El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de ofrecer un ejemplo de una actuación política responsable y que procura esclarecer, tanto como sea posible, la responsabilidad de los políticos haitianos en la crisis en que se encuentra ese país.
Pocas veces hemos encontrado un político con tanta responsabilidad para poner a la comunidad internacional en condiciones de identificar a los gestores de las bandas criminales de Haití.
Trudeau habló en el marco de una reunión con los países de habla francesa en Túnez, luego de finalizada la cumbre del G20. Trudeau se reunió con sus homólogos de los países miembros y gobiernos de la Francofonía, con el propósito de impulsar el logro de prioridades comunes como la protección de la democracia y los derechos humanos. Y allí habló de Haití, nuestro vecino fronterizo, que sigue provocando tantos problemas en la comunidad internacional.
Para el caso especifico de Haiti, Trudeau anunció una serie de medidas, con la asignación de pequeños montos, con el propósito de promover la democracia en Haití. Aquí parte del comunicado del gobierno de Canadá:
Al margen de la Cumbre, el Primer Ministro y la Ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, convocaron a los estados miembros y gobiernos de la OIF a una reunión enfocada en la situación en Haití y la necesidad de reaccionar ante ella para ayudar a la autoridades haitianas para restablecer el orden y satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas de los haitianos. Durante la reunión, anunció los siguientes fondos:
- $8 millones para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis, ya sea por desplazamiento, violencia, inseguridad alimentaria crónica o el reciente brote de cólera;
- $5 millones para fortalecer la capacidad de las autoridades haitianas para investigar, enjuiciar y adjudicar casos de corrupción y delitos económicos, lavado de dinero y delitos conexos;
- $3,5 millones para fortalecer y mejorar el acceso a la asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género, para apoyar el fortalecimiento del acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción.
Además, Trudeau y la Ministra Joly anunciaron que Canadá está imponiendo nuevas sanciones en respuesta al vergonzoso comportamiento de las élites políticas haitianas que brindan apoyo financiero y operativo ilícito a las bandas armadas. Estas últimas sanciones apuntan a un ex presidente de Haití y dos ex primeros ministros de Haití sospechosos de proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas en el país, incluso a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción, congelando así como cualquier propiedad que puedan mantener en Canadá. Continuaremos presionando a los responsables de la violencia y la inseguridad en Haití y defendiendo los derechos humanos, la democracia y la paz internacional.
El ex presidente sancionado es Michel Martelly y los ex primeros ministros vinculados con las bandas delincuenciales son los señores Laurent Lamothe y Jean Henry Céant.
Con estos tres nombres, ya suman ocho los políticos y legisladores haitianos relacionados con las bandas que han desestabilizado Haití.
Canadá los identifica como financiadores de las las bandas y grupos armados que aterrorizan Haití. Las sanciones incluyen congelación de los activos que estos políticos tienen en Canadá, tanto financieros como inmobiliarios, e impedimento de entrada en ese país.
El sábado 19 de noviembre la ministra de Exteriores de Canadá reveló los nombres de otros políticos, conocidos e identificados con los grupos armados delincuenciales: Gary Bodeau, Rony Celestin y Hervé Foucand. Los primeros que habían sido sancionados por Canadá son el actual presidente del Senado, Joseph Lambert, y su predecesor, Youri Latortue.
La decisión del gobierno canadiense coloca a Estados Unidos en dirección de seguir sus pasos. Estados Unidos ha estado poniendo atención en otros temas, pero no termina de dar el paso de aplicar sanciones directamente a los responsables, como de seguro ya los ha identificado, y tiene en su poder los datos de que dispone Canadá, y sería imperdonable que se guarde esas informaciones y no aplique sanciones a los políticos y empresarios haitianos que tienen responsabilidad en este gravísima crisis.
La República Dominicana, que ya cuenta con empresarios y políticos haitianos con propiedades y recursos invertidos en nuestro país, podría convenirle identificar esas fortunas y los nombres detrás de ellas, para aplicar sanciones responsables a quienes apoyan y se escudan en las bandas criminales haitianas.