Nadie debe extrañarse de que los legisladores, sin importar el partido al que pertenecen y al que dicen representar en las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados, se nieguen a renunciar a los privilegios que con el tiempo se han ido aprobando en favor de los congresistas.
Claro, legislan en su propio beneficio, lo que en cualquier sistema con transparencia estaría prohibido. Nuestros legisladores tienen privilegios altamente lesivos para la igualdad que dicen promover a través de leyes y demás disposiciones que aprueban, como la recién promulgada nueva Constitución de la República.
Nuestra Constitución establece, en su artículo 140, sobre la Administración Pública, que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos…”, pero ya sabemos que nuestros legisladores se tienen asignadas exoneraciones de dos vehículos de alto performance por período, asignación de fondos para el clientelismo político, popularmente llamado barrilito y cofrecito, seguridad social especial para el congreso, clubes sociales privados para, pasaportes oficiales, y pagos de bonos por asistencia, además de comisiones por participar en comisiones de estudios, y por celebraciones especiales, como las madres y otros días festivos.
El gobierno está necesitando reducir costos, y para ello ha dispuestos el cierre de instituciones, la unificación o fusiones de ministerios y aprobó una ley de responsabilidad fiscal que obliga a las autoridades a sacrificios mayores en relación con la administración de los recursos públicos.
El sector privado se ha negado a pagar nuevos impuestos y quienes evaden, sin decirlo, actúan y trabajan en función de que se mantengan los privilegios y huecos que posibilitan una evasión fiscal que se considera muy alta, próxima a los 400 mil millones de pesos por año. La propuesta oficial de modernización fiscal fue retirada, porque la protesta fue colectiva, y tocaba a todo el mundo. Y nadie quiere pagar más impuestos de los que paga.
Tampoco los partidos políticos quieren que les reduzcan el financiamiento público anual a esas organizaciones. Son miles de millones de pesos, y más en períodos electorales. Los partidos también se niegan a que se hable de eliminar el financiamiento oficial a la actividad política, que es privada pero se encamina a lo publico, al control del Estado.
Se habla mucho de los privilegios de los legisladores, y es cierto que resulta enojoso el privilegio establecido. La contraparte de esos privilegios es que para alcanzar una posición en el Senado o en la Cámara de Diputados se requiere una alta inversión monetaria. Una parte viene del Estado, y otra parte viene de donaciones privadas y de los fondos propios de los candidatos.
Se requiere de 50, 100 y hasta 200 millones de pesos para lograr una posición exitosa, dependiendo de la provincia p municipio en que se promueva la candidatura. Municipios y provincias pequeñas en población, requieren menos dinero de promoción y clientelismo. Pero si son más grande como el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, el monto a invertir es muy alto.
¿Recuperar los legisladores lo que invierten para alcanzar una posición en el Congreso Nacional? Si es con los salarios que reciben, está claramente evidenciado que no logran recuperar la inversión. Si lograrían algo con los beneficios que tienen por cuatro años, o por ocho años, con los beneficios odiosos que reciben, y con cualquier otro tipo de transacción que hagan. Las versiones siguen siendo parte de la percepción pública y popular: Hay legisladores y grupos de legisladores que negocian, cobran o reciben beneficios por determinadas decisiones, en manos del Congreso.
Existen datos sobre estos temas. El conjunto de los beneficios odiosos que reciben los legisladores podrían superar los 1,200 millones de pesos por año. Hay que suponer que muchos aspectos quedan en la oscuridad y ese cálculo resulta siempre sospechoso.
Y qué decir sobre el beneficio que corresponde, por ejemplo, a los productores, directores y negociantes que han cultivado y modelado las ventajas de la ley de cine, que alcanzan beneficios superiores a los 9,000 millones de pesos por año. Claro, habrá quien diga que la ley de cine genera empleos, promueve el país, y produce incluso impacto sobre el turismo.
En caso de eliminar beneficios odiosos, usted, de tomar una decisión, para racionalizar los fondos del Estado, por cuál medida se inclinaría: ¿Eliminar los beneficios a los legisladores o quitar los beneficios a los que enriquecen con la ley de dice, a costa del dinero público, que se entrega como subvención?