En Lima, capital de Perú, es el lugar donde la Organización de Estados Americanos aprobó, el 11 de septiembre de 2001, la Carta Democrática Interamericana, el instrumento que se dio la entidad hemisférica para defender los sistemas democráticos cuando se encontraban en serio peligro. La misma ciudad, este miércoles 7 de diciembre de 2022, ha retornado al escenario internacional, ahora como preocupación por la manera en que se descalabra un gobierno electo democrática y mayoritariamente por la sociedad peruana, en segunda vuelta, el 6 de junio de 2021.
El presidente Pedro Castillo, electo por el movimiento Perú Libre, acaba de ser destituido por el congreso peruano, por supuesta incapacidad moral para ejercer la presidencia de su país, y en su lugar, sustituyendo una elección general, los congresistas designaron a la señora Dina Boluarte, como presidenta interina, para organizar nuevas elecciones. Castillo hizo un intento de salvar su ejercicio y cometió el error de decretar la disolución del Congreso peruano antes de que se votara su destitución. Las dos acciones además de generar confusión, condujeron al apresamiento del presidente constitucional del Perú, quien desde el inicio de su administración tuvo muy poco apoyo político.
Los congresistas peruanos llevaron a cabo tres procesos de destitución del presidente Castillo. La forma de trabajo del mandatario, su incapacidad para realizar diálogos y concertar, más su insólita pasión de llevar un sombrero campesino todo el tiempo en los actos oficiales, fueron deteriorando su influencia. Castillo tuvo que cambiar varias veces de gabinete, la renunciaron ministros importantes, y el congreso lo acorraló tantas veces que se vio obligado a poner en marcha políticas típicamente de derecha para evitar su catalogación como izquierdista y comunista, por su antigua pertenencia al sindicato de maestros y al Partido Comunista del Perú.
Además de la defensa de la soberanía y la democracia, la Carta Democrática Interamericana sostiene en su artículo 20 lo siguiente: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha realizado un llamado a los sectores enfrentados en Perú al diálogo, al tiempo que definió la disolución del Congreso como una alteración del orden constitucional. Está claro que es poco lo que podría hacer la OEA, si ya el Congreso que destituyó a Pedro Castillo designó a su sucesora, aparte de que mantiene bajo prisión al presidente destituido.
En marzo del 2018 el presidente Pedro Pablo Kucynski fue obligado a renunciar, y fue sustituido por el embajador peruano en Canadá, Martín Vizcarra fue destituido fue destituido el 9 de noviembre del 2020 por el Congreso peruano, supuestamente, “por incapacidad moral para gobernar”. El Congreso que destituyó a Vizcarra designó al presidente del legislativo, Manuel Merino, como presidente interino del país. Apenas consiguió gobernar 5 días, y fue sustituido por Francisco Sagasti, quien prometió un gobierno de transición y emergencia.
Se organizaron elecciones presidenciales que fueron ganadas por Pedro Castillo, en segunda vuelta, frente a Keiko Fujimori.
El 28 de julio de 2021 asumió Pedro Castillo. Tuvo un gobierno marcado por las controversias. En realidad era un outsider que llegó a esa posición por la inestabilidad de todo el sistema de partidos peruano.
La nueva presidenta, primera vez en la historia que una mujer ejerce la posición de presidenta en Perú, Dina Boluarte, es abogada y hay mucha incertidumbre sobre sus posibilidades de permanecer hasta que haya nuevas elecciones.
El récord lo sigue llevando Perú, con seis presidentes en cinco años. La duda sigue pendiente sobre las posibilidades de que la Carta Democrática Interamericana pueda ser utilizada como instrumento válido para ayudar a Perú a reencontrarse con un sistema con algo de estabilidad. El camino que lleva invita a repensar esa Constitución que incluye la declaratoria de incapacidad moral para gobernar como argumento para destituir a un presidente de la República, electo por votación universal de los peruanos. Con una constitución así no hay gobernante que sobreviva un período completo.