La transición energética en República Dominicana se perfila como una prioridad para lograr la descarbonización del país, impulsada por políticas gubernamentales, la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la presión del cambio climático.
Con metas para 2030, el país busca diversificar su matriz energética, priorizando las fuentes limpias como la solar y la eólica, pero enfrenta retos de financiamiento y de infraestructura para garantizar un acceso universal a la electricidad.
De hecho, el Objetivo 7 de la Agenda 2030 hace énfasis en que los Gobiernos deben garantizar el acceso a energía limpia y asequible, eje estratégico para el desarrollo de sectores productivos como agricultura, educación, salud y transporte.
República Dominicana no está eximida de este cambio de panorama. Con el Plan Energético Nacional se busca contar el 25 % de la matriz energética procedente de las energías “limpias”, porcentaje que aumentará a 40 % para la década del 2040, y de esta forma disminuir su dependencia de los combustibles fósiles.
El informe del Monitor Energético, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) destacó que el sol tiene una penetración del 8.3 %, seguido del viento con 2.3 %. Tanto la biomasa y el agua reportan participación menor que el 1 % a 2023.
Sin embargo, ofrece proyecciones para la década del 2030: los paneles solares tendrán un crecimiento de 5.6 %, 3.7 % de las biomasa y 2 % eólica. En menor porcentaje, 1 % la hidroeléctrica.
La diplomacia energética es una herramienta para la promoción y protección de los intereses nacionales y regionales, debido a que la transición hacia fuentes de energías renovables “no solo es una necesidad climática”, sino una oportunidad para reducir las brechas socioeconómicas, debido a que solo el 98.4 % de la población dominicana tiene acceso a energía eléctrica o tendido público a 2018, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
A nivel estatal, la cifra es de 2,690,203 usuarios o clientes conectados a las distribuidoras de Edesur, Edenorte y Edeeste, al cierre del 2023, conforme las estadísticas de la ONE. De esta cantidad, 2,378,849 usuarios se catalogan como residencial, 279,236 comerciales y 14,140 como Gobierno. En menor cantidad, industrial (13,067) y ayuntamiento (4,913).
Para el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para lograr una transición energética justa e inclusiva en la región se requiere de la cooperación y el intercambio de conocimientos y tecnologías desde los organismos multilaterales.
No obstante, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, resaltó que República Dominicana tiene una posición decidida en términos de cambiar su matriz energética y disminuir su dependencia a los combustibles fósiles, que solo en 2023 le costó al Estado US$ 5,046.9 millones, de acuerdo con el Banco Central dominicano (BC).
Almonte afirmó que garantizar la seguridad energética es una situación prioritaria para República Dominicana, “dada nuestra dependencia a la importación de combustibles fósiles”. El funcionario explicó que el país carece de suficiente energía renovable para contener los imprevistos en los mercados internacionales, haciendo énfasis a los conflictos geopolíticos, el alza de los precios del barril de petróleo y el aumento de los costos de los fletes.
El Banco Mundial señaló que la transición a las energías renovables podría ahorrar unos US$ 5,800 millones en costos de combustibles fósiles, compensando los US$ 4,600 millones de inversión en energía renovable requerida.
Además, el organismo multilateral hace un panorama más optimista: generaría empleos directos de hasta 160,000 puestos a 2050.
Consideró que la transición no puede alejarse del campo de la seguridad si lo que realmente se busca es paliar las necesidades de los países de la región. “La transición es un imperativo y su impulso equilibrado con decisiones que refuerzan la seguridad, casi una razón de Estado”, afirmó.
A 2023, la capacidad instalada es de 5,498.8 mw, con una disponibilidad real promedio de 3,703 mw y generación de 23,912.5 gwh, de acuerdo con estadísticas del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Financiamiento, clave para ampliar la penetración de las fuentes energéticas
Para garantizar acceso universal a electricidad asequible en 2030, es necesario invertir en fuentes de energía solar, eólica, biomasa y térmica. Ampliar las infraestructuras y mejorar la tecnología para suministrar energía limpia en todos los países en desarrollo son objetivos cruciales que contribuyen tanto al desarrollo económico como al cuidado del planeta Tierra.
El proceso de transformación en la matriz energética nacional enfrenta desafíos. Se requiere un financiamiento de US$ 3,000 millones para ampliar la generación de renovables y afianzar la seguridad jurídica para captar nuevas inversiones.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que se necesita instalar 1,500 megavatios de fuentes limpias, inversión que “hará en mayor parte el sector privado”.
“La instalación de fuentes solares, eólicas y de biomasa requiere grandes inversiones”, afirmó. El titular de Energía y Minas aseguró que “se trabaja” para alcanzar la meta del 25 % en 2025 y el 30 % en el 2030, metas planteadas en el Plan Energético Nacional 2022-2036.
Planteó que Quisqueya necesita altos volúmenes de financiamiento que fortalezcan el sistema de regulación institucional, y de esa forma garantizar que las inversiones sean sostenibles a largo plazo.
“Los sistemas eléctricos que se desarrollen en todo el territorio nacional deben tener un sentido de inclusión, que aborden el tema de expansión de la electrificación de los sectores suburbanos y rurales de nuestra economía”, sostuvo a ACENTO.
The Sustainable Development Goals Report 2023 señala que para cumplir con el Objetivo 7 y el Acuerdo de París (2016) es necesario la promulgación de políticas públicas para ampliar tanto las energías renovables como el interés de inversión público-privada, con énfasis en los países en vía de desarrollo.
En el país existe la Ley 57-07 de Incentivo a las energías renovables y regímenes especiales, debido a que el Estado ve en la expansión de estas energéticas oportunidades de desarrollo. “Desde el Gobierno buscamos que la matriz de generación use el gas natural como combustible de transición y que el país dependa cada vez menos de los derivados directos del petróleo”, dijo.
Además, citó que los proyectos renovables como el complejo eléctrico de Manzanillo, en Montecristi, “se gestan” desde el empresariado, acción que permitirá un mayor abastecimiento de la demanda energética dominicana.
Destacó que la expansión de las renovables a través de la interconexión de fuentes eólica y solar fotovoltaica, basados en 26 proyectos que continúan avanzando en su construcción.
Además, este renglón va más allá. El Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) establece que entre 2021 y 2023, el capital extranjero a este sector alcanzó US$ 1,858.5 millones.
Descarbonizar con miras al transporte
El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Andrés Rebolledo, indicó que el principal desafío es avanzar la descarbonización a otros sectores, no solo el renglón eléctrico, sino que el transporte e industria. “Estos renglones todavía en materia de la matriz utilizan fuentes fósiles, siendo el petróleo muy importante en su funcionamiento”.
Durante la sexta reunión de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), el ejecutivo indicó que si bien la región está comprometida en avanzar en una segunda fase hacia la descarbonización, en la transición energética se debe hacer un esfuerzo en la movilidad sostenible.
“En el sector transporte hay que incorporar nuevos combustibles, como los esfuerzos en hidrógeno verde o sintéticos, nuestra región tiene claramente un liderazgo comprometido con el mundo y lo distingue en materia de transformación”, explicó.
Dijo que la incorporación de vehículos eléctricos tanto en el sector privado como en el público, requieren un desarrollo tecnológico para que la electromovilidad sea más costo efectivo su incorporación.
Esto se avala en la legislación 103-13 que promueve incentivos a la importación de energía limpia. Unos 18,890 vehículos eléctricos registrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que transitan por las calles dominicanas acogidos a la ley, a 2023.
“La transformación del sector eléctrico es un esfuerzo sistémico que requiere más fuente de generación limpia, pero también requiere reforzar la transmisión y distribución eléctrica”, comentó el representante de la Olade.
El Caribe, en miras de la transformación de la matriz energética enfrentado al cambio climático
De acuerdo con la vicepresidente de la República, Raquel Peña, los países tienen un mayor interés en la transición energética por la incidencia en el desarrollo y crecimiento del país.
Además de ser una economía basada en servicios y con una pujante industria turística, la región del Caribe, por su gran cantidad de recursos naturales renovables y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, hacen que los gobiernos apuesten en proyectos de producción de energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica.
“En el Caribe, la naturaleza nos brinda una amplia diversidad de fuentes de energía renovable, por lo que es nuestra responsabilidad aprovechar la generosidad y construir un mundo donde la energía sea abundante, accesible y respetuosa con nuestro hogar”, comentó la funcionaria.
Sin embargo, la región del Caribe se enfrenta cada vez a eventos atmosféricos cada vez más fuertes, destructivos y prolongados como sequías, inundaciones y terremotos. El Ministerio de Hacienda, en su informe de Riesgos Fiscales, señala que las inundaciones entre 2016-2017 le costaron al país US$ 862 millones, el huracán María (2017) unos US$ 75 millones e Isaías (2020) de US$ 187 millones.
Desde 2000 hasta 2019, el país fue impactado por 180 fenómenos y las autoridades públicas estiman que estos eventos representan el 0.7 % del producto interno bruto (PIB) nacional al año. Si bien parece una cifra mínima, estos daños directos afectan a sectores productivos clave para la economía nacional como agropecuaria y turismo.
El Banco Mundial estimó que la economía global requiere de US$ 1.5 billones para invertir en la resiliencia climática cada año. Con los efectos del cambio climático que inciden en la producción y afectan a la población vulnerable de una nación, la vicepresidente de República Dominicana, Raquel Peña indicó que las fuentes renovables mejoran la calidad del aire, mitigan los efectos de la naturaleza y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Ante esta situación, durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido vista por sus necesidades de financiamiento y de inversión”, comentó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
Sin embargo, los demás países necesitan a la región por su potencial de solución a desafíos globales como el cambio climático, es decir, por albergar la selva amazónica, brindar seguridad alimentaria y ofrecer energía limpia.
“Con las inversiones adecuadas, podríamos estar en el centro de los esfuerzos para proteger la biodiversidad del mundo, proporcionar energía limpia y aliviar la inseguridad alimentaria mundial”, consideró.
El gerente general de BID Invest, James Scriven, “Podríamos ayudar a producir más energía limpia, haciendo más proyectos como los que tiene BID Invest en República Dominicana para financiar la generación de energía limpia, apoyando la meta del país de que el 30% de su energía provenga de fuentes limpias para el 2030”, comentó.
Pero todos estos esfuerzos de políticas energéticas se desarrollan desde el 2012, con la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece que el Gobierno para la década del 2030 debe tener una capacidad instalada de fuentes renovables de 30 %.
La transición hacia las energías renovables es esencial para República Dominicana y la región del Caribe, no solo como una respuesta a la crisis climática, sino también como una oportunidad para fortalecer la seguridad energética, promover el desarrollo económico y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
De hecho, la sostenibilidad y la descarbonización es vista por el sector empresarial que apuesta por la generación eléctrica de energía no convencional. Por ejemplo, EGE Haina tiene una capacidad total de 1,229 MW, de esta cantidad, el viento aporta 183.3 MW, el sol unos 291.5, gas natural con 415.2 MW y el carbón es de 51.9 MW. Esta Empresa se destaca por las inversiones de los parques eólicos Larimar 1 y 2, Los Cocos 1 y 2, los parques solares de Girasol, Esperanza y Sajoma.
Energas registra una capacidad instalada de 300 MW, y desde su conversión a gas natural ha logrado reducir en 400,000 toneladas métricas las emisiones de dióxido de carbono.
En el caso del Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), distribuye y comercializa energía eléctrica al 65 % de la oferta hotelera de República Dominicana.
AES Dominicana cuenta con proyectos para impulsar el crecimiento de energías renovables. Durante el año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó US$ 368 millones a la empresa para la construcción y operación de tres proyectos que agregaran 240 MW de capacidad instalada.
En noviembre del 2023, Energía Natural Dominicana (Enadom) puso en marcha el depósito de gas natural licuado con un almacenamiento de 120,000 metros cúbicos.
A pesar de los desafíos en cuanto a financiamiento y la necesidad de una infraestructura robusta, el país ha establecido metas ambiciosas para aumentar la participación de energías limpias en su matriz energética.
La cooperación internacional, el impulso de políticas públicas y la inversión en tecnologías sostenibles son claves para lograr una transición energética inclusiva y eficiente que beneficie tanto al medio ambiente como a la población, particularmente en áreas rurales y suburbanas.