

A través de X, el expresidente y líder del partido reaccionó así:

"Condenamos enérgicamente el asesinato del dirigente político y ambientalista Juan López en Tocoa, Colón. El Partido Libre debe cooperar con las autoridades y todos sus miembros y de manera inmediata para identificar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Nada debe ser más importante ahora que hacer justicia para Juan López y su familia, con quienes nos solidarizamos profundamente".

Las críticas han aumentado porque el asesinato de López se produjo solo dos días después de que exigiera la renuncia del alcalde de su localidad, Adán Fúnez, por "sus vinculaciones con el narcotráfico" según señalo el mismo Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

Fúnez, de 74 años, aparece en un video divulgado el 3 de septiembre por la ONG estadounidense InSight Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido Libre. El video fue grabado, presuntamente, en el año 2013. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) exigieron al Estado hondureño una investigación rápida e imparcial que pueda resolver el caso, especialmente cuando todavía está en el aire la concesión minera contra la que luchaba López. 

Voces de activistas en Honduras exigen que la comunidad internacional interceda en esas pesquisas para garantizar que se realicen de una forma imparcial.

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Con EFE