En la República Dominicana el sistema de pensiones y el de cuentas individuales en particular, “adolecen de severos problemas” y cuenta con una tasa de reemplazo más baja de la región.
Así lo indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su informe Pensiones de capitalización individual en América Latina: Efectos, reformas, impacto del COVID-19 y propuestas de política, publicado en julio.
La tasa de reemplazo del sistema general dominicano según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el 2010 era de 22,8% y 27% por un estudio académico en 2020, aproximadamente de la mitad del mínimo de 45% establecido por la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
| Tasa de reemplazo o de sustitución hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del individuo. Es decir, la cantidad que cobrará como pensión una persona, en comparación con el último sueldo. |
El informe sostiene que el sistema de pensiones dominicano es muy fragmentado, con múltiples programas separados del general: funcionarios estatales, de entidades autónomas y descentralizadas, la mayoría de los funcionarios de los municipios, los del Banco Central y del Banco de Reservas, las fuerzas armadas y la policía nacional, la judicatura, los legisladores, los profesores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los antiguos empleados del disuelto Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS) y los médicos.
Indica que la mayoría de estos programas tienen cobertura universal, así como condiciones de acceso y prestaciones más generosas que el sistema general, y están desequilibrados actuarialmente a pesar de que reciben fuertes subsidios fiscales.
Baja cobertura
La cobertura de la población económicamente activa (PEA) por pensiones contributivas en 2017 era de 38%, quedando entre las cinco más bajas de los diez países con sistemas privados o que mantienen capitalización individual.
La cobertura de la población adulta mayor, según tabulaciones realizadas por la Cepal de la Encuesta de Hogar, era de 16% por pensiones contributivas en 2019, la menor entre Bolivia, Uruguay, Chile, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Perú y El Salvador, porque es el único que no ha implementado la pensión no contributiva (ordenada por la ley de reforma estructural que entró en vigor en 2003).
Ambas coberturas, según el informe, eran inferiores al 50% mínimo establecido por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y que por el contrario, el Poder Ejecutivo ha concedido numerosas pensiones no contributivas “meritorias” en el sector público.
En cuanto a los afiliados, indica que la proporción de los contribuyentes activos decreció de 66% en 2003 a 46% en 2019 y el 50% de los asegurados aporta por debajo del salario mínimo.
“El sistema privado está exento de solidaridad social y de igualdad de género, y el Estado no ha tomado medidas para mejorar estos principios como han hecho otros países; la fragmentación del sistema y la baja cobertura son factores adversos adicionales”.