Hoy concluye la labor de Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional, y también concluye la presencia de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto del presidente, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, y Justo Pedro Castellanos Khoury.
Desde la creación de ese Tribunal Constitucional, como una alta corte separada de la Suprema Corte de Justicia, hasta hoy han transcurrido 12 años, y en ese período se han tomado buenas decisiones, y se ha plantado cara al Poder Ejecutivo en algunos asuntos, como como a los demás poderes del Estado, especialmente a la Suprema Corte de Justicia, y se han tomado algunas decisiones desacertadas, cuestionables, desestabilizadoras, negadoras de derechos, y han colocado al país en extrema situación de riesgo, como ocurrió con la sentencia 168-13, negando el derecho a miles de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, y como sigue ocurriendo con la decisión 256-14, que supuestamente desestimó el mecanismo de adhesión dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Digamos que, en materia de derechos hay buenas y malas decisiones. El Tribunal Constitucional es una realidad, y tiene que seguir jugando un rol vital para el mantenimiento del Estado democrático y de derechos que somos como sociedad y como país.
El derecho a la libre empresa es fundamental. Es uno de los derechos esenciales en una sociedad donde la propiedad privada aporta el 85 % del Producto Interno Bruto. Ese derecho, combinado con la inversión extranjera y la libertad de inversión de los grupos empresariales privados no puede ser puesto en tela de juicio.
El monopolio es una de las aberraciones más dañinas y perniciosas de las sociedades modernas. Grupos políticos, empresariales, y hasta el propio Estado se guardan para sí el derecho de explotar en exclusiva un negocio, un área de servicios, podrían ser la hecatombe en cualquier sociedad. Tienen otro componente: corrompen las estructuras judiciales destinadas a garantizar la igualdad de todos los ciudadanos para incursionar en las actividades y negocios que deseen.
El artículo 50 de la Constitución de la República es muy claro. Puede ser interpretado. Cualquier interpretación estrambótica, como las que se ven en estos días puede servir para justificar la ruptura de la Constitución.
Ya veremos qué hace el Tribunal Constitución que se instalará este jueves 28 de diciembre, sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional puede ser manipulado, como hemos visto que ocurre con frecuencia con los mecanismos de la democracia que tanto se empeñan en garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos:
“Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.”