El presidente Luis Abinader tiene por delante serios desafíos. Ha propuesto, tan pronto ganó las elecciones de mayo pasado, una serie de reformas que coinciden con legislaciones existentes,  como la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que desde ya tienen la oposición de los partidos adversarios.

El primer desafío del presidente Luis Abinader es formar gobierno para el próximo período, ahora con la experiencia que le han dado cuatro años de ejercicio del poder, y teniendo gran conocimiento del funcionamiento del aparato del Estado. El presidente sabe qué departamento funciona y cuál no funciona. Conoce a los funcionarios y tiene que contar con el liderazgo del PRM, que le ayudó a ganar las elecciones. Tiene el Congreso Nacional y cuenta con la mayoría de los ayuntamientos.

Formar gobierno será una de las tareas más complejas. Se sabe que muchas de las presiones que recibirá el presidente serán por los que están que desean quedarse donde están, independientemente de su eficacia o su falta de destreza, habilidad o decisión. Esa ambición chocará con el plan del presidente de acelerar las reformas que desea poner en marcha.

El presidente ha dicho que no aspira a mantenerse en el poder después del 2028, como manda la Constitución. Por tanto, podrá ejercer el poder, con gratitud por el trabajo político de los que se fajaron, pero poniendo por delante el legado que dejará al país desde su segundo mandato presidencial. 

Los objetivos de transformación de la sociedad dominicana están por delante de cualquier compromiso político partidario. Y hacer los cambios el partido que le apoya recibirá los beneficios del ejercicio gubernamental. En esa dirección el presidente deberá conformar un gabinete que responda a sus planes de transformación, que ya sabemos será duplicar el PIB en poco tiempo, triplicar el salario, reducir la pobreza y colocar al país en el terreno de los países desarrollados.

Otro desafío tiene que ver con la velocidad que el presidente quiera asumir para poner en marcha los cambios. Eso implicará debates con sectores económicos y sociales del país. En el ámbito político el presidente debe prescindir de la búsqueda de acuerdos, porque los principales partidos opositores desde temprano han expresado su rechazo a cualquier reforma constitucional, institucional, fiscal o de cualquier índole que tenga factura de la administración del PRM.

Una forma de acelerar las reformas es colocarlas en manos del Congreso Nacional, y que ese sea el escenario donde se produzcan todos los debates. Previamente, antes de depositarlos al Congreso, el gobierno pudiera consultar -sólo consultar- sobre la naturaleza de las medidas a poner en manos del Congreso con ciertos sectores que no estén amargados ni decepcionados por cuestiones políticas y electorales.

El presidente tiene que hacer valer su criterio sobre la institucionalidad democrática y sobre el aseguramiento del modelo presidencial que quedó establecido en 2015, ya sea mediante el establecimiento del plebiscito o cualquier otro mecanismo legal que dificulte cualquier cambio a ese modelo en los próximos años. Igual sobre la delicada cuestión de la independencia del Ministerio Público, que es una justa y eficiente medida para sacar el juzgamiento y castigo de los funcionarios que delinquen del ámbito político y electoral.

Entendemos que estos factores son un seguro para la sociedad dominicana del futuro, y que con ello el presidente Abinader estaría colocando piezas sostenibles y claras como zapatas de la nueva democracia e institucionalidad dominicanas.