El candidato presidencial, Luis Abinader, llegó al poder en 2020 con una economía cerrada. Buscaba incrementar la inversión en el país que proviene del estado, otorgar subsidios temporales y facilidades crediticias para incentivar el consumo de los adultos.
En su primera gestión presidencial, el jefe de Estado consideró realizar una reforma fiscal para hacer frente a la crisis económica, donde los sectores empresariales y sociedad civil se opusieron a su ejecución.
A cuatro años de la propuesta, a tres meses de que asuma su segundo mandato, y a 12 años de ejecutarse la última reforma fiscal, economistas indican que este período presidencial estará marcado por una eventual y necesaria reforma tributaria.
De hecho, este medio de comunicación consultó a expertos en materia fiscal antes de las elecciones presidenciales y afirmaron que República Dominicana necesita una reforma fiscal que aborde ejes como la eficiencia del gasto público, aumentar los ingresos de las entidades recaudadoras como Impuestos Internos, Tesorería y Aduanas.
De acuerdo con el experto en finanzas, Jesús Geraldo Martínez, uno de los principales retos económicos más significativos que enfrentará el presidente tras su reelección es la gestión de la deuda pública, encontrar el equilibrio entre reducir el déficit fiscal y continuar con el gasto público, la diversificación de la economía nacional y el fomento de un crecimiento sostenible.
“La modernización y diversificación de la economía es esencial para reducir la dependencia del turismo y sectores tradicionales, promoviendo la inversión en áreas como tecnología e industria manufacturera”, sostuvo. De hecho, acotó que se requiere una mayor inversión en áreas de tecnología e innovación para mejorar la competitividad del sector agrícola y aumentar su productividad en aras de garantizar la seguridad alimentaria de la población a precios asequibles.
En el actual contexto económico, donde el producto interno bruto (PIB) dominicano crecerá a una tasa de un 5 %, la inflación se mantiene dentro del rango meta del Banco Central (BCRD) y los ingresos fiscales presentan ligeras mejoras, Geraldo Martínez afirmó que se deberá buscar un equilibrio sostenible.
“El presidente deberá encontrar un equilibrio entre reducir el déficit fiscal y continuar con las inversiones en infraestructura y servicios públicos esenciales, para lo cual será necesario una reforma fiscal integral que no afecte a la población de medianos y bajos ingresos”, aseguró.
Mientras, el decano de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, expresó que inició el cronómetro regresivo para perfilar las reformas que requiere el país.
“Si nosotros partimos de las reformas que son prioritarias, la primera que habrá que comenzar a trabajar, consensuar y presentar a la comunidad nacional es la fiscal, porque depende también de otras reformas”, refirió.
Citó que es la única manera es que el Estado decida desmontar “falencias en situaciones estructurales que por años afectan la economía dominicana”, además, agregó que el incremento de los ingresos fiscales tendría un efecto positivo en la estabilización de la deuda pública en mediano y largo plazo.
“El Estado dominicano cada vez más está dedicando más recursos al pago de intereses y está afectando incluso en la misma capacidad de incrementar la inversión pública, que este año posiblemente se esté pagando alrededor de 3.6.% del producto interno bruto en pago de intereses”, agregó.
Los economistas concordaron que la política fiscal juega un papel significativo en múltiples aspectos económicos, sociales y del desarrollo humano. Esto se debe a los efectos e impactos que pueden beneficiar o perjudicar el bienestar de las familias, las empresas y las relaciones con otras economías.
“Tenemos el reto de fomentar el crecimiento sostenible, reducir el desempleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, implementando políticas que amplíen el acceso a servicios financieros y promuevan una distribución más equitativa de la riqueza, especialmente en las áreas rurales y entre las poblaciones más vulnerables”, consideró Geraldo Martínez.