El pasado jueves el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó el Consejo de Ministros y Directores, y al concluir, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ofreció un resumen de los resultados del encuentro.
Una cosa quedó clara: El gobierno trabaja una propuesta de reforma fiscal, que se pondrá en marcha en los próximos días, y se aprobarán otras iniciativas de reformas que el gobierno ha mantenido en su carpeta, sin poder ponerlas en marcha, entre ellas la reforma de la seguridad social, los cambios en el código laboral, que verán la luz en el cuatrienio que se inicia en agosto próximo.
Se trabaja en una estrategia de comunicación para presentar las reformas y convencer al país de la utilidad y beneficios de las mismas.
Por el tono de la declaración, y la contundencia de la afirmación de que habrá reformas, luce que hay un cambio de actitud en el gobierno respecto de la forma de llevar a cabo las reformas. Y eso incluye, y si no es así, debía incluirla, la reforma de la Constitución de la República para consolidar por esa vía la independencia del Ministerio Público, y poner el candado al tema de la reelección presidencial, que sea como está y no pueda moverse sin un gran consenso social, no manipulado ni dependiendo del estado de ánimo de quien gobierne, como ha ocurrido varias veces en este siglo.
El presidente quería consenso con los partidos políticos, pero eso parece haber salido de la programación oficial, porque tanto Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana han sido claros, respecto de su rechazo de todo cuanto emprenda el gobierno.
Y es su derecho, como corresponde a los partidos de oposición. Hacer política sobre la base del rechazo de lo que proponga el que gobierne, sin importar si es grato o ingrato. La cuestión se explica por la incesante búsqueda de capital político. Vivimos en democracia y el gobierno debe acogerse a ese ánimo, y el consenso de busque con los que deseen cooperar.
Por ejemplo, el sector empresarial es muy importante, porque es el activo mayor de la economía y porque ya su sindicato más representativo, ha dicho que desea dialogar y ha plantado el tipo de reforma que desea. Con ese sector hay que dialogar y escuchar los detalles de sus recomendaciones.
Igualmente con la asociación que reúne a las empresas de inversión extranjera, con la Cámara Americana de Comercio, con la Asociación de Industrias, con las empresas productoras de ron, con los comerciantes y asociaciones de supermercados, con las universidades, las iglesias, las entidades no gubernamentales, con los investigadores y Think tanks en materia económica, como CREES o la Fundación Economía y Desarrollo, con los exportadores. Hay tantas organizaciones con las cuales dialogar, ajustar y ponerse de acuerdo, que en materia política el gobierno necesita especialmente del aval de su partido y de las fuerzas aliadas que le acompañaron en el proceso electoral. El mayor consenso político lo produjo el proceso electoral del 19 de mayo, y si se necesitara más aval, habría que recurrir a las elecciones municipales de febrero.
Un consenso más de allá del que se pueda lograr con las entidades señaladas, que requieren y necesitan el diálogo, no sería posible. Además, los partidos políticos opositores se encuentran concentrados en sus procesos internos de renovación, lo cual resulta altamente positivo para el sistema democrático dominicano.
Celebremos que habrá reformas y que éstas serán con el consenso de los actores sociales y económicos, y no con un consenso político, que no es posible alcanzar, por la propia naturaleza de los partidos políticos y por los resabios que se mantienen sobre los resultados de las recientes elecciones.