Aparte de la reforma constitucional, la reforma fiscal es la más importante del paquete que ha presentado el presidente Luis Abinader.
La Constitucional es una reforma política relevante, que el presidente asumió porque quiere evitar que el país continúe padeciendo el síndrome de la continuidad en la presidencia de la República.
Otros aspectos son relevantes, como la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, y la independencia del Ministerio Público, aparte de la reducción del número de diputados, que ya resulta excesivo a los efectos del funcionamiento democrático y la reducción del costo de este sistema.
Pero la reforma fiscal tiene aspectos nocivos que el gobierno debe reflexionar sobre la pertinencia de su aprobación.
Qué sentido tiene que cada persona a partir de un salario de 50 mil pesos presente declaración jurada de bienes?
Qué sentido tiene reducir a 5 millones de pesos la condición de suntuarias de las viviendas de los dominicanos?
Cómo responder ante personas mayores, sin activos, sin ingresos, que destinaron los ahorros de su vida a una vivienda digna, y que a partir de ahora no podrán pagar los impuestos que les reclama el gobierno?
Las preguntas pueden seguir, pero la cuestión es que la reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo no toma en cuenta aspectos sociales, de realidad socioeconómico, y luce que fue concebida por gente que no tiene conocimiento de la realidad social dominicana.
Entendemos que el gobierno toma aspectos muy sensibles de la economía popular para aumentar los ingresos, como la ampliación de la base del ITBIS, y que dañaran seriamente los bolsillos de los ciudadanos y de las familias.
Igualmente toca fuentes de escapes de los ciudadanos, como la exención de los impuestos para las compra por internet de los 200 dólares.
Daña, afecta, golpea, agrede fuertemente la economía popular y de las clases medias. Y esto tiene un costo político que es necesario entender. Lo que vendrá con esta reforma no beneficiará al país, y más si se trata de apenas captar el 1.3% del PIB, cuando en realidad se necesita el 3% del PIB.
El gobierno está obligado a buscar opciones diferentes a las que ha escogido. Alguien con sensibilidad social y política tiene que poner su punta de vista, y ayudar a los funcionarios a evitar una catástrofe política al gobierno.