El retiro del gobierno dominicano de su propuesta de modernización fiscal, hace dos semanas, representó un golpe fuerte a los proyectos elaborados por el equipo oficial para enfrentar temas como la baja inversión pública, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y modernización de la Policía Nacional, y otros planes que configuran un concepto más amplio de crecimiento y camino al desarrollo.
La propuesta se elaboró y se presentó en medio de un hermetismo poco recomendable para una propuesta de modernización que abarcaba a tantos sectores. Recayó la mayor responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, pero involucró a la presidencia de la República y al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
El ex ministro de Economía, Isidoro Santana, con bastante razón escribió que el retiro de la propuesta era un error mayor que el cometido al presentarla. Y que las consecuencias serían terribles para el futuro, porque habría que hacer una reforma forzosamente, y para contener una gran crisis como consecuencia del endeudamiento, la insostenibilidad fiscal y la baja inversión pública.
Hace falta que el presidente y su gobierno se restablezcan del momento crítico, y retomen la reforma fiscal desde una perspectiva menos lesiva para los sectores populares, sin incluir IVA a los alimentos, sin tocar el IPI y los impuestos a los sectores más lesionados tradicionalmente.
El país necesita una reforma fiscal. Casi todos los sectores han coincidido en esa necesidad. El problema de la propuesta oficial es que abarcó demasiado sectores, y no hizo énfasis en reducir la evasión fiscal, que supera los 600 mil millones de pesos, tanto del ITBIS como el Impuesto Sobre la Renta.
La propuesta que se presentó era muy condescendiente con los poderosos, con los ricos tradicionales, y cargaba el peso de las nuevas recaudaciones en los sectores de clase media y baja.
Una de las cosas que el gobierno, al retomar la reforma debería considerar, es la contratación de uno o varios expertos mundiales en temas fiscales. Otra es la posibilidad de requerir el apoyo del BID, el Banco Mundial, el FMI o de las Naciones Unidas. CEPAL, por ejemplo, podría ser un referente de apoyo.
Habría que buscar en el país los recursos humanos que tienen mayor experiencia, y que conocen a todo el mundo en cada sector, para lograr reducir los canales de evasión fiscal. E incorporar a algunas de esas personas, independientemente de la posición política que tengan, solo considerando su calidad y experiencia técnica. Nada de ello lesiona la capacidad y consistencia de las autoridades. Y no se trata de dejar fuera a Hacienda, o Economía, o a la DGII o a la DGA, como elementos oficiales que pudieran aportar.
La idea es que no se pierda la oportunidad. La presión fiscal del país es reducida, mucho más que la mayoría de los países de la región. El énfasis tiene que se colocado en la contribución de los más ricos. las exenciones no hay que eliminarlas completamente, pero puede comenzar por un reducción porcentual y establecer una etapa de finalización.
Otra idea que ponemos sobre la mesa es que el gobierno designe comisiones de negociación, sobre la base de la vieja propuesta ya retirada, para establecer acuerdos con sectores empresariales e industriales: Turismo, zonas franca, energía, comercio, exportaciones, construcciones, alcoholes y tabaco, movilidad, y que los funcionarios y ministros de cada ramo encabecen las conversaciones para la consecución de acuerdos que puedan ser llevados a un consejo de gobierno. Y que de allí salga una propuesta de reforma fiscal mínimamente consensuada.
El presidente Luis Abinader no debe cerrarse a la posibilidad de retomar la reforma fiscal. En el mensaje que ofreció a mediados de octubre, fue honesto, sincero y explícito. El país necesita una reforma fiscal. Lo que se debe cambiar es el sector sobre quién se carga más el aumento de las recaudaciones.