La fecha del 10 de octubre, “Día Mundial de la Salud Mental”, es propicia para revisar cuáles son algunas de las tareas pendientes que tenemos como nación en relación a la salud mental. Si logramos aumentar la conciencia en torno a los problemas que la rodean y si conseguimos movilizar los esfuerzos en apoyo de la misma, estaríamos contribuyendo a mejorar no solo la salud emocional de algún allegado sino también la economía de nuestro país.
Nuestros diputados y senadores tienen la tarea pendiente de emitir una nueva ley de salud mental que satisfaga las expectativas del compromiso político y el marco legal, del compromiso del enfoque institucional idóneo para abordar la problemática y el compromiso presupuestario que permita hacer frente a la planificación. Nuestros legisladores deben enterarse que la carga psiquiátrica recae en los familiares, en el propio paciente y en algunos colaboradores comunitarios que no forman parte del engranaje sanitario, en donde la participación del sector salud en la provisión de servicios adecuados es mínima y a veces de mala calidad, haciendo pesimista el horizonte. 
Al gobierno, con el presidente a la cabeza, le corresponde asumir un dominio transformacional inequívoco y contundente. Sin esa visión y compromiso esta búsqueda del bien social en torno a las enfermedades psiquiátricas, que son tremendamente mal comprendidas a la vez que muy difíciles de tratar, se quedaría corta. El ciudadano presidente debe saber que los trastornos mentales son una carga muy pesada para las familias, en lo económico y en lo emocional. Debe enterarse que hasta el 85% de los pacientes con casos psiquiátricos severos no reciben tratamiento y no tenemos capacidades instaladas para dar respuesta a este drama social y humano.
Al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud les toca asumir su rol de liderazgo y plantear el enfoque de lo que queremos como política pública en torno a la salud mental. Sin sus aportes el legislador no podrá aprobar lo que nuestra población se merece para prevenir y dar los servicios adecuados. Ambas instancias deben entender que hay una necesidad urgente de transformación de la salud mental desde un enfoque multisectorial. Que tienen que trabajar en dicha transformación tanto en el enfoque como en los servicios y en el respeto a los derechos de las personas.
Todo cambio en salud mental inicia por sentar las bases de unos sistemas y servicios que funcionen bien. El enfoque debe ir dirigido a la salud mental comunitaria y el respeto a los derechos humanos. Al construir este modelo se crean las certezas y se establecen las garantías de sostenibilidad y permanencia en el tiempo, en donde el flujo continuo de los ajustes fruto del monitoreo y el análisis, provocan adhesiones que fortalecen las políticas y suman la incorporación escépticos.
A todos nosotros, los que conformamos el cuerpo social, nos falta concienciación pública en torno a la persona con una condición mental. Ver a la persona por encima de la enfermedad, para así obligarnos a la valoración de los múltiples y singulares recursos que brotan para producir cambios. Es una tarea que como ciudadanos debemos darnos, para ser solidarios y alejar a la discriminación como fuente de exclusión social.