Quedó instalado como nuevo presidente del Tribunal Constitucional el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, así como los nuevos miembros de esa alta corte recientemente designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los nuevos jueces, además del presidente Estévez Lavandier, son Fidias Aristy Payano, Sonia Argentina Díaz Ynoa Army Esperanza Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
Como jurisconsultos, profesionales con muy calificada formación, y personalidades bien informadas, saben de las grandes expectativas que ha creado su designación e instalación, que estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
De ellos se espera, junto a los demás magistrados que continúan en el TC, decisiones justas, basadas y sustentadas en la Constitución, no en amarres ni triquiñuelas de intereses particulares, políticos, empresariales, que han rondado y siguen rondando ese organismo para obtener favores y ventajas no necesariamente apegadas a lo que manda la carta magna, sino a monopolios y controles de sectores de la economía en los que desean seguir obteniendo ganancias.
Las ganancias en buena lid son justas, y hay que apoyarlas, pero hay que impedir el secuestro de entidades como el Tribunal Constitucional. Muchas instancias políticas, y hasta religiosas, desean torcer el derecho y lo que manda la Constitución para que se impongan al colectivo decisiones ventajosas que no estipula ni promueve la carta sustantiva del país.
Es una batalla fuerte, que no ocurre solamente en la República Dominicana. En todos los países, y en democracia, se instalan grupos económicos, lobistas políticos, con la clara vocación de tener las instancias públicas fundamentales como escudo para defender sus intereses, imponer sus ventajas irregulares y asaltar la necesaria igualdad y competitividad que promueve la Constitución.
Ese es el gran desafío del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, de sus nuevos jueces, y del conjunto de magistrados que han vivido y siguen viviendo presiones, sonsacas, impulsos para retorcer los contenidos de la Constitución. Y no solamente pasa en el TC, también ocurre en los tribunales menores y en la Suprema Corte de Justicia.
Ese es también el gran desafío de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Es un desafío importante para el gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha apostado con firmeza al no querer políticos en las altas cortes, pero que tampoco desea representantes de grupos corporativos en ellas como voceros de intereses particulares.
Apostamos por un Tribunal Constitucional que no busque revanchas, que no promueva deshacer lo bien que ya se ha hecho, sino construir una nueva historia con el cambio en su Presidencia y que el doctor Napoleón Estévez Lavandier entre en la historia de la judicatura constitucional con el pie firma y ético de la independencia y no como muñeco de intereses particulares, que al final todo el mundo termina conociendo.