La invasión de Ucrania por parte de Rusia, y la relatividad de la soberanía nacional cuando se trata de acuerdos o arreglos con potencias mundiales, es apenas uno de los elementos a tomar en cuenta por el Tribunal Constitucional para conocer y aprobar, como se pretende este miércoles, el llamado acuerdo de Preclearence con los Estados Unidos, para que sus oficiales de migración, aduanales y de otras áreas operen en el país, y autoricen la entrada a territorio norteamericano de ciudadanos que utilicen el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Los argumentos que se utilizan son los relacionados con el turismo, pues supuestamente ese acuerdo serviría para aumentar el número de turistas norteamericanos que llegarían a la República Dominicana, porque se trataría de un “viaje interno” que harían al venir a la República Dominicana a través de Punta Cana.
Los riesgos a los que se expone la República Dominicana son muy altos. Estados Unidos tiene interés en alejar de sus fronteras, y de sus puertos y aeropuertos, los riesgos del terrorismo internacional, las armas químicas, las drogas y muchas otras actividades ilícitas que pudieran ocurrir por vía de un aeropuerto.
Acento ha publicado entrevistas y reportajes sobre este delicado tema. La pasada semana el ministro de Turismo, David Collado, además de informar que el país había recuperado el 100 por ciento del turismo perdido con el Covid-19, también necesitaba el acuerdo de operar extraterritorialmente plateado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese acuerdo fue firmado por el gobierno de Danilo Medina, y hasta el momento nadie puede asegurar que la entregada de la soberanía dominicana a Estados Unidos vaya a representar un aumento del flujo turístico norteamericano.
Cierto, como ha escrito el abogado Enrique de Marchena la pasada semana, que el prechequeo representa un atractivo. Tal vez lo sea como negocio para el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que por cierto es un negocio privado escogido por Estados Unidos para ser el lugar donde se establezcan los controladores migratorios y de otras áreas de los Estados Unidos.
De Marchena sostuvo que “el país pueda iniciar con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC), la implementación del pre-chequeo es un gran paso. Permitirá hacer los ajustes procedimentales y de servicios necesarios desde el aeropuerto en el país con mayor flujo de pasajeros de los Estados Unidos de América, y de paso abriríamos la oportunidad de extender el tratamiento preferencial a otros aeropuertos”. Eso no se podría sostener, porque la decisión es exclusiva de los Estados Unidos, y en asunto de soberanía Estados Unidos no negocia esas decisiones con ningún país. Por las mismas razones los españoles decidieron que la oferta era un regalo envenenado.
Katia Miguelina Jiménez fue muy clara cuando habló con Acento sobre los riesgos que este acuerdo representa para la seguridad y la soberanía dominicanas. Nada que ver con el turismo, dejó dicho desde el principio.
Bastaría visitar Wikipedia para enterarnos que la pre-autorización, pre-chequeo, preclearance (en inglés) no surge para beneficiar el turismo, sino que se trata de un programa de los Estados Unidos con el propósito de establecer instalaciones de autorización previa, realizar operaciones de autorización previa o proporcionar servicios de aduanas fuera de los Estados Unidos de América, para prevenirse de los terroristas, instrumentos terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso a los Estados Unidos”.
Del tema también hablaron Wilson Gómez, Jottin Cury, Olivo Rodríguez Huertas y Servio Tulio Castaños, en una serie de reportaje cuestionados por Simón Suárez, del Grupo Puntacana. Aquí el acceso a esos reportajes.
Los jueces del Tribunal Constitucional tienen la responsabilidad de volver a tratar este asunto, que en el pasado fue rechazado en varias ocasiones. Los promotores del acuerdo se han preparado para tener jueces favorables a su proyecto económico. Si los jueces lo permiten será su responsabilidad, y serán ellos los que tengan que responden cuando el país se encuentre maniatado a un acuerdo del que no obtiene ningún beneficio, pese a que entrega parte de su soberanía territorial a los norteamericanos.