Cuando se informó que la magistrada Miriam Germán Brito sería la Procuradora General de la República, por decisión del presidente Luis Abinader, la mayoría de la ciudadanía acogió la buena nueva con alegría y entusiasmo.
Al mismo tiempo hubo advertencias sobre la necesidad de renovar el Ministerio Público. Aunque estaba claro que no se haría en su totalidad, porque no se podría excluir a quienes se hallaban en áreas de trabajo al amparo de la carrera que establece la ley, por más que entre éstos se hallasen personas no confiables.
Lo que advertían esas voces sensatas era que quedarían dentro del complejo aparato burocrático y técnico del Ministerio Público personas carentes de integridad, permeadas por años de malas prácticas, tanto al servicio de pasadas gestiones como para su propio beneficio.
Es lo que suele ocurrir cuando algún funcionario civil o militar ordena a sus subalternos cumplir órdenes que violan la ley, el subalterno termina haciendo de esa práctica un negocio personal.
A ese tejido mafioso se le ha golpeado y herido en la presente gestión de la Procuraduría General de la República, pero no quiere decir que esté eliminado por completo
Es de justicia decir que la venta de información interna y la "desaparición", "extravío" o "borradura" de expediente no es algo nuevo. Se recuerdan, por ejemplo, los escándalos de "extravío" de expedientes en los dos últimos gobiernos del presidente Joaquín Balaguer.
Fue durante los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina cuando el problema de la corrupción hizo tocar fondo a la institucionalidad.
Y esa práctica sucia no se iba a eliminar de manera automática con el cambio de la cabeza del Ministerio Público. Solo hay que recordar las filtraciones de información sensible a personas sometidas a investigación y a sus abogados. Algunos de esos investigados trataron de huir del país.
Se trata de un lucrativo negocio. Al mismo tiempo hablamos de una pata de la estructura de corrupción que se expandió por la administración pública. A ese tejido mafioso se le ha golpeado y herido en la presente gestión de la Procuraduría General de la República, pero no quiere decir que esté eliminado por completo: es un monstruo de siete cabezas, y aferra a la vida.
Es necesario detectar cada ramificación de esa red mafiosa, y cortarla de raíz. De lo contrario, las autoridades íntegras que lideran el Ministerio Público continuarán librando la batalla contra la corrupción y la impunidad con un peligroso enemigo interno.