Los incentivos fiscales otorgados a las empresas de las zonas fronterizas, no han tenido el impacto económico y social establecido en la Ley de Desarrollo Fronterizo 28-01.
Así lo plantea el estudio “Impacto de Ayudas Estatales desde la Perspectiva de la Competencia: El caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo”, presentado por la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (ProCompetencia), con una evaluación comparativa de las empresas de las zonas fronterizas y en otras provincias acogidas al régimen de desarrollo fronterizo desde el 2005 al 2019.
El estudio indica que en los 17 años de aplicación de la Ley, se han aprobado cerca de 500 proyectos y solo un poco más del 20 % se encuentra en operación.
“Ese hecho refleja una decisión deliberada, probablemente motivada por la intención delimitar la caridad de entidades beneficiarias y, en consecuencia, el volumen de gasto tributario por parte del gobierno”, señala el estudio.
Los resultados del estudio fueron presentados por el director ejecutivo del Grupo de Consultaría Pareto (GC Pareto), Rolando Guzmán, quien explicó que la iniciativa de desarrollo fronterizo tiene un bajo nivel de atractivo para el sector empresarial como un todo, dada la ausencia de acciones complementarias que permitan adecuar el entorno a las necesidades operacionales de las empresas.
Guzmán resaltó en el documento que, de acuerdo a informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), existen 118 empresas acogidas al régimen especial de desarrollo fronterizo, de las cuales 107 tuvieron operaciones en 2019, pero las publicaciones del Consejo Coordinador del Desarrollo Fronterizo (CCDF), solo reportan 79 empresas.
“Esto lleva a la presunción de qué existen varias empresas que podrían estar recibiendo ayudas estatales, sin estar formalmente registradas ante el organismo coordinador de la ley de incentivos regionales”, expresó el Guzmán.
Otra de las incidencia que arroja el estudio, es que la mayor parte de las empresas beneficiarias, se concentra en monte Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.
Empleos
En cuánto a la generación de empleos, el estudio destaca que las empresas acogidos al régimen fronterizo que esperaban el 2019 generaban alrededor de 7924 empleos, representaban 26.9% de todos los empleos formales en la zona fronteriza, alcanzando alrededor de 29,372.
Monte Cristi y Santiago Rodríguez emplearon cerca de 84% de los empleos en las empresas consideradas, mientras que Independencia y Bahoruco con los menores porcentajes.
Para ese mismo año, las empresas del régimen de desarrollo fronterizo pagaron un total de 2,025.8 millones en salario, que representan 69.0 % de los salarios pagados por las empresas formales de la región y 83 % del total de salarios que pagaron las empresas la región acogidas a regímenes especiales.
En cuanto a los ingresos de las empresas acogidos a la Ley 28-01 alcanzaron 24,248.9 millones de pesos, que representan 62.14 % de los ingresos de empresas formales en la región fronteriza y 80.32 % de los ingresos alcanzados por las empresas acogidas a regímenes especiales.
En ese año, las empresas del régimen fronterizo tenían activos por un monto de 26,476.6 millones de pesos, que equivalían a 73.4 % de las ventas de las empresas formales en las provincias de la frontera Y 84.97 % de los ingresos acumulados por empresas de la zona acogidas a regímenes especiales.
Los resultados del estudio fueron presentados en el auditorio de la biblioteca de la Universidad Católica de Santo Domingo, con la participación de la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez; así como funcionarios, economistas y autoridades de la zona fronteriza.
