El gobierno del presidente Luis Abinader introdujo en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, mejor conocido como proyecto de reforma fiscal.
El ministro de Hacienda, Jochy Vicente, y el presidente Luis Abinader, explicaron que para preparar este proyecto se hicieron estudios profundos y análisis detallados, con escenarios muy diversos, sobre todo con énfasis en los beneficios que traería a la actividad económica y al bienestar del pueblo dominicano.
Dijeron que también consultaron con economistas, empresarios, asociaciones empresariales, sectores de la economía, inversionistas extranjeros, y que en general se busca equidad, equilibrio, aumentar la recaudación del Estado en un 1.5% del PIB, y que el “pellizco” es pequeño para cada uno de los sectores involucrados.
El gobernante y el ministro insistieron en que el Gobierno es también un ente sacrificado por la ley de responsabilidad fiscal recientemente aprobada, y porque se está limitando el gasto en entidades estatales, reduciendo su tamaño, eliminando duplicidades y haciendo desaparecer otras que ya no tiene sentido su existencia.
La propuesta de ley que se entregó al Congreso Nacional ha generado preocupaciones en la mayoría de los agentes económicos y en diversos sectores de la sociedad. Es obvio, a nadie le gusta pagar impuestos. De hecho, la palabra misma denota lo que implica: impuesto, imposición, obligación, carga.
En general, se entiende cualquier reforma tributaria como lesiva a las clases medias, y en este caso se prevé que afectará directamente los bolsillos de los asalariados, porque por diversas vías se tapan senderos de auxilio, cuando el salario es muy limitado, cuando los servicios públicos son muy precarios, y cuando alimentos, transporte, medicamentos resultan casi prohibitivos para la gran mayoría.
Impuestos que han sido aumentados, como el de la propiedad inmobiliaria suntuosa resultan más que enojosos. Por ejemplo, viviendas que pagarán impuestos como suntuosas a partir del valor de los 5 millones de pesos, es casi ofensivo. O la aplicación del 18% del IVA a casi todos los productos y servicios de supermercados, o la eliminación de la devolución del gasto educativo, o la aplicación del 18% del IVA a los productos menores de 200 dólares que se adquieren por Internet.
El gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe tener claro que esos impuestos van a causar un tsunami político. El gobierno tiene necesidades, y pudo resolverla acudiendo a otros mecanismos, en lugar de acudir a la vía fácil de imponer nuevas cargas o aumentar las existentes a la clase media, que siempre ha sido sacrificada. Los más ricos cuentan con mecanismos legales para evitar que el fisco los lesione, y los más pobres reciben subsidios por vía de los programas de políticas sociales del Estado. La clase media, en cualquiera de sus segmentos, es la más sacrificada.
Personas que trabajaron toda su vida, que están en retiro, y que adquirieron una vivienda con los ahorros y sacrificios que todo esto supone, ahora tendrán que pagar unos impuestos que serán un cuchillo en la garganta de ciudadanos que ya no pueden hacer más. Sacrificaron sus mejores años, toda una vida, y ahora se verán compelidos a vender sus viviendas y a reducir su calidad de vida.
El Congreso, integrado mayoritariamente por perremeístas, deberá estar abierto a escuchar a sectores con los que el gobierno no dialogó. Esa es una posibilidad para que el Poder Legislativo haga un aporte y presente un perfil distinto del que ha mantenido siempre.
Esperemos que los legisladores pongan el oído en el corazón de las clases medias y los más necesitados.
Por otro lado, si se analiza el asunto de los ajustes económicos y las reformas fiscales, que más que fiscales son tributarias, veremos que históricamente lo que ha ocurrido es que los gobiernos que las asumen terminan perdiendo el apoyo popular, desacreditados y odiados por la ciudadanía. Y quien cosecha los frutos de los efectos positivos de las reformas y ajustes fiscales, aunque parezca extraño, es la principal fuerza de oposición.
Es para que el gobierno y su partido, el PRM, lo analicen de manera fría, sin prisa.