El grupo Crédit Agricole tiene una participación de 240 millones de euros en Repsol, una multinacional que explota gas en la Amazonía peruana, y está obteniendo importantes beneficios de ello, revela France 24, en colaboración con Disclose, RFI y el Pulitzer Center. Según nuestra investigación sobre el terreno, muchos habitantes denuncian problemas de salud y peligros para el medio ambiente.

Tierras abrasadas por el sol, osos polares solitarios, turbinas eólicas girando sobre praderas exuberantes y una voz en off que advierte: “La cuenta atrás ha comenzado”. Estas imágenes no proceden de la última campaña de los activistas de Extinction Rebellion, sino de vídeos producidos por Crédit Agricole.

En su campaña de comunicación destinada a reverdecer su imagen, el tercer grupo bancario europeo promete “presionar” a sus clientes para “preservar el futuro del planeta”. Hasta aquí la fachada. En realidad, el banco, con unos activos de más de 2,4 billones de euros, está aún muy lejos de alcanzar su objetivo.

Y no puede ignorar que está comprando acciones y bonos de empresas petroleras y gasísticas a diestra y siniestra. Multinacionales para las que el futuro del planeta no parece ser una prioridad.

Estas operaciones financieras, que no se mencionan en los clips promocionales de Crédit Agricole, las lleva a cabo una entidad poco conocida pero muy estratégica para el grupo: su filial de inversión Amundi, cuya misión es hacer fructificar el ahorro de los particulares y los capitales confiados por empresas públicas o privadas.

Al realizar un análisis detallado de las inversiones del grupo francés, France 24, en colaboración con Disclose, RFI y el Pulitzer Center, descubrió que, en agosto de 2024, su filial Amundi poseía acciones y obligaciones de la empresa española Repsol por valor de 238 millones de euros. Una ganancia inesperada que hace ganar a Crédit Agricole 10,8 millones de euros al año. El pasado mes de septiembre, otro banco francés, BPCE, participó en la captación de casi 1.000 millones de dólares por cuenta de Repsol.

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Esta multinacional del petróleo y el gas tiene una fuerte presencia en América Latina. Empezando por Perú, donde explota desde 2006 un enorme yacimiento de gas en el sureste del país. En plena selva amazónica.

Perforación de gas ultracontaminante

France 24 visitó el lugar para conocer en qué consiste realmente la inversión del grupo francés en la empresa española. A orillas del río Urubamba, en la zona de explotación donde han desaparecido más de 5.000 hectáreas de árboles, según un censo de la ONG Global Forest Watch, la huella de Repsol está por todas partes. El grupo bancario francés se beneficia de esta presencia, que implica perforaciones de gas ultracontaminante.

Hay que afinar el oído para captar el zumbido. Una frecuencia baja, como el aleteo de las alas de una libélula, que contrasta con el canto de los pájaros y los golpes regulares de machete de Walter Dalguerri, que desde hace dos horas nos guía por la selva peruana a lo largo del río Urubamba. El viernes 4 de octubre, a medida que nos acercábamos al yacimiento de gas de Mipaya, en plena selva amazónica, el zumbido se hacía cada vez más presente.

“Es el sonido de la antorcha que se utiliza para quemar el gas”, comenta Walter, mientras nos abrimos paso a través de uno de los muchos arroyos que tenemos que cruzar para llegar al emplazamiento desde el pueblo de Kirigueti, nuestro punto de partida. El hombre, de complexión atlética y rostro quemado por el sol, sabe de lo que habla: es el jefe de Kirigueti, justo al otro lado de la carretera de Mipaya.

El yacimiento es una de las treinta perforaciones vinculadas a un megayacimiento de gas llamado Camisea. El yacimiento abarca 1.700 km2 de selva en la región del Bajo Urubamba y comprende tres concesiones en manos de pesos pesados de la industria petrolera: la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil, la china CNPC y Repsol, que posee el 10% de Mipaya y la mayoría operativa en otras perforaciones del sector.

Desde que se convirtió en jefe de la aldea vecina, Walter Dalguerri ha estado documentando la contaminación causada por la actividad en torno al pozo de gas. Lonas de plástico abandonadas, tuberías de desagüe dañadas… Walter lo fotografía todo. Con una excepción: las volutas de gas tóxico, invisibles a simple vista, que escapan de la chimenea utilizada para quemar al aire libre el gas considerado superfluo. Según él, la chimenea de Mipaya está frecuentemente activa.

Esto podría tener graves consecuencias para la flora y la fauna locales, así como para la salud de los varios miles de personas que viven cerca. “La quema produce todo tipo de contaminantes atmosféricos, y estos tienen efectos sobre la salud, como infartos, problemas respiratorios, asma y hospitalización”, afirma Jonathan Buonocore, investigador en salud pública de la Universidad de Boston y experto en la materia.

En Perú, los entusiastas del quemado en antorcha como Repsol deben obtener luz verde del Ministerio de Energía y Minas. El problema es que los responsables no parecen tener demasiado en cuenta la protección de la naturaleza y de los residentes locales.

Según nuestros cálculos, basados en un análisis de documentos oficiales, desde 2022 las autoridades han aprobado la emisión de más de 72.000 toneladas de CO2 procedentes de las tres concesiones vinculadas al yacimiento de Camisea. Y eso es solo el dióxido de carbono emitido por la quema en antorcha. Por tanto, estas autorizaciones no tienen en cuenta las fugas de metano a lo largo de la cadena de producción, ni el transporte del gas. ¿La razón de este clima ultrafavorable para la industria? Los yacimientos de Camisea suministran el 40% de la electricidad del país y han reportado al Estado 15.000 millones de euros en impuestos diversos durante los últimos 20 años.

Y el Gobierno no tiene intención de detenerse ahí: pronto se construirán enormes gasoductos de acero para transportar el gas producido por Repsol y sus socios a otras regiones del sur de Perú.

Contactada por Disclose, France 24 y RFI, Repsol no respondió a nuestras solicitudes de entrevista. La empresa argentina Pluspetrol, propietaria de la mayor parte del pozo Mipaya, fue un poco más vocal. Nos ha escrito para asegurarnos que la quema en antorcha “no puede considerarse un peligro para la salud”. Menos aún, jura la empresa, ya que “se llevaría a cabo en zonas remotas, bajo supervisión y cumpliendo los requisitos técnicos y medioambientales”.

Disclose y sus socios también han enviado una serie de preguntas a Crédit Agricole para averiguar por qué el grupo mantiene sus vínculos con Repsol. Y ello a pesar de que la multinacional española extrae gas en la Amazonía peruana desde 2006. La respuesta: “A finales de 2023, Crédit Agricole decidió acelerar su plan de transición (…) Crédit Agricole estudia pues todos los proyectos de energías renovables, incluidos los de los actores del sector del petróleo y del gas”. No se mencionan, sin embargo, los 238 millones de euros invertidos en Repsol a través de su filial Amundi. Sin embargo, son estas inversiones las que permiten al banco francés beneficiarse del dominio de los combustibles fósiles en la Amazonia peruana.

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Nuevo Mundo: en el corazón del dominio gasístico

Para medir el alcance de esta influencia, nos dirigimos a Nuevo Mundo, un pueblo situado a media hora en barco del yacimiento de gas de Mipaya. En él viven unas 1.000 personas, en su mayoría miembros de la comunidad Matsigenka, un grupo originario de la Amazonía peruana que vive principalmente de la pesca, la caza y la agricultura.

En las calles de tierra de este pueblo, accesible solo por río o helicóptero, la gente apuesta por el gas de Repsol. De hecho, la multinacional eligió esta zona a orillas del Urubamba para instalar su base logística regional, con su aeródromo, su planta de compresión de gas, sus dormitorios y su campo de fútbol reservados a los empleados.

La omnipresencia de Repsol explica que los habitantes tengan acceso a la electricidad, a la red telefónica y al Wi-Fi -de forma intermitente- suministrado por los satélites de Elon Musk.

También por eso, Nuevo Mundo cuenta con una tienda de ultramarinos bien surtida, donde las botellas amarillas fluorescentes de Inka Cola conviven con todo tipo de patatas fritas y sopas liofilizadas, así como con modernas viviendas de hormigón y cristal.

Una de estas casas destaca por su brillante fachada de madera. Es la oficina de Emmac, una organización privada encargada de proteger el medio ambiente. En la sala donde nos recibe Guimez Ríos, el director regional, hay un escritorio de cristal y un enorme cartel que elogia el trabajo de sus empleados.

“La antorcha está encendida continuamente. La empresa dice que es necesario”

Guimez Ríos saca con delicadeza un instrumento de medición de la calidad del agua de una caja de cartón y lo ubica sobre el escritorio, como si presentara una reliquia. “Todavía hay que formar a los compañeros para que lo utilicen”, admite, resumiendo sin querer la paradoja de la situación.

Se supone que su equipo de diez inspectores controla el impacto ecológico de las instalaciones de gas de Repsol. Pero, en realidad, no dispone de medios suficientes.

Y la independencia de este organismo es cuestionable: la Emmac está totalmente financiada por Repsol, al igual que el costoso equipo de medición que tiene sobre la mesa. Sin embargo, sería bueno poder controlar las actividades de la empresa española: aquí, como en toda la región, el gas de Repsol arde al aire libre. Sin interrupción. 

“La antorcha está encendida continuamente. La empresa dice que es necesario”, explica Guimez Ríos, una de las pocas personas a las que se permite entrar en la base de la multinacional. Una situación potencialmente peligrosa que a nadie parece importarle. Ni siquiera a Guimez Ríos. “La empresa promete que el gas no contamina”, continúa el responsable de los controles medioambientales y sanitarios de Repsol.

En cuanto al médico de Nuevo Mundo, si observa un elevado número de casos de neumonía entre los niños, lo atribuye a “las variaciones de temperatura”.

Es difícil hacer oír una voz crítica en esta región, fuertemente subvencionada por las compañías de gas. De hecho, solo en el distrito de Megantoni, que incluye Nuevo Mundo y una treintena de municipios más, las empresas de combustibles fósiles pagaron más de 98 millones de euros en impuestos en 2023, según cifras del Ministerio de Economía peruano.

En cuanto a los salarios ofrecidos, desafían toda competencia. En 2023, el trabajador medio de Repsol ganaba 1.843 euros al mes, siete veces el salario mínimo peruano. Un salario que la multinacional puede permitirse: el gas peruano representa el 25% de sus reservas mundiales. En cuanto a sus actividades peruanas, suponen el 12% de sus ventas de petróleo y gas, con más de 600 millones de euros en 2023.

Vertido de hidrocarburos y metales pesados al río Huitiricaya

Otro ejemplo emblemático de silencio que reina en torno al yacimiento de Camisea es la contaminación del río Huitiricaya.

El caso se inició el 12 de febrero de 2019, cuando se presentó una denuncia ante el OEFA, el regulador ambiental peruano. El documento, obtenido por Disclose, fue enviado por un exejecutivo de Repsol que trabajó en la región entre 2015 y 2018 -al ser contactado, se negó a hacer comentarios-. Denunciaba “presunta contaminación derivada de la descarga de fluidos altamente contaminantes en ríos y quebradas cercanas a la plataforma gasífera Sagari”, nombre de un grupo de pozos operados por Repsol. Repsol tampoco ha respondido a este punto.

La contaminación, dice, viene produciéndose desde “alrededor de 2017” y podría deberse a vertidos de aguas de producción al río Huitiricaya, en cuyas orillas la empresa ha perforado tres pozos. La contaminación podría ser por mercurio, hidrocarburos o metales pesados, según un estudio realizado en 2014 por una empresa encargada por Repsol, que enumera los productos vertidos al agua.

Para confirmarlo, Disclose pidió permiso a las autoridades responsables de industrias extractivas y medio ambiente para consultar los resultados de los autocontroles que Repsol debe realizar cada tres meses en el punto de vertido al cauce. Sin resultado.

Guimez Ríos, el inspector de Medio Ambiente con el que nos entrevistamos en Nuevo Mundo, no tiene más datos. “Hace dos o tres años que no recibimos ningún dato de Repsol”, dice. Disclose también intentó llegar al pueblo de Porotobango, donde se encuentra el lugar contaminado, para entrevistar a sus habitantes. Sin embargo, el jefe de este pueblo de 160 habitantes se opuso alegando que el tema era demasiado delicado.

Quema química

Conseguimos hablar con un residente de Porotobango, que desea permanecer en el anonimato. Por teléfono, nos dijo que a los niños del pueblo se les había dicho que no se bañaran en el río. Según él, se siguen produciendo regularmente casos de irritación cutánea. Según la misma fuente, así lo confirman dos fotos tomadas en 2023.

Muestran heridas en carne viva en la cara y las piernas de niños que habrían estado en contacto con el agua del río Huitiricaya. Según tres médicos a los que mostramos estas fotos, una de estas heridas podría ser el resultado de una quemadura química.

Por su parte, la enfermera del puesto de salud Nueva Vida, encargada de atender a los habitantes de Porotobango, admite haber tenido que tratar ya este tipo de problemas cutáneos. Pero, una vez más, no quiere entrar en detalles.

Una vez extraído de las profundidades de la selva amazónica, el gas producido por Repsol sigue su camino hacia el sur de Perú. Como se transporta por gasoducto, allí también puede producir una grave contaminación.

Como ocurrió en febrero de 2018, cuando un gasoducto que discurría bajo el río Urubamba se rompió tras un corrimiento de tierras. Grandes cantidades de “vapores líquidos de gas natural” se derramaron en el río, a pocos kilómetros al sur de Nuevo Mundo. El agua empezó a humear a lo largo de varios cientos de metros, haciendo aflorar a la superficie peces muertos, quemando la vegetación circundante e intoxicando a los pasajeros de las embarcaciones que pasaban.

Esto es lo que les ocurrió a 12 personas, entre ellas Yonar Palomino Silvao, entrevistado por nuestro colega de France 24: “Pensábamos que íbamos a morir todos, nos asfixiamos tanto que no podíamos remar”, cuenta. “El aire estaba tan cargado de gas que dos o tres de nosotros casi nos desmayamos”. Otro recuerda los gritos y rezos de los pasajeros que sufrían, como él, náuseas y dolores de cabeza.

El resto del tiempo, gran parte del gas extraído de los yacimientos de Camisea acaba en la terminal de GNL del puerto de Pampa Melchorita, en la costa del Pacífico. Desde allí, se envía a todos los rincones del mundo en forma de gas natural licuado (GNL). Incluido a Francia: entre abril y octubre de 2024, tres petroleros cargados con gas peruano atracaron en Francia. Entregaron 220.000 toneladas de GNL para un conocido cliente: TotalEnergies.

Una multinacional de combustibles fósiles que también se beneficia del apoyo del grupo Crédit Agricole. En abril de 2024, su filial de inversión Amundi compró bonos de TotalEnergies en el marco de una campaña de financiación.

La operación recaudó más de 4.000 millones de euros.