A agosto de 2024, las pérdidas totales acumuladas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron el 44.5 %. Es decir, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) de energía comprada perdieron el equivalente a 45 GWh.
De acuerdo con el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenible (Crees), esto equivale a US$ 864 millones solo por pérdidas de energía comprada y no cobrada a los usuarios. Estos datos fueron compartidos en el último informe de desempeño elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.
"A agosto de 2024, las EDE compraron 13,442.5 GWh. De ese monto, 5,153.5 GWh no pudieron ser facturados; por lo tanto, representaron energía perdida. El cociente de los dos valores anteriores representó una pérdida equivalente a 38.3 %", sostiene el Crees.
Por otro lado, explica que en este período, las EDE cobraron 7,781.2 GWh de los 8,288.9 GWh facturados, lo que arroja una diferencia de 507.8 GWh de energía no cobrada, equivalente a un 6.1 %. La suma de ambos porcentajes representa el 44.5 % de pérdidas totales a agosto de 2024.
El Crees recordó que, según la Ley de Presupuesto 2024, en principio se contemplaban unas transferencias a las EDE de RD$ 86,844.8 millones, sin embargo, a mediados de año este monto fue aumentado a RD$ 92,844.8 millones. Este monto equivale a US$ 1,552 millones.
"Si lo comparamos con el déficit público presupuestado para 2024, que se ubica en RD$ 231,312.1 millones, las pérdidas de las EDE representan el 40.14 % de dicho monto", puntualiza.
Hasta octubre, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Presupuesto, se ejecutaron RD$ 76,316.7 millones.
Indicó que, por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 propone que las EDE reciban transferencias por RD$ 83,360.7 millones, lo que representa un 5.6 % del gasto total del gobierno central.
"Aunque este monto puede estar subvaluado debido a que no se vislumbra un plan efectivo de reducción de pérdidas en el corto plazo y a los posibles incrementos en los precios de las materias primas energéticas. Esto evidencia la continuidad en el uso de fondos públicos para cubrir la ineficiencia de las empresas distribuidoras, imponiendo una carga significativa sobre las finanzas del Estado y resaltando la necesidad de una reforma integral".