La reforma fiscal que propondrá el gobierno del presidente Luis Abinader está en proceso, pero su definición ya se logró en las esferas oficiales, con el objetivo de endurecer el combate a la evasión y lograr un aumento de las recaudaciones entre un 1.5 y un 1.7 por ciento del PIB.
De lograrse esa meta, el Estado obtendría ingresos adicionales que variarían entre los 115 mil millones de pesos y los 130 mil millones, y con la reingeneriería que se logre al aplicarla se estima que podría llegar hasta un 2% por ciento del PIB. Las autoridades se han propuesto obtener ambos objetivos sin generar grandes preocupaciones a los actores del sector privado.
Habrá variación en las exenciones fiscales, en particular en el sector turismo, en la ley de inversión en la zona fronteriza, leyes como la de cine y las facilidades a los combustibles serán impactados, pero podrían aplicar tratamientos especiales, de modo que el sacrificio fiscal del gobierno sea menos oneroso y en el país se comience a entender que los incentivos no son eternos, deben aplicar en sectores que a su vez logren objetivos y funcionen para la estrategia de crecimiento y reducción de las desigualdades.
Es la versión que se tiene desde el gobierno, y que ha sido explicada -de forma confidencial- a un pequeño grupo de ejecutivos periodísticos por funcionarios del área de comunicación del oficialismo.
El gobierno tiene la certeza de que no habrá consenso, y de que vendrán las quejas y reclamos, pero se explicó que el primer gran sacrificio lo ha aportado el gobierno aprobando una ley de responsabilidad fiscal, que es desde ya una camisa de fuerza para el gobierno en relación al gasto público y la parte presupuestaria de las instituciones del Estado.
A partir de esta la Ley Nº 35-24, promulgada en agosto pasado, se congela el presupuesto de una gran parte de instituciones, en otros casos reduce el presupuesto, y en apenas tres entidades los montos aumentan, para responden a necesidades y urgencias sociales relevantes. Se dijo que esta ley representa una disciplina para las cuentas del gobierno. En este sentido es que también se aplicará la medida de reducir instituciones del Estado, fusionarlas con otras entidades y eliminar departamentos.
Eso es parte del aporte del gobierno con motivo de la reforma fiscal en discusión, que podría llegar en los próximos días al conocimiento público y sería entregada al Congreso Nacional para su debate y aprobación.
La intención de las autoridades es mostrar el interés en la reducción y eficiencia del gasto público, aplicar reformas en los incentivos, eliminando muchos de ellos que dejaron de ser importantes, impactar positivamente a los hogares y lograr que el sector privado acoja las nuevas reglas, relacionadas con el pago de los impuestos. No habrá contemplación y se espera que no haya ventajas políticas, y las empresas y grupos con evasión serán sometidas a la justicia y se les aplicará la ley de lavado de activos. Serán muchos los casos que se ventilarán públicamente, ha dicho un ejecutivo del gobierno.
La reforma es necesaria para atender las demandas de los servicios básicos de la sociedad dominicana, para evitar que la deuda pública siga creciendo y para capitalizar el Banco Central, con el tema del déficit cuasi fiscal.
Otros sectores que serán atendidos con la bonanza que se desprenda de las medidas serán la atención primaria, la seguridad ciudadana, el transporte masivo, los acueductos y alcantarillados y la gestión de los desechos sólidos.
Cuando se analiza el gasto público de la República Dominicana, en comparación con muchos otros países, se puede ver que el dominicano es uno de los más bajo del mundo. El promedio del gasto público de América Latina es del 27.8% del PIB, y en el caso dominicano es de apenas 19.3% del PIB.
Sólo Haití, Guatemala, Venezuela y Costa Rica tienen un gasto público más bajo que la República Dominicana. El gobierno reconoce que debe mejorar sus ingresos y por esa vía apoyar a los sectores más empobrecidos, sin que ello represente un aumento de la deuda pública, que se encuentra en un 56.6% del PIB, igual al 2020.
El manejo que el gobierno está haciendo se sustenta en que el país tiene un problema de ingresos, no de deuda, y por ello hay que elevar las recaudaciones, reducir la evasión y la ilusión fiscales, y hacer más eficiente el sistema tributario, que cuenta con leyes que hay que darle coherencia.
En el sistema tributario proliferan leyes de incentivos y exenciones generalizadas, del ITBIS, por ejemplo, y de productos y servicios.
También se aplica un tratamiento preferencial a personas físicas y profesionales, que son lesivos y contradictorios con la igualdad y la equidad en la cuestión fiscal. En el país se tiene la percepción de que toda actividad productiva o de servicio requiere exenciones. Y todo el entramado legal ha desfavorecido la recaudación proveniente de personas físicas, hay baja recaudación de los impuestos al patrimonio de inmuebles, y hasta los grandes conciertos están exentos del pago del ITEBIS porque se trata de “actividades culturales”.
En fin, que el gobierno está convencido, tiene las pruebas, de que la evasión fiscal es muy alta y que las distorsiones son también parte del problema de los bajos ingresos del Estado.
Los fideicomisos privados, por ejemplo, no pagan impuestos, pero los públicos sí los pagan. Entidades privadas, con grandes ganancias, reportan bajas ganancias o pérdidas, y los congresistas se imponen exenciones, aplican métodos para aumentar las ventajas para sus campañas políticas, y que eso sería revisado en su momento, no ahora.
El gobierno no va a renunciar a cobrar los impuestos, sino que reforzará las acciones públicas para alcanzar metas y reducir la evasión, pese a que está consciente de que es por la vía del gasto público por donde estimulará la economía.
Los recursos que se obtengan en la reforma fiscal se pondrán al servicio de las necesidades de la población, en el siguiente nivel:
Seguridad ciudadana en cuatro años recibirá 52,170 millones de pesos. La PN incluirá 15,000 policías más
El transporte recibirá en 5 años 176,358 millones de pesos.
La salud pública recibirá anualmente 10,870 millones de pesos.
La protección social recibirá anualmente 5,670 millones de pesos.
Agua y saneamiento recibirá en 8 años 178,966 millones de pesos.
El BC recibirá anualmente por capitalización 22,233 millones de pesos.
El sector eléctrico, sometido a reforma, recibirá anualmente 18,000 millones de pesos. Este sector anualmente requiere entre 300 y 400 millones de dólares.
Los ejes de la reforma implican que se recaudará para promover y eficientizar la promoción social, para aumentar la inversión pública, y esto será posible aplicando reglas claras e iguales para todos, persiguiendo a los que no acepten ese proceder.
Hay ejemplos que aplican en situaciones como estas, de las reglas claras e iguales: Si un colmado se gana 1 millón de pesos, tiene que pagar impuestos sobre esa ganancia. Si un hotel gana lo mismo, está exento del pago de los impuestos. Esto tiene que terminar. La otra distorsión es que un hotel establecido en la Abraham Lincoln tiene una exención fiscal de 15 años, y cualquier otro negocio carece de ese beneficio. No puede ser, fue la expresión del relator.
Sobre la relación entre el porcentaje del ITBIS o IVA y la evasión, no siempre es como se dice, que a menor tasa aumentan los ingresos y el pago de los tributos.
Se dijo que México tiene un IVA de un 16% y tiene una evasión del 51%
República Dominicana un IVA de 18% y tiene una evasión del 47%
Chile tiene un IVA del 19% y una evasión del 25%
Uruguay tiene un IVA de 22% y una evasión del 22%.
Eso quiere decir que es necesario modernizar y eficiencia el sistema tributario. Se ampliará la base impositiva y se reducirá la informalidad.
El otro dato que se ofreció, sin ampliar las explicaciones, es que el anticipo para personas físicas será eliminado y se orientará a las pequeñas empresas para que no acumulen para final del año, porque eso podría representar riesgos. Se les dará un tratamiento especial a las microempresas.
Eso está dentro del proyecto de simplificar el régimen tributario y aumentar la eficiencia, aumentando también la progresividad y la equidad del sistema.
Algunas de las medidas, muy pocos, siguen en observación y discusión, y el consenso del gobierno es que la reforma tiene que trascender a las anteriores, para mover un poco la cultura fiscal del país.