El contexto es complejo: Haití, el vecino que comparte la isla con República Dominicana, arrastra una crisis política y económica crónica, que data desde la caída de la dictadura de los Duvalier, a mediados de los años ochenta del pasado siglo, con breves períodos de estabilidad.
Además de los problemas políticos, con golpes de Estado, magnicidio, dominio territorial de las bandas criminales e intervenciones extranjeras, Haití ha sufrido dos terrenos entre 2010 y 2022, además de inundaciones y huracanes.
La inestabilidad hizo colapsar la economía de Haití, lo que provocó pérdida de empleos y aumento de la pobreza. En esas circunstancias los haitianos han optado por migrar por cualquier vía. Millones de haitianos viven fuera de su territorio.
República Dominicana es el país que ha recibido el mayor número de inmigrantes haitianos desde el año 2010. Los haitianos trabajan en territorio dominicano como obreros agrícolas, de la construcción, en los servicios domésticos y en los negocios informales, como la venta de frutas.
Durante años, sectores conservadores de República Dominicana han presionado y exigido a los distintos gobiernos que deporten a los haitianos y que impidan que puedan regresar o que ingresen nuevos inmigrantes.
Lo más aconsejable para República Dominicana sería diligenciar el acompañamiento de observadores dominicanos e internacionales que sirvan de veedores en el proceso de detención, depuración y deportación de los indocumentados.
El presente gobierno ha tenido entre sus prioridades en política exterior pedir a la comunidad internacional que acuda en auxilio de Haití, para lograr la estabilidad de ese país y que vuelva a la normalidad. Tal pedido apenas ha sido escuchado. Las grandes potencias, como Estados Unidos y Francia, apenas han movido un dedo para ayudar a los haitianos.
El presidente Luis Abinader, ante la agudización de la crisis en Haití y las presiones de los grupos ultraderechistas, optó por endurecer la política migratoria ordenando que se deporten cada semana por lo menos diez mil haitianos indocumentados. Hasta la fecha se habla de 27 mil haitianos deportados.
Como era de esperarse, tanto el gobierno de Haití, a través de su cancillería, como organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, han empezado a criticar al gobierno dominicano.
De igual manera, han surgido las denuncias de abusos a los inmigrantes detenidos y violaciones a sus derechos. Y, ciertamente, hay casos escandalosos de maltratos, como la separación de niños de los padres, el encierro de niños junto a los adultos, el hacinamiento en los vehículos-prisiones, entre otros.
Ya que el gobierno dominicano, tal como ha dejado claro el canciller Roberto Álvarez, no detendrá las deportaciones masivas, lo más aconsejable para República Dominicana sería diligenciar el acompañamiento de observadores dominicanos e internacionales que sirvan de veedores en el proceso de detención, depuración y deportación de los indocumentados.
Sería una manera de bajar las tensiones y enfrentar las críticas internacionales, además de prevenir posibles sanciones.