La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, admitió que las constantes denuncias de estafas inmobiliarias están afectando las ventas en el sector de la construcción de viviendas.
“Otro aspecto que no ha estado afectando en los últimos tiempos, afectando las ventas del sector, tiene que ver con esta percepción de que hay más estafas inmobiliarias que crea inseguridad, que yo podría desmitificar, porque la realidad es que no representa al sector”, apuntó.
Explicó que existen 40,400 viviendas en proceso de ofertas vendidas, en ventas u ofertas futuras, y de las más de 40 mil que existen en el Gran Santo Domingo "cuántas estafas hemos tenido. Son muy dolorosas, pero no representan a los promotores tradicionales del sector, pero son cientos versus 50 mil; por eso es que tenemos que tener en cuenta que las estafas no son representativas en el sector de construcción y desarrollo de viviendas".
Dijo que hay que averiguar cómo está la permisología del proyecto, si el solar pertenece al mismo promotor que va a ejecutar el proyecto o si tiene un financiamiento aprobado.
“Tiene mucho que ver con la competencia en el mercado. No nos dejemos engañar, si una vivienda en el mercado su precio ronda los US$ 100,000, y a usted le ofrecen una en US$ 50,000, con algunas amenidades que es imposible de lograr, como una playa cercana a un sitio donde no hay playa cerca, tómese en consideración que la oferta sea real”, recomendó la experta.
Mano de obra
Al sector de la construcción le han afectado las repatriaciones desorganizadas que hacen las autoridades, pese a que cumplen con el porcentaje de 80-20 que exige la ley en cuanto a la contratación de mano de obra extranjera, explicó la presidenta de Acoprovi.
“Las políticas de repatriaciones que ha habido en los últimos meses nos ha afectado, porque si se hace de manera desorganizada, sin prever que existe una mano de obra que se necesita y que está trabajando, que podría estar legal, porque cumple con el 80/20, se desorganiza y se afecta el sector”, advirtió.
Meléndez dijo que si se toma la cantidad de empleos formales que genera el sector, cuya cifra asciende a los 435,000 trabajadores, y se aplica el 20 %, por lo que establece la ley del 80-20, esto implica que necesitan 87,000 permisos de trabajo para los obreros haitianos que laboran en esa industria.
“Deberíamos tener 87,000 permisos de trabajo de extranjeros para el sector de la construcción, y para que eso suceda debemos flexibilizar, o al menos actualizar hasta lo posible los requisitos para obtener esos permisos”, sugirió.