Mucho tardó el presidente en emitir el decreto 656-24 impulsando el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Hace años que República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como consecuencia del desorden, la falta de respeto de las normas del tráfico vial y la ausencia de políticas de prevención de accidentes, que nos convierte en uno de los países con mayor letalidad por accidentes de tránsito.

Hamlet Herman, fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte, escribió un libro descriptivo y propositivo del gran desorden institucional para enfrentar la tragedia del tránsito urbano en el Gran Santo Domingo: Para vencer el caos, fue el título, luego de realizar numerosos estudios sobre la vialidad y la diversidad de entidades responsables, que en un momento llegaron a ser 12 las instituciones que competían.

La descripción del caos no puede ser mayor en este momento. El número de vehículos ha aumentado extraordinariamente, y conviven en las calles la obsolescencia más inverosímil con la modernidad del siglo XXI: Por las mismas vías que transitan las Cybertruck de Tesla, con auto conducción incluida, transitan las carretillas de los vendedores de verduras y frutas, impulsadas por caballos, mulos y burros, y los carros del concho, algunos que sobreviven de los Austin y Morris de los años 60. Quedan pocos, pero han sido sustituidos por los Hyundai Sonata, importados como desechos desde Corea del Sur, y admitidos aquí para plataformas de transporte y taxis.

La autoridad en las vías se ha diluido, y los funcionarios para transitar con cierto desahogo tienen que auxiliarse de unidades motorizadas de los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, que para eso funcionan bien, pero para destaponar una gran avenida sirven para poco o nada. El Intrant intentó colocar semáforos inteligentes y todo terminó en una estafa contra el Estado, y queda poco ánimo para incursionar en soluciones posibles para esa grandiosa tragedia que es la organización vehicular en el Gran Santo Domingo.

Que nadie se sorprenda por las 26,257 muertes por accidentes de tránsito entre 2016 y 2024, a razón de 243 muertes por mes, y 8 muertes diarias, con un 25% de fallecidos jóvenes, entre los 25 y los 34 años, y con un 68% de las muertes por accidentes que corresponden a motorizados de dos ruedas, generalmente delíveris y motoconchistas, algunos de plataformas digitales para entregas bonificadas por menor tiempo incurrido en el trayecto. Vamos, que se trata de una fiesta para celebrar la muerte de gente necesitada.

Importaciones irresponsables de motocicletas ensambladas en República Dominicana, que carecen de marca, pero que ha sido un modelo que ha hecho ricos a unos cuantos sabiondos y ha enlutado a miles de familias, que no toman en cuenta la cuestión, vital, de la seguridad de los vehículos utilizados por sus familiares, cabezas de familias en ocasiones, para suplir el sustento de sus hogares. Son limitadas las regulaciones y restricciones de vehículos para ser utilizados en el tránsito terrestre. La inversión pública en transporte colectivo es altísima, el Metro de Santo Domingo sigue siendo subsidiado, y pese a aumentar la oferta de asientos en transporte masivo, sigue llegando vehículos para uso individual. Las ferias de vehículos nuevos son muy exitosas.

Solo en 2023 hubo 121,850 personas lesionadas por accidentes, con más de 10 mil heridos por mes, sin que estas cifras despierten la conciencia por la tragedia -o la guerra- en la que vivimos.

Los agentes del tránsito solo aparecen en algunas esquinas, para sustituir los semáforos, y aumentar el caos y las miles de horas que se pierden con encajonamientos por irresponsabilidades de autobuses del transporte público, guagüeros, camioneros, carritos de concho y motoconchos, que se consideran dueños de las vías, las aceras y las esquinas.

No hay respeto a ninguna norma. Los cascos protectores no se utilizan, o se llevan en los codos para simular su uso. Los agentes del tráfico no actúan con los vehículos públicos, porque tienen patentes de corso para violentar las normas, sin consecuencias.

De acuerdo con la disposición del presidente, habrá licencias con puntos, que en la medida que se cometan infracciones serán castigados sus portadores y ello también tendrá consecuencias en los aseguramientos de los vehículos. Habrá escuelas de conducción estables, y se impartirá docencia en las escuelas sobre educación vial, además de que se creará de forma inmediata la Unidad de Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

De acuerdo con el compromiso del presidente, el decreto y las decisiones anunciadas son solo un punto de partida para reducir las incidencias de los accidentes viales en República Dominicana.