La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) facilita las inversiones en la medida que identifica y estudia leyes, normas, resoluciones y reglamentos que cursan en instituciones estatales para contribuir a eliminar barreras que afectan la libre y leal competencia y desincentivan a los agentes económicos.
Así lo plantea la presidenta del consejo directivo del órgano autónomo y descentralizado del Estado, María Elena Vásquez.
Observa que el primer paso de un inversionista extranjero o un emprendedor local es analizar cuáles son los requisitos para invertir su capital en el país. Y agrega que si hay obstáculos jurídicos a la participación igualitaria en el mercado, se desincentiva.
Entrevistada en el televisual Puntos Encontrados, que produce y realiza Leandro Pérez, los domingos en la noche por el canal 25, la funcionaria y maestra universitaria se refiere al valor de la educación como herramienta fundamental para la transformación.
A su juicio, se trata de un instrumento fundamental para disuadir sobre la tentación de cometer acciones contrarias a libre y leal competencia entre los operadores del mercado.
Destaca que ha dedicado el primer año de su gestión de cinco, sobre todo, a la labor de abogacía con el objetivo de lograr que todos los sectores de la sociedad comprendan los beneficios de la participación igualitaria de los agentes económicos.
De acuerdo a Vásquez, las funciones de abogacía y defensa de la competencia que realiza la institución, por mandato de la Ley General de Defensa de la Competencia 42 de 2008, impactan positivamente en los consumidores y usuarios.
En su opinión, ganan los agentes económicos porque participan bajo reglas claras y pueden innovar para producir más y competir. E indirectamente, los usuarios y consumidores acceden a productos de más calidad y a mejores precios.
Asegura que, al evitar y perseguir prácticas comerciales anticompetitivas, Procompetencia logra que los operadores participen en igualdad de condiciones, lo cual –enfatiza- favorece a los demandantes de los productos.
Puntualiza que, como maestra, desde su llegada a la institución en noviembre de 2022, ha enfatizado en la abogacía de la competencia para que la ciudadanía conozca cuáles son las prácticas anticompetitivas.
Preguntada por Pérez, la funcionaria describió la estructura sui generis (Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva) y las funciones de Procompetencia consignadas en la 42-08, y las acciones de su gestión para construir una cultura de libre y leal competencia con predominio de la ley de oferta y demanda y acceso de la gente a productos de más calidad y a mejores precios.