La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios, INC. (ANIMPA) manifiestó su preocupación por la reciente aprobación en el Senado de una reforma a la Ley 255-20. Afirman que la medida podría generar un impacto negativo en las agroindustrias y el sector productivo nacional, afectando su competitividad y sostenibilidad económica.
La Ley 255-20, promulgada en octubre de 2020, fue creada para garantizar la gestión eficiente de los residuos sólidos en República Dominicana. Su objetivo es fomentar el reciclaje, la reducción de desechos y el coprocesamiento, avanzando hacia un modelo sostenible y de economía circular, con beneficios ambientales y generación de empleo verde.
Las enmiendas propuestas incluyen incrementos de hasta un 3,750% en la contribución especial. ANIMPA advirtió que estos aumentos podrían limitar la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales para sostener empleos, erosionando su competitividad y dificultando su contribución al crecimiento económico del país.
"Cualquier reforma debe incluir la participación de sectores productivos como las agroindustrias, el comercio y las micro, pequeñas y medianas empresas. También deben considerarse entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado Sostenible. Excluir estos actores podría aumentar costos y limitar la competitividad empresarial", sostienen en un comunicado
ANIMPA destacó que la Ley 255-20 fue fruto de un consenso público-privado diseñado para promover la sostenibilidad. "Antes de implementar reformas, es fundamental garantizar la aplicación completa de las disposiciones pendientes y equilibrar las necesidades ambientales con las realidades económicas de los sectores productivos".
La asociación instó a la Cámara de Diputados a asegurar un proceso transparente y participativo en cualquier modificación. "Incluir a las agroindustrias y otros sectores económicos es esencial para desarrollar una normativa que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía nacional".
Reiteró su compromiso de promover el crecimiento empresarial, la sostenibilidad ambiental y un marco regulatorio equilibrado. "Continuaremos abogando por un diálogo abierto y constructivo en beneficio de todos los sectores productivos del país".